Situación Ambiental Argentina

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INUNDACIONES: PASADO Y FUTURO

Ing. Rosana Iribarne

"Los recursos de agua dulce son un componente esencial de la hidrosfera de la Tierra y parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres. El medio de agua dulce se caracteriza por el ciclo hidrológico, que incluye las inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto en algunas regiones más extremas y dramáticas durante los últimos años. El cambio climático mundial y la contaminación atmosférica podrían también tener consecuencias para los recursos de agua dulce y su disponibilidad y, con la elevación del nivel del mar, poner en peligro las zonas costeras bajas y los ecosistemas de las islas pequeñas.

El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar por que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. Es preciso contar con tecnologías innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas para aprovechar plenamente los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación.

La escasez generalizada de recursos de agua dulce, su destrucción gradual y su creciente contaminación, así como la implantación progresiva de actividades incompatibles en muchas regiones del mundo, exigen una planificación y una ordenación integradas de los recursos hídricos. Esa integración ha de abarcar todos los tipos de masas interrelacionadas de agua dulce, tanto las aguas superficiales como las subterráneas, y ha de tener debidamente en cuenta los aspectos de la cantidad y calidad del agua. Debe reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento de los recursos hídricos en el contexto del desarrollo socioeconómico, así como la utilización de esos recursos para fines múltiples como el abastecimiento de agua y el saneamiento, la agricultura, la industria, el desarrollo urbano, la generación de energía hidroeléctrica, la pesca en aguas interiores, el transporte, las actividades recreativas, la ordenación de las tierras bajas y las planicies y otras actividades. Los sistemas racionales de utilización del agua para el aprovechamiento de las fuentes de suministro de agua, sean de superficie, subterráneas u otras posibles, deben estar apoyados por medidas concomitantes encaminadas a conservar el agua y reducir al mínimo el derroche. Sin embargo, cuando sea necesario, habrá de darse prioridad a las medidas de prevención y control de las inundaciones, así como al control de la sedimentación."

Agenda XXI – Capítulo 18

 

El párrafo precedente pertenece al documento emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo (UNCED), desarrollada en Río de Janeiro en 1992, y que fuera la mayor reunión de jefes de estado de la historia.  

Dentro de su brevedad, este texto tiene la capacidad de exhibir un completo panorama de una situación, que se ha agravado por zonas a lo largo de la última década, tanto como de las acciones que se debían emprender a la brevedad, objetivadas a través de determinadas prioridades. 

En el ámbito local su lectura sólo demuestra que todo está por hacerse. Sin embargo, en el mientras tanto, todo tipo de pérdidas yacen bajo las aguas.    

A la hora de las responsabilidades, los actores fundamentales resultan los distintos estamentos del Estado nacional, los gobiernos provinciales y las administraciones municipales, ya que, por acción u omisión, prácticamente todos ellos colaboraron a la profundización de la crisis que hoy nos ocupa.  

Aún dejando de lado el análisis de posibles hechos de corrupción y el accionar irresponsable, tendiente sólo a la obtención de importantes e inmediatas ganancias, de cierto sector del empresariado privado, existen evidentes muestras de que no todo el problema está generado por las fuerzas de la naturaleza.  

En principio, y dado que el agua dulce es un recurso vulnerable y limitado, lo que se imponía era la ordenación y el aprovechamiento integrados de los recursos hídricos, bajo un enfoque dinámico, interactivo y multisectorial. Esto implicaba la planificación del uso, la protección y la conservación sostenibles y racionales de las fuentes de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas; con una meta fundamental: la conservación del equilibrio hidrológico y de la calidad de las aguas dentro de cada sistema.  

Para el logro de tal planificación se debería haber contado con fuertes lineamientos nacionales pero, también, con importante presencia de las autoridades locales, como forma de alcanzar una eficaz coordinación de tareas, que en primera instancia demandaban la determinación ininterrumpida de las fuentes, la cantidad, la fiabilidad y la calidad de los recursos de agua y de las actividades humanas que las afectan. 

Evidentemente la obtención de estos datos nunca se realizó eficientemente, y la realidad en los distintos niveles exhibe la fragmentación de responsabilidades en una innumerable cantidad de organismos distintos y conformados por un personal con bajo nivel de idoneidad o, aún más grave, con bajo nivel ético. Es de resaltar que la implementación de programas de capacitación constantes y permanentes solucionarían parte del problema, conjuntamente con la adopción de procedimientos irreprochables en cuanto a la contratación de personal calificado. Por supuesto, es indispensable la asignación de recursos financieros para mantener una dotación suficiente de personal calificado y con disponibilidad de las tecnologías apropiadas para la evaluación de los recursos hídricos y la evaluación de las repercusiones que el cambio climático pueda tener sobre ellos. 

Volviendo al tema de la planificación y ordenación de los recursos hídricos, se observa la carencia en el desarrollo de un importante número de acciones para la formulación de programas económicamente eficientes y socialmente adecuados que tuvieran como punto de partida la satisfacción de las necesidades básicas de suministro de agua potable y de servicios sanitarios para todos los habitantes, así como la protección de los ecosistemas. Estas acciones deberían haberse encarado multidisciplinariamente ya que están relacionadas con políticas de salud pública, de producción, de distribución de alimentos, de planes de atenuación de desastres, de protección ambiental y de conservación de recursos naturales. Además están íntimamente asociados a mecanismos institucionales, jurídicos y financieros.  

Instituciones endebles y sin calificación, proliferación de leyes sin los adecuados controles que eleven el nivel de acatamiento, y la imposibilidad de desarrollar procedimientos de trazabilidad en la asignación de recursos financieros, representan fuerzas "no naturales" trabajando mancomunadamente en pro de las inundaciones. Sin embargo, existe un componente adicional cuya carencia en años pasados también hizo su aporte y que será de máxima importancia a la hora de revertir el estado de cosas: la plena participación pública. Pero una participación pública requiere en principio de altos niveles de información y capacitación; toda una gama de demandas a nivel institucional y judicial pueden ejercitarse a partir de herramientas que hoy ya existen en el país, y el primer paso en la participación debe ser la exploración de instrumentos jurídicos que avalen la incorporación de todos los sectores sociales en la discusión de la planificación y de la toma de decisiones. Ejemplo de esto es la Agenda 21, compromiso internacional de relevante jerarquía jurídica para nuestro país.  

Dado que la planificación en los temas de recursos hídricos necesariamente debe integrarse con la de usos del suelo y con las gestiones de desechos sólidos y líquidos, en un proceso que debe pensarse a largo plazo, deberían darse alta prioridad a los mecanismos de prevención consensuados comunitariamente. Aunque los eventos climáticos extremos exigen de medidas de adaptación coyuntural, la adaptación planificada siempre resulta más eficaz y menos onerosa. El fenómeno de cambio climático expondrá a vastas regiones a la necesidad de medidas de adaptación planificada que, de todas formas, tendrían sentido económico y social aún si este fenómeno no existiera.  

El panorama suele ser desalentador para muchas comunidades con instituciones debilitadas y desacreditadas, lo cual favorece sentimientos de impotencia de los damnificados que no reciben prontas señales de solución a sus problemas. En estos casos la población tiende a pensar a la participación como desgastante e inútil, con la consecuente desvalorización de la actitud individual, sin embargo es en momentos de crisis donde el pensamiento a largo plazo es fundamental, y ya existen variadas experiencias comunitarias en las cuales el accionar conjunto de todos los sectores sociales ha logrado avances en pos de una representatividad más activa. El trabajo en redes dentro de cada comunidad y entre organizaciones pertenecientes a distintos municipios resulta de gran ayuda para no tener que reinventar la rueda constantemente.

 

 
   
 
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