SITUACIÓN AMBIENTAL ARGENTINA

SALTO GRANDE - Cambio a cota 36

El conflicto social

La comisión técnica mixta Salto Grande, realiza una evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a la época (los ´70) sin hacer el trabajo de consulta a las personas, directamente afectadas, solo consideró que los beneficios vendrían del ahorro de combustibles para generar energía, de una supuesta navegación sobre el río, de riego y seguramente se consultó a algunos sectores y especialmente a técnicos. Además informó tan equivocadamente a los ribereños que muchos creían que el "lago" iba a funcionar como una especie de pileta gigante de natación, con un nivel casi estable. Eso es lo que relatan muchos de los que se acuerdan de lo que le decían cuando venían con 'los papeles' para firmar la expropiación, las discusiones pasaron casi exclusivamente por el precio de la tierra, hubo algunos que no firmaron al primer ofrecimiento y llegaron a acuerdo extrajudiciales por montos mucho mas altos que los ofrecimientos iniciales oficiales otros (caso Dalzoto) se llegó a Juicio de Expropiación y el monto se elevó mas de lo ofrecido.
La Comisión de Ribereños nace con la inquietud de correntinos y entrerrianos, en 1975, para saber como iban a ser las expropiaciones y pelear un poco los precios de las hectáreas a inundar. Así se conformó una Comisión, que puede considerarse como la primitiva Asociación ribereños río Uruguay que estaba integrada entre otros por el Padre Avesia de la Villa del Rosario; por Juan Miguel Crocce, intendente de Mocoretá; Adelino Tisoco y otros distinguidos vecinos y campesinos ribereños.
Hubo luego una segunda etapa de los 80 y 90 con ribereños entrerrianos y correntinos de Mocoretá, donde se distinguieron Víctor Smitarello, Ángel Cometti; Elbio Berta y Hugo Pezarinni y una tercera etapa, la actual, donde se adhirieron ribereños desde Concordia a Monte Caseros. Esta última adhesión se debió a que estaban cansados de las crecientes y a que (importante) los participantes de las etapas anteriores habían cobrado los daños (en esta etapa participa el autor como asesor de los ribereños)

El conflicto social nace inmediatamente al llenado del lago, pero no sale a luz publica porque la represión de la Administración Militar tiene aterrorizados o asociados a los actores sociales, que son en esta caso particular los ribereños del lago y las autoridades de las administraciones municipales que responden al gobierno central por lo que deben hacer dos cosas callar para continuar o renunciar y correr el riesgo de los demás ciudadanos. Para contextualizar hay que recordar frases celebres como la de un Ministro de Argentina "el que no esta con el proceso de reorganización nacional es un subversivo". Así, en ese marco político, se llenó el lago.
La irrupción de la democracia y la creciente de 1983 hace que se comience una nueva etapa de relaciones tanto en Argentina como en el Uruguay. Se abren las puertas a exiliados, como don Ferreira Aldunate y la libertad asoma tímidamente sobre ambas márgenes del río Uruguay. La protesta, que comienza con la llegada a Bella Unión del ribereño Argencio, en bicicleta, porque su auto no arrancó, al ver que su chacra estaba bajo agua otra vez, a visitar a los amigos para decirles que 'algo hay que hacer'. Este simple hecho se trasforma pronto en serie de reuniones donde participan entre otros los asociados a la Cooperativa Azucarera, Conte, Silvia Freitas Piris, los Moraes y de la orilla occidental también la inquietud de los arroceros Elbio Berta, Hugo Pezarinni, Ángel Cometti se hace sentir. Ya han perdido la cosecha 79 y la del 82. Saben que van a seguir perdiendo.

El encuentro se realizó en Bella Unión con ribereños y políticos de ambos países, donde estuvieron presentes entre otros el Senador Sumaran y políticos de la talla de don Ferreira Aldunate. En esas reuniones se definieron las acciones que cada grupo iba a intentar en su país hacerse oír.
Cuando se dice "la protesta" se está hablando de gente pacífica, de trabajo, en general de gente de campo, agricultores o pequeños ganaderos, no protestas ruidosas como las que llegaron después. Esto fue así por dos razones, culturalmente son personas respetuosas de la autoridad constituida y en segundo lugar son pocos. Sus gritos apenas son atendidos. No se escuchan en las asociaciones de Concordia, de Chajarí, de Monte Caseros, ni en clubes de servicios, tomando en cuenta el lado argentino del río.
Cuando vuelve la democracia, llega el imperio del estado de derecho y el poder peticionar a las autoridades. El señor Elbio Berta, propietario de un campo sobre la ribera de la zona de Sáenz Valiente, en Mocoretá Corrientes explicó, que las crecientes se habían llevado las arroceras y el pasto de las praderas, suyos y de sus vecinos. Trataron de hacer contacto con la comisión técnica mixta en la ciudad de Buenos Aires. En esos momentos los funcionarios del Directorio eran de la ciudad de Buenos Aires o de Chancillería. La mayoría no había visto el dique, ni el lago, ni la cara de un inundado. Nadie atendió los reclamos.

En esos días se presentó un Proyecto de resolución que afirmaba "que la honorable cámara de diputados de Corrientes vería con agrado que la comisión técnica mixta Salto Grande atendiera los reclamos de los Ribereños". Este proyecto fue aprobado y girado. Los ribereños afirman que tuvieron suerte al recibir en Chajarí a Víctor Martínez, entonces vicepresidente de la Nación. Lo interesaron en el tema y lograron ser recibidos por el Congreso de la Nación. Coincidiendo con lo hecho en Uruguay, los cuatro Senadores de Entre Ríos y Corrientes (Luis Brasesco, C. Feris, Ricardo Laferrier y Ricardo Leconte) firmaron un proyecto de ley semejante al de Uruguay. La ley uruguaya prosperó, la argentina, lamentablemente, "murió" en Diputados.

La ley Uruguaya 15.845 Establece que los inmuebles afectados por sus crecidas en la zona del embalse de salto grande quedan sujetos a servidumbre administrativa de ocupación temporaria de aguas como se puede ver haciendo click en el botón.

Los ribereños no hicieron mucho para cambiar la situación, un poco porque el río no creció y otro tanto porque estaban desilusionados. Pero las crecientes llegaron y en 1993 se resolvió comenzar de nuevo la lucha. Se volvió a tratar de interesar a las autoridades, se realizó un viaje para entrevistarse con alguna persona "fuerte del gobierno". Se eligió a la Señora Claudia Bello, Secretaria de la Función Pública, porque había sido interventora en Corrientes quien concedió la audiencia. En pocos minutos se explicó la situación. Pidió número de expediente o copia del pedido, lo que no existía. Realmente nunca se había hecho nada por escrito.

Nota al Presidente Menem

La nota se entregó el 29 de junio 93, se caratuló con el número 11101405105 (16 folios). El Dr. Feliz Borgonovo, Secretario de acción de gobierno, lo envió el día 27 de julio al secretario del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Después de muchas idas y venidas en las que se mezclaron discusiones fuertes y charlas amenas, se llegó al ing. Sbarra quien estaba muy influenciado por el staff permanente de la comisión técnica mixta delegación Argentina, que permanentemente negaba toda posibilidad de resarcir daños. Debe mencionarse que ya había pasado el ing. Juan Leguiza por la presidencia de la comisión técnica mixta. De alguna manera la comisión técnica mixta estaba comenzando a reconocer algunas cosas como por ejemplo en el informe asunto da/065/95 del 15/nov/95 se reconoce la no prescripción.
El 5 de diciembre de 1997, en una reunión en la sede social de la comisión técnica mixta, en Concordia, los ribereños decidieron llevar un escribano para hacer un acta de la reunión. La cúpula de la "resistencia" estaba en pleno: el Agr. Julio Truco, el ing. Mendizábal y otros. Se expresaron los ribereños y algunos asesores, sin interrupción de los "grandes" que trataron de hacerlo varias veces durante el análisis de los temas, pero fueron callados por el ing. Sbarra.
El autor explicó en nombre de los ribereños lo que había pasado hasta ese momento haciendo notar que Uruguay había resarcido los daños.
El acta del escribano (protocolo notarial desde número 0708489 hasta 0708491) dice que Sbarra enumera los problemas que afectan la zona, anegamientos, destrucción de cosechas y siembras, disminución de la producción de arroz, entre otros. Luego continua diciendo que los daños están claros, que hay tierra deteriorada y sugiere la posibilidad de evaluar esto con algún organismo como el INTA. Dice que las autoridades de Salto Grande conocen que ha disminuido la producción de arroz en alguna zona por temor a inundaciones, propone elevar informes cualitativos antes de fin de año, aclara que no seria censo cerrado, pero que desea se presenten la mayor cantidad de informes posibles de todas las zonas y ciudades. Indica que le faltan informes de Federación y propone al Tribunal Nacional de Tasaciones. También Mendizábal reconoce que hay daños y que tales problemas se deben a criterios mezquinos al momento de la expropiación o cuando se tenía en cuenta solo la producción de energía y habla de la ley de servidumbre de aguas. También Truco opina en esta reunión que han habido daños, que se deben hacer una evaluación pero que hay actas y registros. Sbarra dice sobre el final que Truco tendrá todo el apoyo necesario para evaluar el daño de las ultimas inundaciones y agrega que la opinión de los técnicos ha cambiado mucho en los últimos años, que se tienen en cuenta diferentes costos para producir energía y que ya no existe el criterio de generar energía a cualquier precio y que hoy se debe tener en cuenta el impacto de una represa en la región. Manifiesta que Salto Grande necesita operar la represa de cierta manera, lo que a veces produce daños que deben tomase como costos de producción y deben ser pagados.
Así terminaba una parte del conflicto social no resuelto por 20 años. Debe reconocerse que un hombre de Entre Ríos tuvo mucho que ver en todo esto y fue el motor silencioso de la reunión con Sbarra: el ing. Hernán Orduna. Había sido vicegobernador de Entre Ríos, ministro de Obras publicas de la misma Provincia y era en esa época el lazo entre la Provincia y la Nación por Salto Grande, porque según los ribereños los directores argentinos habían visto el dique en fotos y a veces ni siquiera eso. Este mismo dirigente también fue el ideólogo de la conocida después como Ley Maya.
La lucha había sido desigual ya que los intendentes de toda la costa no habían aportado ni siquiera lo mínimo a favor de los ribereños, salvo el de Santa Ana, que era empujado por el agua y por el actual presidente municipal, Toller Mario. Los gobernadores, que quizás tendrían miedo de que los Ribereños les hagan juicios a sus administraciones tampoco hicieron nada, salvo unas tímidas notas de Antonio Romero Feris, recordando que el gobierno de Corrientes había firmado el acuerdo de construcción de la represa y su lago con restricciones por sugerencias del ing. Vasallo.
La nota al Presidente Menem, había salido rápidamente de la Rosada, pero comenzó el estancamiento de los sueños de los ribereños por las idas y vueltas, con el agregado de variadas opiniones. Los abogados de la comisión técnica mixta y de Chancillería buscaban una fórmula de la prescripción y adherirse a la ley que decía que el Estado nada les debía a los acreedores que no había pleiteado a una fecha determinada (ley 24447, Art. 25, 26,27).
También se argumentó que se debía ir al Tribunal Arbitral porque los tribunales ordinarios de ambos países podían declararse incompetentes, citándose varias veces el caso FIBRACA, que llego a la Corte de Justicia.

Ver fallo del caso Fibraca Constructora SCA

Pero el sistema republicano tiene sus mecanismos. A los funcionarios argentinos parecía hacérseles difícil de aceptar que se habían cometido equivocaciones, como lo hizo el sector político uruguayo. Prueba de ello es lo ocurrido en la comisión de agricultura y pesca del senado uruguayo, con la presencia de funcionarios de la comisión técnica mixta, sus asesores y de senadores como Zumaran y Batlle, de diferentes partidos políticos. Quien quiera entender mas sobre el tema Salto Grande puede leer la versión taquigráfica de la reunión de esta comisión del día 13 de junio de 1986, distribuido 142/86, con invitados especiales de la comisión técnica mixta, Dr. Pedro Solari, escribano Alberto Beriau, ing. Álvaro Cutinella y los asesores ing. Plinio Spallanzani, Dr. Jorge Freyre, ing. Adolfo Gastaldi y Dr. Carlos Queralto, quienes dieron explicaciones frente a Zumaran, Batlle y otros Senadores del Congreso de Uruguay.

Ver versión taquigráfica de la reunión. Hay en ese diario datos interesantes con explicaciones muy detalladas sobre las curvas de remanso, los cálculos de crecientes de igual magnitud que las anteriores al dique, la inundación sobre línea de ribera, la dificultad de definir una línea de ribera y la necesidad de hacer un estudio para cada propiedad especialmente arriba de San Gregorio.

Es de hacer saber que es muy difícil pleitear contra el Estado, sobre todo si se es un pequeño agricultor de una región lejana a Corrientes, Paraná o Buenos Aires o en el caso de los uruguayos, lejos de Montevideo.
Por las dificultades de hacer un juicio la solución era una ley o un acto administrativo fundado en caso similar que es lo que se logro, primero en Uruguay y luego en Argentina.
El Dr. Pedro Solari había explicado al Senador Zumaran que el artículo 4 del Convenio aprobado el 30 de diciembre de 1946 entre ambos países, aprobado en Uruguay el 13 de agosto de 1958 por Ley 12517 y aprobado en Argentina por ley 13213 el 2 de julio de 1948 dice que "las obras de instalaciones comunes, constituidas principalmente por acceso, las complementarias,, líneas de transmisión, indemnizaciones y expropiaciones a realizar en el territorio de cada país, serán por cuenta de los respectivos gobiernos". Opina que si los argentinos pueden pedir a la comisión técnica mixta que los indemnice por sus tierras a el como uruguayo, no le parecería justo que pague la comisión. El autor coincide pero se explica que además esta el acuerdo de privilegios e inmunidades del 6 de marzo del 1979, que establece que gozan de inmunidades de jurisdicción, salvo para casos especiales donde la comisión técnica mixta renuncie. Por ello la comisión técnica mixta no puede ser demandada, situación que hace sentir desvalidos a quienes la comisión técnica mixta daña o perjudica.
Por otro lado ampliando lo anterior cuando se reglamentó y aprobó en Uruguay por decreto 1035/73 y en Argentina por decreto 789/73 el convenio del 46, se establece el régimen de expropiaciones que dice "cada gobierno dictara las normas que declaren de utilidad publica y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para el embalse". También se dictaron normas autorizando a los funcionarios a realizar los juicios de expropiación en caso de que fuera necesario.
Se aclaró también que en la Argentina hubo pleitos de tipo Laboral y contractuales, por lo cual se interpuso Inmunidad de jurisdicción; llegando los casos a la Corte Suprema, que evitó que se accionara judicialmente contra la comisión técnica mixta. Se cuestionó la inconstitucionalidad porque negaba al ciudadano la posibilidad de ir a los tribunales.
Se creó así el Tribunal Arbitral de la comisión técnica mixta amparado en el derecho internacional. La Corte de igual forma se reservó el derecho de estudiar los casos particulares.
El tribunal arbitral actúa solo recursos de nulidad, de modo que la decisión es compulsiva frente a la comisión técnica mixta. Alos efectos de ejecutar sentencia se debe recurrir a la Justicia ordinaria de cada país. Se deberá pedir el exequátur (acreditación de gobierno de la calidad de cónsul de una persona de un país extranjero para que pueda cumplir sus funciones). Era pues necesario evitarle esta situación a los agricultores ribereños con leyes del Congreso o con los actos administrativos. En ese sentido, ya había ejemplos en Uruguay. Conti planteó una demanda contra el Estado Uruguayo. El Fiscal se excusó diciendo que la comisión técnica mixta tenía que resolver. Conti demandó entonces contra la comisión técnica mixta que presentó la inmunidad de jurisdicción. Por lo tanto nadie les dio justicia salvo el Congreso.

Los números eran los siguientes:

Se adquirieron 70 predios en la provincia de Corrientes (unas 6.000 hectáreas) y 600 en Entre Ríos (unas 20.000 hectáreas); 126 fracciones para el ferrocarril Urquiza (unas 600 hectáreas). Quedaron 13 propiedades para adquirirse para el canal, que abarca unas 950 hectáreas y la propiedad "El alambrado" de 2.460 hectáreas, donde se asienta el obrador y la presa del lado argentino. Sumando 2.000 viviendas en Federación se ve la importancia de la obra. Los 45 millones de dólares que costaron estos terrenos son el 6 % del costo de la obra de la represa.
A fines de 2001 la Asociación ribereños río Uruguay convocó en Santa Ana a funcionarios de la comisión técnica mixta Salto Grande, a legisladores nacionales y les entregándoles un petitorio con un modelo de ley de cota 36, con servidumbre aguas, semejante a la del Uruguay.
La servidumbre funciona como un alquiler, pagado por adelantado, por el uso probable de un número de hectáreas, que dependen de los niveles del agua.

Esto se puede resumir de la siguiente manera: se compra compulsivamente el área que el agua va a ocupar en forma permanente. También se alquila compulsivamente lo que se podrá inundar unos cuantos días y lo que lo se va a inundar menos días. El cálculo de alquiler se hizo con los estudios de las crecientes de los últimos años.

Hay que aclarar que si se inundó más de lo que se predijo (en área o en días) se podrá hacer reclamos, en tanto el contrato así lo diga. Sin embargo muchos contratos no contienen esa cláusula.

Se puede resumir el proyecto de la siguientes manera: se ampliará el embalse 7.830 hectáreas, se aumentará la energía en un 4 % (321 gigawats por año). Esto significa un aumento del 27 % de reserva energética, un aumento de regalías y excedentes a las provincias de Entre Ríos, Misiones y Corrientes del 4 %. Esta ultima ya perdió mas 100 millones de dólares estadounidenses por no usar estos excedentes desde 1998. Las hectáreas nuevas afectadas en Argentina serán de aproximadamente 3700, un 14 % del total expropiado en origen.

En esa reunión se entregó un modelo de ley cota 36, que incluye la servidumbre administrativa de aguas viéndose que de esta manera los ribereños aceptan la cota 36. Se oponen (o se oponían) algunos municipios, como Concordia con Jorge Busti intendente y Federación, con Carlos Cecco intendente. Otros no tomaron partido o tal vez, hoy, han cambiado de parecer. Hay todavía casos como el de Emilio Argento y otros productores de Monte Caseros que no han sido convocados a elevar sus reclamos. La comisión técnica mixta sigue negando la posibilidad de resarcir daños a pesar de tener documentación probatoria como los "certificados de emergencia agropecuaria" emitidos por el Estado Nacional, fundados en normas legales (leyes y decretos) y que sirven en Instituciones como los Bancos Nacionales para solicitar prórroga en los pagos de préstamos o la DGI o DGR para ser exceptuados de pagar algún impuesto. A pesar de esto la comisión técnica mixta se niega a tomarlos con valor documental. Sin embargo se han dado caso de pago de daños tras un reclamo verbal.

Trascribimos una parte de un reportaje a José Luis Batlle, representante de Uruguay en la comisión técnica mixta, que es o fue, al menos temporalmente, el pensamiento de Uruguay con respecto a la comisión técnica mixta Salto Grande. Este reportaje fue realizado en un contexto de crisis energética importante.

INFORMACION PERTENECIENTE AL ARTICULO DEL DR LUIS MUJICA SOBRE "SALTO GRANDE" EN SECCION  SITUACION AMBIENTAL ARGENTINA CORRESPONDIENTE A www.dsostenible.com.ar  

LA OPINION DE DSOSTENIBLE  NO
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