No es raro oír hablar hoy en diversos foros de discusión –tanto académicos (como universidades o consejos profesionales) como populares (encuentros comunitarios, asambleas barriales, etc.)- sobre costos sociales, tópicos ambientales u otros aspectos que surgen de la urgente necesidad de revertir o actualizar medidas en relación con el consumo masivo de bienes y servicios.

La presente situación de indefensión de los usuarios es un tema fundamental que los organismos de control no pueden ni deben eludir. Es por ello que resulta indispensable que las políticas públicas activas caminen de la mano de las necesidades que proclama la gente. Y escuchar "sus" verdades para tomar decisiones al respecto, en lugar de desoirlas. No son pocas las empresas privatizadas que parecen privilegiar exclusivamente su rendimiento económico a la excelencia en la prestación del servicio. Por esa razón, muestran una verdad distinta, expresada fundamentalmente con variables de las ciencias económicas en términos que suelen contradecirse con lo exige el vecino de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, esas "respectivas verdades" de empresas y usuarios no sólo no concuerdan sino que, en la realidad de los hechos, resultan opuestas.

Paul Feyeraben en su Tratado contra el método confirma que en la búsqueda de la verdad y del conocimiento debe ser considerado tanto lo científico como lo extracientífico de cada disciplina. "Una sola ciencia constituye una de las muchas formas de pensamiento desarrolladas por el hombre, pero no es necesariamente la mejor". La verdad es una construcción y por lo tanto cada sector de la sociedad elabora su verdad y su forma de ver el mundo. Se deduce, por lo tanto, que no existe una teoría que sea propietaria de la verdad. Según Pierre Bourdieu y otros autores en El oficio del sociólogo, el "...establecer (...) que ‘el’ hecho científico se conquista, construye y comprueba, implica rechazar al mismo tiempo el empirismo que reduce ese acto científico a una mera comprobación y el convencionalismo que sólo le opone los preámbulos de su construcción".

La experiencia nos demuestra que las tutelas en las cuales se privilegia exclusivamente el rendimiento económico empresario a la calidad de los servicios, al uso racional de los recursos naturales y al mantenimiento del desarrolllo sustentable a largo plazo, conduce a una pauperización casi irreversible de la sociedad en su conjunto.

UNA CASCADA DE PROBLEMAS AGRAVADOS POR LA CRISIS

Con frecuencia la urbanización "se traga" espacios que en un pasado reciente eran confinados a destinos diferentes de los actuales. A eso debe sumársele el cambio en la calidad de los suministros esenciales para la supervivencia, por el privilegio del lucro de empresas privatizadas frente a otros aspectos no menos indispensables. Recordemos que la mayor parte de la población mundial respira el aire de las ciudades que, paradójicamente, es el menos apropiado para consumo humano. Los contaminantes gaseosos y las partículas en suspensión constituyen muchas veces una suerte de cubierta de "barro atmosférico" sobre las ciudades. Éste absorbe una parte importante de la radiación solar y nos priva del mayor "desinfectante natural", ya que frena su acción bactericida. Además, la recolección de basura domiciliaria, el transporte de residuos patogénicos y peligrosos, la distribución del agua, de la electricidad y del gas, la evacuación de aguas servidas, el transporte público de pasajeros, son algunos de los servicios que generan problemas ambientales que aumentan en períodos signados por crisis sociales como la actual. No es menos conflictivo el grado de sinergia o acción combinada de factores diferentes que convergen, disminuyendo la calidad de vida de los vecinos.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ECOSOFÍA

De este modo, las grandes ciudades han estado caracterizadas por períodos de intensas transformaciones ambientales y han generado fenómenos de desequilibrio ecológico que hoy amenazan la calidad de vida de sus habitantes. Paralelamente a estas conmociones, los diferentes modos de vida humanos tanto individuales como colectivos evolucionaron unidireccionalmente en el sentido de un progresivo deterioro.

La incapacidad del aparato administrativo estatal, fragmentario e insuficiente -en términos de recursos humanos y económicos- para contrarrestar este detrimento, se limita en general a abordar el campo de los problemas sociales urbanos relacionados con la provisión de servicios públicos desde una perspectiva casi exclusivamente tecnocrática, minimizando una disciplina menos científica en términos económicos pero más pragmática para los ciudadanos comunes, que se articula de manera ético-estético-política con las necesidades de la gente: la ecosofía. Ésta integra tres planos de análisis ecológicos: el del medio ambiente propiamente dicho, el de las relaciones sociales comunitarias y el de la subjetividad humana, dada por el propio raciocinio de sus integrantes y la legítima expresión de sus ideas y necesidades.

Las relaciones humanas con la sociedad, con su propia psique y con la naturaleza tienden a degradarse cada vez más, no sólo en razón de violaciones objetivas de derechos ciudadanos conculcados sino también por el hecho de un desconocimiento del hombre como parte de ambiente, lo que provoca pasividad por omisión en la elaboración de proyectos integrales. Es por esto que la ecología urbana en su conjunto debería sufrir una "recomposición". Tendría que tender hacia prácticas individuales y comunitarias según tres ejes o componentes esenciales interrelacionados: una ecología medioambiental propiamente dicha, integrada con una ecología social más activa y con otra mental menos discriminaroria de los sectores desprotegidos. La ecosofía implementada en forma efectiva desde los organismos de control en su conjunto conformaría un escudo de protección que garantizaría el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios.

La verdadera respuesta a la crisis sólo puede implementarse a escala urbana a través de un cambio de este tipo en la consideración política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de bienes y de la prestación de servicios. Este cambio no sólo deberá considerar a las relaciones de las fuerzas "medibles" para las empresas privatizadas en términos económicos sino también a los campos personales de sensibilidad social y ambiental. Una ecosofía integral, teórica en términos ético-estético-políticos y a la vez práctica -porque considera activamente los reclamos de los ciudadanos- se convierte en un instrumento de múltiples facetas que reinstaura las instancias analíticas perdidas en el camino de la crisis y del masivo descontento popular. Se trata de conjugar el crecimiento mediante la articulación, en primer lugar, de la consideración de las distintas subjetividades en estado latente; en segundo de la sociedad en estado "mutante" que hoy aprendió a exigir a sus representantes y, primordialmente, del ambiente en su conjunto que los contiene. De vez en cuando todos deberían reorientar la mirada para aprehender el mundo de la prestación de los servicios públicos esenciales a través de las distintas lentes intercambiables que constituyen las diferentes verdades humanas, para actuar en consecuencia. Lo contrario conduciría al absoluto fracaso del orden social y el ingreso a dramáticos callejones sin salida.