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"Los
recursos de agua dulce son un componente esencial de la hidrosfera
de la Tierra y parte indispensable de todos los ecosistemas
terrestres. El medio de agua dulce se caracteriza por el ciclo
hidrológico, que incluye las inundaciones y sequías,
cuyas consecuencias se han vuelto en algunas regiones más
extremas y dramáticas durante los últimos años.
El cambio climático mundial y la contaminación
atmosférica podrían también tener consecuencias
para los recursos de agua dulce y su disponibilidad y, con la
elevación del nivel del mar, poner en peligro las zonas
costeras bajas y los ecosistemas de las islas pequeñas.
El
agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo
general es velar por que se mantenga un suministro suficiente
de agua de buena calidad para toda la población del
planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas,
biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando
las actividades humanas a los límites de la capacidad
de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades
relacionadas con el agua. Es preciso contar con tecnologías
innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas
para aprovechar plenamente los recursos hídricos limitados
y protegerlos contra la contaminación.
La
escasez generalizada de recursos de agua dulce, su destrucción
gradual y su creciente contaminación, así como
la implantación progresiva de actividades incompatibles
en muchas regiones del mundo, exigen una planificación
y una ordenación integradas de los recursos hídricos.
Esa integración ha de abarcar todos los tipos de masas
interrelacionadas de agua dulce, tanto las aguas superficiales
como las subterráneas, y ha de tener debidamente en
cuenta los aspectos de la cantidad y calidad del agua. Debe
reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento
de los recursos hídricos en el contexto del desarrollo
socioeconómico, así como la utilización
de esos recursos para fines múltiples como el abastecimiento
de agua y el saneamiento, la agricultura, la industria, el
desarrollo urbano, la generación de energía
hidroeléctrica, la pesca en aguas interiores, el transporte,
las actividades recreativas, la ordenación de las tierras
bajas y las planicies y otras actividades. Los sistemas racionales
de utilización del agua para el aprovechamiento de
las fuentes de suministro de agua, sean de superficie, subterráneas
u otras posibles, deben estar apoyados por medidas concomitantes
encaminadas a conservar el agua y reducir al mínimo
el derroche. Sin embargo, cuando sea necesario, habrá
de darse prioridad a las medidas de prevención y control
de las inundaciones, así como al control de la sedimentación."
Agenda
XXI – Capítulo 18
El
párrafo precedente pertenece al documento emanado de
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el
Desarrollo (UNCED), desarrollada en Río de Janeiro
en 1992, y que fuera la mayor reunión de jefes de estado
de la historia.
Dentro
de su brevedad, este texto tiene la capacidad de exhibir un
completo panorama de una situación, que se ha agravado
por zonas a lo largo de la última década, tanto
como de las acciones que se debían emprender a la brevedad,
objetivadas a través de determinadas prioridades.
En
el ámbito local su lectura sólo demuestra que
todo está por hacerse. Sin embargo, en el mientras
tanto, todo tipo de pérdidas yacen bajo las aguas.
A
la hora de las responsabilidades, los actores fundamentales
resultan los distintos estamentos del Estado nacional, los
gobiernos provinciales y las administraciones municipales,
ya que, por acción u omisión, prácticamente
todos ellos colaboraron a la profundización de la crisis
que hoy nos ocupa.
Aún
dejando de lado el análisis de posibles hechos de corrupción
y el accionar irresponsable, tendiente sólo a la obtención
de importantes e inmediatas ganancias, de cierto sector del
empresariado privado, existen evidentes muestras de que no
todo el problema está generado por las fuerzas de la
naturaleza.
En
principio, y dado que el agua dulce es un recurso vulnerable
y limitado, lo que se imponía era la ordenación
y el aprovechamiento integrados de los recursos hídricos,
bajo un enfoque dinámico, interactivo y multisectorial.
Esto implicaba la planificación del uso, la protección
y la conservación sostenibles y racionales de las fuentes
de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas;
con una meta fundamental: la conservación del equilibrio
hidrológico y de la calidad de las aguas dentro de
cada sistema.
Para
el logro de tal planificación se debería haber
contado con fuertes lineamientos nacionales pero, también,
con importante presencia de las autoridades locales, como
forma de alcanzar una eficaz coordinación de tareas,
que en primera instancia demandaban la determinación
ininterrumpida de las fuentes, la cantidad, la fiabilidad
y la calidad de los recursos de agua y de las actividades
humanas que las afectan.
Evidentemente
la obtención de estos datos nunca se realizó
eficientemente, y la realidad en los distintos niveles exhibe
la fragmentación de responsabilidades en una innumerable
cantidad de organismos distintos y conformados por un personal
con bajo nivel de idoneidad o, aún más grave,
con bajo nivel ético. Es de resaltar que la implementación
de programas de capacitación constantes y permanentes
solucionarían parte del problema, conjuntamente con
la adopción de procedimientos irreprochables en cuanto
a la contratación de personal calificado. Por supuesto,
es indispensable la asignación de recursos financieros
para mantener una dotación suficiente de personal calificado
y con disponibilidad de las tecnologías apropiadas
para la evaluación de los recursos hídricos
y la evaluación de las repercusiones que el cambio
climático pueda tener sobre ellos.
Volviendo
al tema de la planificación y ordenación de
los recursos hídricos, se observa la carencia en el
desarrollo de un importante número de acciones para
la formulación de programas económicamente eficientes
y socialmente adecuados que tuvieran como punto de partida
la satisfacción de las necesidades básicas de
suministro de agua potable y de servicios sanitarios para
todos los habitantes, así como la protección
de los ecosistemas. Estas acciones deberían haberse
encarado multidisciplinariamente ya que están relacionadas
con políticas de salud pública, de producción,
de distribución de alimentos, de planes de atenuación
de desastres, de protección ambiental y de conservación
de recursos naturales. Además están íntimamente
asociados a mecanismos institucionales, jurídicos y
financieros.
Instituciones
endebles y sin calificación, proliferación de
leyes sin los adecuados controles que eleven el nivel de acatamiento,
y la imposibilidad de desarrollar procedimientos de trazabilidad
en la asignación de recursos financieros, representan
fuerzas "no naturales" trabajando mancomunadamente en pro
de las inundaciones. Sin embargo, existe un componente adicional
cuya carencia en años pasados también hizo su
aporte y que será de máxima importancia a la
hora de revertir el estado de cosas: la plena participación
pública. Pero una participación pública
requiere en principio de altos niveles de información
y capacitación; toda una gama de demandas a nivel institucional
y judicial pueden ejercitarse a partir de herramientas que
hoy ya existen en el país, y el primer paso en la participación
debe ser la exploración de instrumentos jurídicos
que avalen la incorporación de todos los sectores sociales
en la discusión de la planificación y de la
toma de decisiones. Ejemplo de esto es la Agenda 21, compromiso
internacional de relevante jerarquía jurídica
para nuestro país.
Dado
que la planificación en los temas de recursos hídricos
necesariamente debe integrarse con la de usos del suelo y
con las gestiones de desechos sólidos y líquidos,
en un proceso que debe pensarse a largo plazo, deberían
darse alta prioridad a los mecanismos de prevención
consensuados comunitariamente. Aunque los eventos climáticos
extremos exigen de medidas de adaptación coyuntural,
la adaptación planificada siempre resulta más
eficaz y menos onerosa. El fenómeno de cambio climático
expondrá a vastas regiones a la necesidad de medidas
de adaptación planificada que, de todas formas, tendrían
sentido económico y social aún si este fenómeno
no existiera.
El
panorama suele ser desalentador para muchas comunidades con
instituciones debilitadas y desacreditadas, lo cual favorece
sentimientos de impotencia de los damnificados que no reciben
prontas señales de solución a sus problemas.
En estos casos la población tiende a pensar a la participación
como desgastante e inútil, con la consecuente desvalorización
de la actitud individual, sin embargo es en momentos de crisis
donde el pensamiento a largo plazo es fundamental, y ya existen
variadas experiencias comunitarias en las cuales el accionar
conjunto de todos los sectores sociales ha logrado avances
en pos de una representatividad más activa. El trabajo
en redes dentro de cada comunidad y entre organizaciones pertenecientes
a distintos municipios resulta de gran ayuda para no tener
que reinventar la rueda constantemente.
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