FUNAM, 69 Organizaciones, Redes de todo el país y la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, se unieron para impedir el ingreso de basura nuclear desde Australia.

Criticaron al Senado Nacional por haber dado media sanción al acuerdo que facilita su ingreso. "No les importó que estuviese prohibido por la Constitución Argentina.

Entre gallos y medianoches transformaron el país en un basurero nuclear de paso".

Ahora los ambientalistas piden a la Cámara de Diputados que "hagan cumplir el artículo 41 de la Constitución" y "le digan no al ingreso de basura radiactiva desde Australia y otros países". La Campaña se lanzó en todo el país, América Latina y Australia.-

Argentina quedaría expuesta al Terrorismo Internacional. Habría embarques altamente radiactivos desde y hacia Australia. "Estos Chernobyles flotantes atravesarán mares y rutas argentinas violando la ley y exponiendo inútilmente la vida y la salud de los ciudadanos", indicó el biólogo Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM.

Córdoba, noviembre 14 de 2001.- Setenta organizaciones de Argentina y América Latina se unieron para impedir el ingreso de basura radiactiva desde Australia. Ese ingreso forma parte del contrato secreto que firmaron ANSTO e INVAP para que la Argentina construya allí un nuevo reactor nuclear. El amplio e inédito movimiento incluye organizaciones no gubernamentales y coaliciones de ONGs, y a la Defensoría del Pueblo Adjunta de la ciudad de Buenos Aires. Denunciaron que ambos países "firmaron ese contrato y luego un Acuerdo Nuclear para facilitar el ingreso a la Argentina de basura nuclear australiana altamente radiactiva". Aclararon que "primero ingresaría el combustible nuclear agotado de Australia, luego lo acondicionarían en la Argentina, posiblemente en Ezeiza, y tras 15 a 20 años de permanencia en nuestro país la basura radiactiva les sería devuelta. Además de altamente radiactiva podría ser blanco de ataques terroristas".

Los ambientalistas, que lanzaron simultáneamente la campaña en las principales ciudades y pueblos del país, denunciaron que la reciente aprobación del Acuerdo Nuclear por parte del Senado "viola el Artículo 41 de la Constitución nacional" y transforma a la Argentina "en lugar de almacenamiento, tratamiento y paso de residuos radiactivos extranjeros". El Biólogo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, indicó que el Senado "aprobó el acuerdo entre gallos y medianoches" y que esa aprobación "ignoró los dictámenes realizados por el reconocido Constitucionalista Daniel Sabsay, que consideró "nulos" esos acuerdos". Los ambientalistas le pidieron a la Cámara de Diputados de la Nación que "no apruebe" el acuerdo "porque viola la Constitución Nacional".

El Biólogo Raúl Montenegro agregó que "todo el proceso está viciado de nulidad" y que debería ser "investigado por la Justicia". Sostuvo que las negociaciones pudieron seguir adelante "gracias a documentos oficiales de cuestionable origen, a la silenciosa violación del Artículo 41 de la Constitución Argentina, que prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos radiactivos, y a un contrato que se mantuvo en secreto. Si Greenpeace y FUNAM no hubiesen descubierto la cláusula del contrato sobre importación de residuos radiactivos INVAP hubiese seguido adelante como si se tratase de un negocio legal, cuando este negocio es flagrantemente ilegal".

Tras criticar la aprobación del Acuerdo en Senadores, Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace, sostuvo que "todo este proceso estuvo caracterizado por el secretismo y la falta de transparencia".

Los ambientalistas indicaron que se habían unido "para impedir que Argentina se transforme en el patio de atrás de los países del Primer Mundo".

El Biólogo Raúl Montenegro, de FUNAM, indicó que los residuos radiactivos "vendrían desde Australia, atravesarían el Cabo de Hornos y serían desembarcados en Bahía Blanca o el puerto de Buenos Aires. Estos Chernobyles en potencia amenazarán nuestros mares y nuestras rutas, y nos expondrán al terrorismo internacional. No olvidemos que el reactor nuclear australiano que se va a reemplazar ya habría estado en la mira de un grupo terrorista que pensaba colocarle una bomba durante los Juegos Olímpicos de Sydney del año pasado".

En su documento los ambientalistas señalan: "Nos negamos a ser tratados como tontos e ignorantes. Nos negamos a aceptar un contrato y un acuerdo ilegales. Todos debemos conocer a los responsables de estas aberraciones disfrazadas de instrumento público, entre ellos el Gerente General de INVAP, Hector Otheguy; el presidente de CNEA, Aldo Ferrer; el Gerente General de CNEA, Roberto Cirinello; el Embajador Argentino en Australia, Néstor Stancanelli; el Ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodriguez Giavarini y el Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Todos ellos son funcionarios de la gente pagados con los impuestos de la gente. Todos ellos llevaron adelante un contrato y un acuerdo ilegales, perjudicando a las generaciones actuales y futuras de argentinos"

Posteriormente agregan que "tanto el contrato firmado por INVAP y ANSTO como el Acuerdo de Cooperación Nuclear que suscribieron los gobiernos de Australia y la Argentina violan nada menos que nuestra Constitución Nacional. Ambos abren el país al ingreso de residuos radiactivos procedentes de otros países. Sin embargo, y pese a la contundencia de los argumentos legales, los funcionarios de INVAP, de CNEA, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la propia Presidencia de la Nación intentan hacernos creer que la basura nuclear que nos enviará Australia no es basura nuclear. Por todo lo anterior le decimos NO a la basura nuclear de Australia, y SI a la Constitución de Argentina".

Las 70 0rganizaciones y coaliciones reclamaron:

"(1) La no ratificación por el Congreso Nacional del "Acuerdo entre la República Argentina y Australia sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear" firmado en Canberra (Australia) el 8 de agosto de 2001.

"(2) La anulación de toda iniciativa y compromiso comercial, institucional o político, existente o proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al territorio argentino de residuos radiactivos conforme lo establece el Artículo 41 "in fine" de la Constitución Nacional, y se incluya en dicha anulación todo proyecto o compromiso que implique el ingreso al país de combustible nuclear agotado cualquiera sea su finalidad.

"(3) La difusión pública del Contrato firmado por INVAP y ANSTO.

"Y nos comprometemos, como ciudadanos e instituciones responsables, a garantizar el cumplimiento de la Ley y a proteger nuestro suelo de la peligrosa basura nuclear que pudiera venir de Australia y de cualquier otro país".

Como parte de la campaña se elaboró un documento técnico de 45 páginas que está disponible para quienes lo soliciten.