Los verdaderos costos ambientales, ¿son considerados cuando se confeccionan pliegos y se evalúan políticas públicas a implementar respecto de los servicios privatizados? En realidad, en la mayor parte de los casos no. Lo que debería ser la regla, cuando existe, constituye la excepción. Las políticas implementadas no evidencian un verdadero reconocimiento del valor científico de variables fundamentales que, ignoradas, llegan incluso a poner en riesgo la integridad física de los habitantes, porque su salud es función del ambiente en el cual viven o se trasladan haciendo uso permanente de los servicios públicos esenciales.
Si se analizan minuciosamente esas políticas, surge que predomina un criterio de falta de identificación de costos ambientales. O si son identificados, en el mejor de los casos, no son cuantificados Esta unidimensionalidad en la valoración impide percibir costos ambientales reales, que no fueron identificados desde un principio, o en los que su consideración fue minimizada frente a otras variables ¨más tangibles¨.

TARIFAS ¨INESPERADAS¨

Las medidas de mitigación presentes en la regulación actual atienden parcialmente a algunos impactos ambientales negativos reversibles. Los irreversibles, por definición, no tienen posibilidades de mitigación. Estos costos ambientales hoy están muy bien identificados y si bien en una pequeña parte son internalizados por el empresario, en su inmensa mayoría todavía permanecen sumergidos en la sociedad. En la práctica, es la comunidad la que debe asumir los costos de los perjuicios generados por prestaciones inadecuadas de los servicios. También es la que se ve obligada a sufrir a expensas del propio bolsillo de los usuarios el traslado de costos ¨inesperados¨ a través de las tarifas. Incluso otras veces, además, es la sociedad en su conjunto la que ha llegado a hacer en forma involuntaria las erogaciones necesarias para ejercer los controles que debía realizar el Estado Nacional (por ejemplo, a través del trabajo de la sociedad civil organizada en entidades no gubernamentales, universidades y otros ámbitos académicos o comisiones ambientales de consejos profesionales).
Así, en el presente y ante una situación de crisis generalizada, convergen -entre otros factores- la involución de algunas actividades productivas respecto de lo esperado en términos de valores agregados y de generación de empleos, con la creciente visualización de los perjuicios e impactos negativos ocasionados por las mismas. A esto, afortunadamente para los ciudadanos, debemos agregar un aumento en la conciencia ambiental de la población, la revalorización del medio como en común y como recurso esencial en una estrategia de desarrollo local sustentable. Como contrapartida, el conflicto de las competencias en la toma de decisiones que se produce entre los niveles de Ciudad Autónoma y de Nación complica los procesos de fiscalización y control de varios de los servicios públicos privatizados.
Intentaré explicar las falencias de este complejo sistema de interacciones, según mi percepción, de la siguiente manera: un proyecto de inversión implica la utilización de insumos, una ¨succión¨ de recursos productivos de la economía cuyo valor debe representar todos los costos. Su implementación genera resultados con una valoración que representa los beneficios del proyecto. La cuestión clave en la evaluación radica en determinar si la corriente de beneficios a generar es mayor que la corriente de costos que provoca. Pero de este conjunto de costos y beneficios generados por un proyecto, la evaluación privada sólo suele considerar los directos y primarios, es decir aquellos que efectivamente deben ser pagados o cobrados por el empresario. Por el contrario, la evaluación económica-social-ecológica considera todos los costos y beneficios, directos e indirectos, primarios y secundarios, que puede identificar, cuantificar y valorar.

Perjuicios para el vecino

Ejemplos de costos indirectos para el caso de la evaluación del control de calidad de los servicios públicos son, entre otros, los daños ambientales (por ejemplo la contaminación sonora en subtes y autopistas y la sobreproducción de material particulado proveniente de algunos combustibles), el deterioro de las casas y edificios por fisuras (como en el caso del transporte de carga a través de arterias inadecuadas) y la rotura de calles también debido al pasado de transito pesado, con el consecuente daño de redes subterráneas e infraestructura. Todo esto repercute en perjuicio. ¿de quién? Obviamente, y una vez más, del ciudadano común que paga sus impuestos y/o del usuario de los servicios públicos.
Yo diría que los pasos consecutivos indispensables, que se retroalimenten aceitando los mecanismos para mejorar la calidad de nuestros servicios y elaborar una estrategia común con la población serían cuatro. En primer lugar, identificar los conflictos implicados en la problemática ambiental generada por los servicios públicos. Luego, caracterizar las políticas públicas respecto del problema estudiado, a partir del análisis de los criterios explícitos o implícitos de evaluación, tomando como referencia aspectos transdiciplinarios económicos, sociales, naturales, etcétera. En tercer lugar, capacitar al ciudadano para que cuente con elementos concretos para hacer valer sus derechos. Y, por último, evaluar los grupos de bajo, mediano o máximo conflicto en torno de los diferentes ejes transversales o hilos conductores del conocimiento, en las actividades que promuevan la extracción y uso de recursos naturales en forma no sustentable, las contaminantes, aquellas de consideración ¨simplista¨ o parcial o donde falte consideración de alguna(s) variable(s).
Si bien la existencia misma de los conflictos expresa que socialmente muchos de estos costos son identificados, el análisis de la mayoría de las políticas públicas por acción u omisión permite establecer si son considerados (en general, no) y en qué medida son reconocidos como costos directos de la concesión, o son transferidos como costos indirectos internalizados en el conjunto de la sociedad. Para dejar planteado el interrogante, podría reelaborar la pregunta del inicio: ¿pueden categorizarse como ¨públicas¨ las políticas que internalizan los criterios de evaluación privada y subordinan todo otro objetivo al de garantizar sólo la rentabilidad de algunas empresas de servicios?