El autoritarismo, como forma de ejercer el poder, descansa fundamentalmente en la concentración de la información y del poder de intervención en unos pocos individuos, mientras que el resto de la población no sabe bien lo que está pasando. Tradicionalmente las autoridades políticas han efectuado diagnósticos y planificaciones sin considerar de antemano la opinión de los propios afectados por el problema. Sin embargo, en un sistema democrático la gente misma selecciona sus problemas, reconoce su situación y se organiza para buscar datos y sacar conclusiones; ejerce en todo momento su poder de decisión, ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar finalmente adelante una tarea en común.

El conocer la propia situación no es, pues, cuestión de simple adquisición de información o de curiosidad. Se trata de avanzar en una toma de conciencia de aquellos elementos que obstaculizan el desarrollo individual y grupal, y se trata de hacerlo mediante un aprendizaje colectivo, basado en el intercambio de experiencias y en una apropiación de la memoria histórica, es decir la historia de la propia comunidad. 

El autodiagnóstico participativo tiene un alto valor educativo, todos se enriquecen democráticamente con las experiencias ajenas ya que en la cultura de la gente, en lo que piensa, hace, recuerda, vive todos los días, hay una enorme riqueza, hay elementos útiles para solucionar problemas de la existencia diaria. Se constituye entonces en un buen camino para terminar con la falta de comunicación entre los miembros de la comunidad y las autoridades que ejercen el gobierno en representación de esa comunidad.

Por esta razón el autodiagnóstico participativo se aplica para:

· Identificar lo que a una comunidad le sucede

· Seleccionar un tipo de problema y ver qué tan generalizado está entre la población

· Reconocer a fondo tanto las causas como las consecuencias que acarreará en el futuro

· Prever acciones organizadas a fin de lograr una solución
 

La idea fuerza es reconocer un potencial de cambio en la interacción de actores con experiencias y conocimientos diversos. Por ello, este proceso trata de evitar la planificación centralizada que no reconoce las diferencias y propone o impone soluciones sólo adecuadas a la experiencia y a los conocimientos de los profesionales que intervienen y no de los pobladores. 

Los recursos que este tipo de programas moviliza, no se agotan en lo que convencionalmente suele entenderse por recursos económicos. Mientras que estos últimos se reducen al trabajo, con sus varias calificaciones y al capital,  los otros recursos que se movilizan incluyen:

1. La conciencia social
2. Una cultura organizativa y de capacidad de gestión
3. La creatividad popular
4. La energía solidaria y la capacidad de ayuda mutua
5. La calificación y entrenamiento ofrecido por el Gobierno
6. Una oportunidad de compromiso y dedicación particular para los actores externos e internos del barrio

Es preciso destacar la particularidad muy especial que distingue a los recursos convencionales de los no convencionales. Mientras los primeros se agotan en la medida en que se utilizan, los segundos se pierden sólo en la medida en que no se utilizan. Por ejemplo, el poder que se entrega, es poder que se pierde; el dinero que se da es dinero que se deja de tener. En cambio, la solidaridad que se da es solidaridad que crece; el conocimiento que se entrega es conocimiento que se expande.

Los recursos no convencionales potencian un desarrollo que va mas allá de la noción convencional de acumulación, ya que se funda, además, en el acervo del saber práctico generado por la propia comunidad. Tal acumulación de conocimientos amplia a su vez la potencialidad de los propios recursos: capacidad organizativa, generación de nuevas conductas y opciones enriquecedoras de interacción comunitaria. Otro rasgo distintivo de estos recursos, y que revierte las perspectivas economicistas habituales, es que, contrariamente a los recursos económicos convencionales que se caracterizan por la escasez, los recursos no convencionales abundan. Tienen además una enorme capacidad de conservar y transformar la energía social y lo hacen de forma profunda y duradera.

Esta nueva forma de ver los recursos que satisfacen necesidades humanas, no sólo extiende las opciones en materia de planificación y políticas, sino además destaca que el principal agente de transformación es la capacidad del ser humano de movilizar su sensibilidad, imaginación, voluntad y su talento intelectual en un esfuerzo que se extiende desde el desarrollo personal al desarrollo social y que genera así una conciencia integradora que va de lo individual a lo colectivo, transformando recursos internos de la persona en catalizadores de una energía social transformadora. Es precisamente este caudal sinérgico de los recursos no convencionales lo que los convierte en una pieza clave para el “desarrollo a escala humana”. Y es por su dimensión histórico-cultural que una política de recursos no convencionales es mucho más que una política económica o ambiental.

La ciudad de Buenos Aires posee problemas ambientales de diversa índole, al igual que otros grandes regiones metropolitanas de América Latina. Muchos de estos problemas ambientales son consecuencias no previstas de los procesos de crecimiento urbano y desarrollo industrial generados durante muchos años, sin un adecuado marco de planificación territorial. La ocupación del espacio físico, la radicación de la infraestructura urbana y la localización de actividades productivas ha sido mas bien un proceso espontáneo cuyas causas radican en la evolución de sectores económicos y movimientos migratorios generados por factores sociológicos, políticos y económicos de fuerte gravitación durante las últimas décadas.

Durante las primeras décadas del siglo, la Ciudad de Buenos Aires ejerció una fuerte atracción de actividades y radicación de poblaciones provenientes del "hinterland" aledaño y del interior del país. La inserción de la ciudad como principal puerto exportador de la producción primaria, vinculada al perfil agroexportador de Argentina, determinó la radicación de muchas industrias afines al sector en esa circunstancia histórica.

El barrio de Mataderos, al igual que otros distritos de Buenos Aires y su conurbano fueron polos de atracción para actividades, a veces de tipo industrial, a veces de tipo artesanal, relacionadas con la industria de la carne y la producción de alimentos. La radicación de estas actividades en el distrito de Mataderos, no fue una casualidad. Hacia fines del siglo pasado, el Gobierno Nacional decidió concentrar el mercado de hacienda en el oeste del ejido urbano en la zona de Liniers. Así nació un barrio cuya actividad casi exclusivamente se centraría en la venta de animales y el procesamiento de la carne vacuna. Crecieron así, las fábricas de chacinados, la elaboración de sebos y grasas, además de la clásica industria frigorífica.

El paso del tiempo ha determinado que el emplazamiento originalmente situado en la periferia de una ciudad ha quedado completamente integrado a la trama urbana de Buenos Aires. La concentración de industrias dedicadas a la elaboración de alimentos y en especial al procesamiento de la carne, ha culminado con una situación actual de sobrecarga de la infraestructura de servicios, especialmente el cloacal, con el consiguiente perjuicio ambiental para el entorno. Cabe señalar en este sentido que los vertidos de efluentes líquidos de la industria alimenticia y del chacinado se caracterizan por su alto contenido orgánico con elevados tenores de grasas.

El perfil de las industrias radicadas en Mataderos, muchas de ellas pequeños emprendimientos con escasa capacidad de gestión para dar respuesta a los problemas ambientales que las mismas ocasionan en el vecindario, genera en la actualidad una situación de tensión social que contribuye al deterioro de la calidad de vida de este barrio. Son periódicas las denuncias referidas a vuelcos de efluentes líquidos en la vía pública sin tratamiento previo, al igual que la disposición precaria de los residuos sólidos en las veredas de la zona aledaña al mercado de hacienda. La gestión ambiental, en estas condiciones se torna ilusoria además por la escasa aptitud de muchos establecimientos para reconvertir sus procedimientos acorde a las exigencias ambientales vigentes.

Dado el crecimiento espontáneo de la actividad durante décadas, con la consiguiente falta de espacio para la construcción de sistemas de tratamiento convencional, existe una clara limitación física en cuanto a la incorporación de respuestas tecnológicas tradicionales. Si bien han existido propuestas para la construcción de sistemas de tratamiento en consorcio, las mismas nunca han prosperado por dos razones determinantes:

· La falta de espacio físico tanto para la planta de tratamiento como para la instalación de los sistemas de conexión entre la planta y sus potenciales usuarios.
· La falta de recursos financieros en un sector con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas para emprender soluciones ambientales con una elevada inversión inicial.

El marco regulatorio vigente para la actividad en materia ambiental, refleja una situación común a muchas industrias, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. La superposición de atribuciones entre organismos nacionales y locales es una constante histórica en Argentina y por lo general ha sido un factor determinante en la escasa vigencia concreta de muchas normas ambientales. La fragmentación de funciones entre autoridades de aplicación por lo general genera incertidumbre en el sector regulado. Es probable que, quizás con la salvedad de las industrias grandes que cuentan con una capacidad gerencial adecuada, muchos actores opten por eludir o ignorar todo intento de contralor que no sea indispensable para el funcionamiento en sí de la actividad.

Tradicionalmente, el cumplimiento estricto de las exigencias ambientales ha sido una asignatura pendiente en Argentina. Por razones quizás culturales vinculadas a una baja percepción de la problemática ambiental, el acatamiento a los requisitos en cuanto a contar con permisos de vuelco y cumplir con los parámetros de vertido ha sido escaso. En igual sentido, los esfuerzos del sector público, hasta el presente han soslayado las tareas de verificación y seguimiento de la actividad industrial en lo referido al cumplimiento de normativas ambientales.

En este sentido, la generación de residuos líquidos y barros de la industria de la carne y del chacinado en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en la zona de Mataderos, se encuentra enmarcado en la normativa de efluentes vigente a la fecha en la Ciudad de Buenos Aires.

En materia de efluentes líquidos, por encontrarse dentro del radio sometido a la concesión otorgada a Aguas Argentinas S.A., es aplicable el régimen de control de efluentes líquidos originalmente elaborado por O.S.N., además del marco regulatorio de la Concesión.

En cuanto a la normativa de la Ciudad de Buenos Aires, es de aplicabilidad la Ordenanza 39.025 (Código de Control de la Contaminación). Esta ordenanza prohibe el vuelco de efluentes sin sistemas individuales de tratamiento. Por otra parte, la Ordenanza 46.956 establece que los vuelcos deberán adecuarse a lo establecido en los Decretos PEN 674/89 y 776/92, siempre que el Ejecutivo porteño no establezca límites más estrictos.

Debe asimismo considerarse la etapa transicional que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires ya que su suerte de joven ciudad autónoma con "facultades propias de legislación y jurisdicción" , y la necesidad de articular el traspaso de funciones desde el Estado Nacional a su propia órbita, la posiciona en una situación por cierto peculiar.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de 1996 que explícitamente considera la cuestión de los recursos naturales y del ambiente, es una muestra cabal de esta circunstancia. Asimismo, las leyes de constitución del Consejo del Plan Urbano Ambiental (N° 71) y del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (N° 123) constituyen los primeros pasos en esta tarea que recién comienza.

Cabe destacar que la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, de plena vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto la Legislatura Porteña sancione su propia normativa, no sería en principio aplicable al caso de los lodos y biosólidos generados por la industria frigorífica, siempre y cuando no se incluyan corrientes de desechos contemplados en algunos de sus anexos. Si se incluyeran corrientes de desechos contemplados en los anexos de la Ley referida y su tratamiento fuera de origen microbiano, el mismo debería someterse a lo establecido en la Resolución N° 618/98 de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación que exige la utilización de productos con certificados oficiales de ecotoxicidad neutra o con un informe técnico de evaluación ecotoxicológica.

En la medida que los barros generados a partir de los sistemas de tratamiento no posean estas corrientes de residuos, ni revistan características de peligrosidad, se encuentran excluidos del régimen de residuos peligrosos.

La exclusión de esta clase de residuos del régimen de residuos peligrosos, facilita su gestión, permitiendo su disposición en el relleno sanitario, o alternativas innovadoras de recuperación de los barros orgánicos, mediante su utilización en el sector agropecuario. 
 

Con el fin de abordar soluciones a la problemática, el Gobierno de la Ciudad encaró durante 1998 y 1999 un relevamiento de la zona a partir de un diagnóstico con datos de campo con visitas a las zonas con mayores concentraciones de industrias, evaluación de datos provenientes de los registros industriales, información obtenida a partir de los establecimientos registrados en el SENASA y datos originados en el Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INAA). 

A los efectos de realizar tareas de campo, el área ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó en coordinación con personal especializado de la concesionaria Aguas Argentinas S.A., realizándose 2 jornadas de capacitación para inspectores en procedimientos de toma de muestra, manejo de documentación ambiental y conocimientos de laboratorio.

El relevamiento de la industria alimenticia de Mataderos, según la información obtenida de las fuentes señaladas, dio como resultado la existencia de unos 270 establecimientos. Con la finalidad de priorizar los relevamientos en el terreno se consideró la existencia de denuncias previas respecto de incumplimientos ambientales, además de elementos objetivos, tales como la superficie total de los establecimientos.

Para las tareas de relevamiento en el terreno, se descartó el modelo de "operativo policial", debido a los escasos resultados obtenidos en otras ocasiones. Por el contrario, se adoptó un esquema de relevamiento con un perfil más bajo, desarrollándose a lo largo de varios días, con menor presencia física y despliegue de efectivos.  Siguiendo el ejemplo positivo de otros relevamientos similares realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el operativo en Mataderos se propone efectuar una suerte de censo ambiental de todas las actividades en curso en el distrito mediante la visita personal y la entrega de un formulario referido a la gestión de residuos y efluentes.

Uno de los objetivos del relevamiento de campo inicial, consistió en conocer el perfil de los actores y decisores claves en la problemática. A estos efectos se realizaron varias reuniones involucrando a la Secretaría de Industria de la Ciudad, la Unión Industrial de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara de la Industria del Chacinado con la finalidad de determinar las posibles soluciones en lo técnico, así como los "cuellos de botella" que dificultan e impiden las soluciones.

Dadas las características de los residuos con una composición homogénea y tratándose de material orgánico con grasas, las soluciones desde una óptica técnica, no ofrecen mayores dificultades.

El obstáculo de mayor importancia reside en dos factores de gestión ambiental y empresaria. La primera de ellas se encuentra vinculada a la escasa tradición de contralor o enforcement efectivo desde los organismos oficiales, cualquiera su jurisdicción. Este elemento posee una gravitación importante en cualquier esquema de decisión empresaria, especialmente cuando esta determine realizar inversiones.  Si la probabilidad de una exigencia estricta con la gestión de los residuos es baja, la respuesta voluntaria también es baja.

La segunda razón esgrimida es la dificultad de acceder a financiamiento para las mejoras con tasas de interés acordes a la difícil coyuntura económica y al perfil de pequeñas empresas que representa mayoritariamente el sector. El problema en este caso es común a muchas empresas que no acceden a regímenes de financiamiento acorde a la tasa de inflación imperante en la coyuntura económica actual. Este hecho es un factor deletéreo para muchas iniciativas de mejora ambiental.

En cuanto a las propuestas de solución técnica al problema, mas allá de las anteriores consideraciones, podemos señalar las siguientes:

· Recolección, transporte y disposición final en relleno sanitario o planta de tratamiento.
· Inyección de bacterias digestoras en sistema de descarga en plantas.
· Instalación de sistemas mecánicos de aireación y tratamiento.

La primera de las soluciones es la más sencilla de realizar, exigiéndose únicamente el contralor en el cumplimiento. En algunos casos, los sectores industriales debieran construir o adecuar sus instalaciones con decantadores, cámara toma muestras y caudal, además de asegurar su conexión al sistema cloacal, con el correspondiente permiso de vuelco. Es de destacar que esta inversión en adecuación de instalaciones es común a cualquiera de las soluciones propuestas y el bajo costo de los trabajos no representa un impedimento para la aplicación de las soluciones. Este esquema de trabajo permite además visualizar una opción futura con reutilización o aprovechamiento de los barros, en el caso de que exista un mercado apropiado para tal fin.

La segunda solución no exige inversiones grandes, además de las ya señaladas, sin embargo sí exige un seguimiento detallado en cuanto a la gestión operativa (frecuencia de inyección, etc.) La incorporación o siembra de bacterias en las cámaras o eventualmente en el sistema cloacal, ofrece interesantes perspectivas que requieren ser profundizadas para su aplicación eventual y sistemática. Un posible inconveniente radica en el hecho de convalidar en cierta forma el vertido al sistema cloacal de efluentes por encima de los niveles actualmente permitidos.

La tercera solución (incorporación de unidades o equipos de tratamiento aireador) exige un mayor nivel de inversión que los anteriores, pero en principio permitiría mantener los vuelcos dentro del rango de parámetros permisibles.

En el barrio de Mataderos y de acuerdo a los primeros problemas identificados por los vecinos en talleres de autodiagnóstico, la Subsecretaría de Medio Ambiente ha iniciado un relevamiento ambiental de los establecimientos industriales de la zona, para conocer la magnitud real de los problemas y lograr una paulatina adecuación de las industrias a la normativa legal en vigor. También se ofrece en estas visitas establecer mecanismos de cooperación técnica con distintos programas de gobierno y se brinda asesoramiento por parte de la empresa Aguas Argentinas que participa activamente como apoyo a la intervención comunitaria.

El objetivo del operativo es lograr el conocimiento de la situación ambiental actual del barrio y adoptar una metodología que pueda ser aplicada posteriormente en el resto de la Ciudad de Buenos aires; en particular, el Gobierno de la Ciudad busca realizar una gestión proactiva que induzca a los industriales para realizar la reconversión de sus establecimientos cuando estén fuera de norma, contando para ello con créditos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para la pequeña y mediana empresa. Simultáneamente, Aguas Argentinas efectúa el relevamiento de los volcamientos industriales a la red cloacal y se asegura el acceso a los establecimientos inspeccionados, lo cual fue en muchos casos anteriores denegado, ya que la Empresa carece del poder de policía.

Durante las inspecciones se procede según la siguiente metodología:

· Se procede a verificar los desagües industriales, extrayéndose muestras en caso de verificarse un volcamiento de efluentes a la red.
· Se solicita al propietario del establecimiento la documentación pertinente según la legislación en vigor.
· Se procede a levantar las actas de infracción correspondientes a las anomalías detectadas. La gravedad del problema puede determinar la clausura del establecimiento, si se afectan las condiciones de salubridad e higiene para la población, como también dar lugar a intimaciones para realizar mejoras. 
· Se realiza una inspección de todos los sectores del establecimiento, verificándose el suministro de agua, las fuentes alternativas, los residuos generados, el tratamiento de residuos, mantenimiento de las instalaciones, higiene y seguridad en el trabajo.
· Se efectúan mediciones de otros parámetros ambientales en caso de existir denuncias sobre el establecimiento inspeccionado.
· Se consulta al vecindario sobre los problemas que aquejan al barrio en el sector de las industrias inspeccionadas.
· Se vuelcan los datos obtenidos en la base de datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y en el de la empresa Aguas Argentinas, efectuándose un control de gestión posterior para cada establecimiento inspeccionado.

Se adjunta para referencia, un plano del Barrio de Mataderos, donde se puede apreciar la marcha del Operativo sobre el total de las industrias del barrio. De acuerdo a los datos preexistentes, éstas se agrupan dentro de las siguientes categorías: 

Alimenticias 206 
Curtiembres 13 
Estaciones de servicio 33 
Metalúrgicas 56 
Químicas 21 
Textiles 39 
Otras (lavaderos, etc.) 103
TOTAL:  471

El programa de gestión de biosólidos así planteado, representa un avance sustancial respecto de los esquemas convencionales de control ambiental basados en los mecanismos de comando y control. En estos esquemas, excesivamente dependientes de la inspección de naturaleza represiva, se suele desatender las dificultades materiales y sociales (financiamiento, altos costos de tratamiento, externalidades hacia el barrio, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, etc.) que normalmente militan contra una correcta gestión ambiental de corte proactivo.

La iniciativa, construída sobre la base del consenso e identificando a los actores claves del problema permite enfocar desde una visión integradora aquellas soluciones que sean social, económica y ambientalmente sustentables en el tiempo.

Por otra parte y desde una visión estratégica del desarrollo de la ciudad, la propuesta de trabajo se enmarca en la reconversión de los sectores industriales postergados, al igual que la revitalización de distritos y barrios de la ciudad que históricamente han sido escasamente beneficiados con la intervención pública. En este sentido el programa permite implementar con medidas concretas, las propuestas de desarrollo regional que surgen a partir del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires plasmado en la Ley 71.