El Gobierno de Fernando De La Rúa le dijo "SI" al ingreso de basura radiactiva desde Australia y le prometió que avalaría la obtención de fondos si INVAP los necesita para construir el reactor nuclear de Lucas Heights 2 en este país. Grave Denuncia de FUNAM.

Absurdo: El Gobierno violó el artículo 41 de la Constitución Nacional a l firmar el contrato de venta del reactor y al suscribir el acuerdo de cooperación nuclear con Australia. "Pero además comprometió fondos que no tiene para dejar contento al Gobierno Australiano. El 'Negocio' es por apenas 90 millones de dólares y transforma a la Argentina en país de recepción y procesado de basura radiactiva extranjera. La gestión de Fernando De La Rúa logró algo que los gobiernos militares intentaron y afortunadamente no pudieron. Con un contrato secreto nos transformó en el basural radiactivo del Primer Mundo", indicó el biólogo Raúl Montenegro.

Córdoba (Argentina), Sydney (Australia), Paris (Francia), 9 de Agosto de 2001.- La Fundación para la defensa del ambiente de Argentina, FUNAM, estuvo solicitando al Ministro de Relaciones Exteriores Adalberto Rodríguez Giavarini que "no firme al acuerdo de cooperación nuclear entre Australia y la Argentina" porque avala el contrato ilegal que firmaron INVAP y ANSTO para la venta de un reactor nuclear argentino. El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, sostuvo que es "ilegal" porque prevé "el ingreso de basura radiactiva australiana a nuestro país, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional". Montenegro denunció además que el gobierno "ocultó a la opinión pública una carta del Ministerio de Economía firmada por Miguel Ricardo Bein donde se 'respalda' a INVAP y se compromete a facilitarle a INVAP 'financiamiento relacionado con la ejecución de los trabajos para ANSTO' (Secretaría de Programación Económica y Regional, nota n° 275, 1 de agosto de 2000)". El Dr. Raúl Montenegro, Biólogo y presidente de FUNAM, explicó que esta nota "fue hecha para tranquilizar a los australianos, y perjudicar una vez más a los argentinos. Somos el único país que vende barata su salud e incluso paga por ello. INVAP y el Ministerio de Relaciones Exteriores han violado la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código Penal con total impunidad. Pero también ignoraron nuestra calamitosa situación económica".

Se violan las leyes pero se omite también un veredicto de la Justicia.

Montenegro recordó que el contrato de venta "ha sido complementado, también para seguridad de los australianos, con un acuerdo nuclear bilateral. No podemos admitir que funcionarios de una gestión democrática firmen un convenio de cooperación que facilita el ingreso transitorio de basura radiactiva australiana. Ese ingreso viola el Artículo 41 de la Constitución Nacional y el Artículo 1207 del Código Civil. Es lamentable que quieran hacernos creer que lo que ingresará no es basura radiactiva. Los argentinos deben saber que gracias a ese contrato secreto Australia puede enviarnos el combustible nuclear agotado del reactor que pretende construir allí INVAP. Un material altamente radiactivo y peligroso que se diluiría y vitrificaría en la Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, para ser devuelto luego a Australia. Se estaría violando así la Constitución para facilitar un negocio inadmisible y altamente riesgoso. A otra escala y con métodos diferentes el gobierno de Fernando de la Rúa e INVAP están recreando el escándalo de la venta de armas. Solo que esta vez lo que vendimos fue nuestra seguridad a partir del año 2015".

"Lo más lamentable", indicó el Biólogo Raúl Montenegro, "es que los barcos de la muerte que tanto combatimos surcarán ahora aguas argentinas con el aval del gobierno. A partir del año 2015 los barcos cargados con material altamente radiactivo se moverán entre Sydney y el puerto de Buenos Aires". Montenegro agregó que "no solo violan la ley. También ignoran el veredicto de la Justicia Argentina que los obligó a prohibir el pasaje del barco Pacific Swan, una nave cargada con residuos radiactivos de alta actividad. Los mismos que vendrían de Australia. El 31 de julio de este año los Jueces Roberto Mario Mordeglia, Jorge Hector Damarco y Carlos Manuel Grecco consideraron 'inequívocamente' operativo el Artículo 41 de la Constitución y ordenaron al Poder Ejecutivo Nacional 'se prohíba el ingreso al territorio nacional y aguas jurisdiccionales del barco Pacific Swan' (Libro de Sentencias, Registro n° 70, Folio 94)".

Lo que vendría de Australia es basura radiactiva altamente peligrosa.

El presidente de FUNAM sostuvo que el contrato que permite el ingreso de basura radiactiva fue redactado por INVAP y el propio gobierno "basándose en un breve y pobre informe de la Autoridad Regulatoria Nuclear que omitió considerar la noción de residuo contenida en la ley 25018, interpretó la Constitución a su antojo e ignoró el Artículo 1207 del Código Civil. Esa Ley, la 25018, es clara y contundente. Lo que ingresaría desde Australia es combustible nuclear agotado para que se lo procese aquí. Luego se lo devolvería diluido y vitrificado a ese país. Como lo que se devuelve no tiene uso, pues será enterrado en Australia, el combustible nuclear agotado que nos mandarían a partir del año 2015 es basura. No podemos admitir que se venda el futuro de un país en base a las pocas páginas de un endeble informe técnico, y que el organismo que lo produjo, la ARN, sea parte del gobierno que hizo la operación. Porque si bien INVAP es presentada como una empresa de la provincia de Río Negro, quien verdaderamente la dirige es CNEA".

Incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Posible acción de amparo?.

El Dr. Raúl Montenegro indicó que si el Canciller Adalberto Rodriguez Giavarini "firma finalmente el acuerdo y avala con ello el contrato ilegal que se firmó el año pasado estará violando la Ley. El conoce esto porque el año pasado le enviamos una carta documento advirtiéndole la ilegalidad del contrato. Tanto el Canciller como otros funcionarios, entre ellos el Gerente de INVAP, podrían ser acusados de violar el Artículo 248 del Código Penal, esto es, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cabría investigar además la asociación que hubo entre ellos para realizar un acto prima facie ilegal. También estamos evaluando la posibilidad de presentar un Recurso de Amparo para que la justicia nos proteja de funcionarios que no saben cuidar la Constitución ni la salud de los argentinos".