Hasta ahora la liberalización de las inversiones y la apertura comercial de los tratados de libre comercio firmados en el continente, especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha mostrado severos impactos sociales y ambientales para los pueblos y los trabajadores. Los pueblos de América aspiramos a una economía internacional bajo una lógica distinta que privilegie la sustentabilidad.

Desde una perspectiva ecológica, los problemas con la política de comercio e inversión clásica son los siguientes: se externalizan (no se consideran) los costos ambientales y sociales, se tiende a intensificar el uso de energía, sobre todo con combustibles fosiles, se sobreexplotan los recursos naturales y se daña la biodiversidad, erosionando la base de la actividad económica y social. Estas políticas intensifican la expropiación de recursos genéticos, la destrucción de ecosistemas naturales, la degradación ambiental en sectores agropecuarios y urbanos, la desregulación ambiental y la violación de los derechos ciudadanos individuales y colectivos de las generaciones presentes y futuras. La degradación del medio ambiente ha tenido un efecto desproporcionado sobre la gente que vive en la pobreza, especialmente las mujeres, ya que es común que estos grupos vivan en hábitats con recursos contaminados donde existe menos voluntad política por mejorar estas condiciones. Los que apoyan las políticas neoliberales tienden a considerar como obstáculos al intercambio comercial algunas dimensiones del desarrollo sustentable (como la seguridad alimentaria, la protección del conocimiento y la utilización colectiva de la biodiversidad, el uso sustentable de los ecosistemas y la existencia de sistemas justos y equitativos de distribución de los beneficios obtenidos de los recursos naturales). Por su parte, los gobiernos han rechazado estos ideales, prefiriendo responder a las necesidades y presiones del mercado internacional.

Lo ambiental es una dimensión y perspectiva que atraviesa todos los temas expuestos, por lo que mucho de lo que plantearemos a continuación se concreta o complementa en otros capítulos, por ejemplo, los que tratan los temas de energía y derechos de propiedad intelectual.

Principios rectores

6. Los gobiernos deberían establecer plazos definidos para terminar con la comercialización internacional de productos que dañan el ambiente. Durante el proceso de transición, se deberían imponer aranceles punitivos para desalentar su comercialización y evitar su uso.

Bosques

Los bosques de las Américas son el hogar de numerosos pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que de ellos obtienen los medios para su subsistencia física, al tiempo que aseguran su sobrevivencia cultural. adicionalmente, muchos otros pueblos y pobladores rurales que habitan en zonas aledañas a los bosques, obtienen de ellos numerosos bienes y servicios que aseguran sus medios de vida. Los bosques son además depositarios de la mayor parte de la biodiversidad terrestre existente en el hemisferio y cumplen funciones ambientales esenciales, tanto en el ámbito local como global. por tanto, deben evaluarse los riesgos que el modelo del libre comercio implica para los bosques de la región y para quienes de ellos dependen.

La experiencia y los resultados de los acuerdos comerciales del continente, y

especialmente del TLCAN, así como en general las políticas neoliberales muestran que los estándares de protección de los bosques se han debilitado. La tala indiscriminada ha perjudicado gravemente a los pueblos que habitan los bosques o que de ellos dependen. Además, se han perdido empleos en el sector forestal y se ha intensificado la explotación de los bosques nativos sin mejorar los sistemas de extracción forestal ineficientes y destructivos. Las plantaciones forestales industriales no pueden ser consideradas como bosques, ya que carecen de la mayor parte de sus valores característicos y en general resultan en procesos de deforestación.

Por ello cualquier acuerdo internacional en las Américas debe:

1. Considerar los bosques como ecosistemas variados y complejos, por lo que su uso debe respetar el equilibrio de factores bióticos y abióticos. En las Américas, los bosques son el hogar de múltiples pueblos - especialmente indígenas -, por lo que deben garantizarse sus derechos territoriales, sociales y culturales, sus formas de vida y civilización y el uso de sus recursos naturales.
2. La conservación de los bosques debe ser un objetivo prioritario de los procesos de integración, por lo que los acuerdos de inversión deben subordinarse a los acuerdos ambientales internacionales y a las leyes y políticas nacionales sobre conservación de la biodiversidad y bosques, incluyendo los servicios ambientales que éstos brindan.
3. El diseño e instrumentación de sistemas de ordenamiento territorial que contribuyan a vincular las políticas agrarias con las forestales, incorporando las necesidades y prioridades de las poblaciones locales mediante la promoción de su activa participación en la toma de decisiones.
4. El diseño de indicadores adecuados, objetivos y neutrales que midan el impacto de los procesos de integración económica y comercial sobre este y otros recursos naturales.
5. La eliminación de los subsidios ambientales y económicos que favorecen el uso indiscriminado de los bosques y crear, en cambio, subsidios para tecnologías y prácticas sustentables, en particular con especies nativas. Es urgente remover los subsidios para las plantaciones de monocultivos a gran escala. Asimismo, debe evitarse la sustitución de bosques nativos por plantaciones y proteger las especies en peligro de extinción.
6. La promoción de la certificación de productos forestales sustentables, así como los incentivo en a la producción y el comercio de bienes forestales reciclados. Debe favorecerse los procesos de certificación locales bajo criterios socio-ambientales.

La conservación de la biodiversidad ha sido responsabilidad de miles de comunidades que cultivan, utilizan e intercambian sus recursos por razones vitales y no por el interés de lucro. Existe una relación directa entre la diversidad cultural, natural y agrícola, que se alimentan mutuamente. El intercambio internacional de los recursos de la biodiversidad ha beneficiado a muchos pueblos, aunque de manera cada vez más desigual en las últimas décadas. La conservación, investigación y desarrollo de los recursos genéticos ex-situ, en centros científicos públicos y privados, combinado con la aplicación de sistemas de propiedad intelectual, ha institucionalizado el despojo y la monopolización de los recursos genéticos.

Actualmente la región enfrenta enormes amenazas a su biodiversidad, provenientes de la presión de los tratados internacionales de liberalización comercial y de la acción de las corporaciones multinacionales, favorecidas por legislaciones nacionales o regionales que amparan sus actividades.

Estas amenazas son, entre otras, el saqueo y la sobreexplotación de recursos, la erosión genética y cultural, la desaparición de especies de fauna y flora y de variedades agrícolas tradicionales, la disrupción de ecosistemas, la contaminación biológica con especies transgénicas, los múltiples impactos económicos, sociales y culturales sobre las poblaciones campesinas, indígenas, y en general locales con formas de vida tradicional, que se ven desplazadas por la fuerza o por la erosión de sus medios de vida.

En años recientes se han intensificado algunos procesos que llevan a mayores impactos negativos sobre la diversidad, tanto natural como cultural. Los megaproyectos de explotación de recursos naturales, incluídas la infraestructura de energía y transporte que éstos conllevan, tiene un impacto negativo físico directo. También hay procesos más indirectos, que conllevan fuertes impactos negativos. Estos son, en forma destacada, la acentuación del proceso de privatización a partir de las leyes de propiedad intelectual, la introducción de organismos manipulados genéticamente, el saqueo y privatización de recursos genéticos y conocimiento debidos a la "biopiratería", y la privatización –formal o fáctica- de las áreas naturales protegidas, enajenándolas de las poblaciones tradicionales y/o expulsándolas.

Tomando en cuenta estas situaciones, la agenda de trabajo de las redes de la sociedad civil debería incluir:

1. Rechazar los procesos de privatización en todos los planos, particularmente los referidos a recursos naturales y áreas naturales protegidas o de gran interés biológico y ecosistémico, pero también los procesos de privatización –directos e indirectos- de la educación y la investigación.
2. Rechazar y luchar contra los sistemas de propiedad intelectual sobre formas de vida y conocimiento asociado a ellas.
3. Reconocer y proteger los derechos colectivos de las comunidades locales en la conservación, cría y cultivo de la biodiversidad, en el marco también de la defensa integral de los derechos indígenas y campesinos a la tierra, recursos, a vivir sus culturas y practicar formas de gobierno, etc. Esto implica la primacía de los derechos colectivos y comunales (que en muchas comunidades es el conocimiento histórico transmitido por mujeres) frente a cualquier tratado comercial y sistema de propiedad intelectual.
4. Con base en el Convenio 169 de la OIT, asegurar el derecho inalienable de los pueblos, comunidades tradicionales negras e indígenas a la autonomía en la toma de decisiones sobre la integridad de sus hábitats tradicionales, los recursos naturales, la biodiversidad contenida en ellos, su uso y gestión de acuerdo con sus sistemas culturales y su derecho consuetudinario.

5. Establecer y/o afirmar el derecho de las comunidades locales a ser consultadas previamente, y al veto de proyectos de explotación o enajenación / privatización de recursos, proyectos de infraestructura o industriales que las comunidades locales consideren atentatorios contras sus formas de vida económicas, sociales y culturales.
6. La afirmación de las autonomías locales y étnicas no debe significar que las comunidades puedan vender o privatizar recursos públicos y colectivos de las naciones o estados, aún cuando estén en sus territorios.
7. Garantizar la libre circulación de conocimientos y el acceso a los recursos genéticos, particularmente para la investigación al servicio de las necesidades de las poblaciones y comunidades locales y en los centros de investigación públicos.
8. Consecuentemente, rechazar la realización de los llamados proyectos de "bioprospección", -prospección de recursos genéticos para su aplicación comercial-, ya que en la práctica son proyectos de biopiratería que posibilitan la apropiación de esos recursos y conocimiento tradicional asociado a ellos, para su patentamiento por parte de las multinacionales de las industrias agrícolas y farmacéuticas. Asimismo, rechazar que estos proyectos sean legitimados a través de leyes de acceso a los recursos genéticos que solamente han servido para legalizar este proceso de privatización de recursos y restringir el uso de bienes que siempre han sido públicos, colectivos y de libre intercambio. Denunciar y rechazar el mecanismo llamado "reparto de beneficios", es decir del pago de algún mínimo porcentaje del lucro obtenido por las empresas para comercializar esos recursos, que no evita el proceso de privatización y desata procesos de alienación y competencia al interior y entre comunidades o entre comunidades y estados
9. Reconocer y compensar la deuda ecológica histórica y actual con las comunidades que crean y conservan las bases de la biodiversidad, incluyendo recursos genéticos y conocimiento asociado a ellos. Esto implica, entre otras cosas, el reconocimiento (y repatriación cuando sea apropiado) por parte de los países que se han apropiado de recursos genéticos presentes en sus bancos de genes, jardines botánicos, y herbarios.
10. Rechazar el desarrollo, introducción y consumo de cultivos y otros organismos transgénicos, ya que significan un riesgo grave de contaminación biológica y de desplazamiento de variedades y especies locales, con impactos tanto ambientales y sobre la salud como sociales, entre otras cosas, por la pérdida del control de las semillas por parte de campesinos y agricultores.

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático.

La integración energética debe ser un proceso que permita el crecimiento de las potencialidades y la cooperación de los distintos países en relaciones de equidad de acuerdo con las características económicas, sociales y culturales de cada pueblo.

Se propone:

1. Reorientar inversiones, préstamos y subsidios hacia proyectos de energías limpias y hacia la eficiencia energética, garantizando acceso a esos proyectos en condiciones de equidad y considerando las prioridades nacionales incluyendo el transporte sustentable, priorizando el público sobre el privado y el acceso democrático a la energía doméstica, artesanal, comercial e industrial.
2. Eliminar los subsidios directos e indirectos a la energía basada en combustibles fósiles.
3. Desarrollar una base legislativa e institucional para el fomento de energías sustentables. Esto implica un soporte a la capacidad de investigación y difusión de energías limpias.
4. Declarar una moratoria en exploraciones relacionadas con la extracción de carbón, gas y petróleo en nuevas regiones como un paso hacia la transición a energías limpias, renovables y de bajo impacto ambiental.
5. Respetar el derecho de las comunidades en zonas afectadas por la producción energética y particularmente de las comunidades indígenas.
6. Garantizar la elaboración de estudios de impacto ambiental de todo proyecto de energía. Estos estudios deberán analizar las formas de reducción de energía y deberán considerar opciones, que sean limpias, descentralizadas y de bajo impacto.
7. Establecer convenios que regulen el depósito y transporte de productos energéticos (petróleo y gas) para prevenir riesgos y accidentes. Promover la cooperación internacional en el caso de accidentes, obligando a los responsables a asumir los costos sociales y ambientales de los mismos.
8. Asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los proyectos energéticos, particularmente de las comunidades afectadas, respetando su derecho a rechazar aquellos que puedan impactarles negativamente.

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OPINIONES

Minería

La herencia pasada y presente de la minería en las Américas incluye varias décadas de contaminación con metales pesados y destrucción de hábitats terrestres y oceánicos; amenazas a la salud y seguridad de los trabajadores mineros y sus familias, que muchas veces viven cerca de centros mineros insalubres, y producto de estar expuestos a la contaminación, sufren las repercusiones en su salud física y reproductiva. Estas condiciones se dan en todo el hemisferio, reflejo tanto de políticas publicas ineficientes para controlar de manera efectiva los impactos ambientales de esta actividad, como de conductas corporativas francamente depredadoras.

La expansión acelerada de las actividades mineras en manos de compañías internacionales no ha sido acompañada por controles, regulaciones y salvaguardas más fuertes para la salud humana y el ambiente. Al contrario, ha generado mayor demanda de recursos como agua y energía.

Por lo tanto, se exige a los gobiernos de las Américas:

El uso intensivo de plaguicidas químicos en la agricultura de monocultivos para la exportación crea graves problemas de salud pública, tales como: envenenamientos frecuentes por el uso de plaguicidas extremadamente y altamente tóxicos; la generación de problemas crónicos en la salud tales como malformaciones congénitas, cáncer, alteraciones del sistema hormonal, problemas reproductivos y los efectos al sistema neurológico. Especialmente son los niños, las mujeres en edad reproductiva y los/as trabajadores/as indígenas migratorios los sectores que se encuentran en mayor riesgo.

De manera similar el uso intensivo de plaguicidas químicos amenaza la biodiversidad de los agroecosistemas y ambiente de la región debido a la destrucción de la microflora y microfauna del suelo, la afectación de insectos benéficos, aves y otras especies de la vida silvestre; los impactos de las aspersiones aéreas, la contaminación de aguas subterráneas, el arrastre de contaminantes por los canales de riego a los ríos, lagunas y mares. Además de que provoca resistencia en insectos, hongos y malezas.

Los modelos de regulación y control de la contaminación por el uso de plaguicidas en la región resultan ineficaces debido a la falta de cumplimiento de leyes y normas, un monitoreo deficiente y la falta de reconocimiento del acceso público a la información sobre el uso de plaguicidas y su impacto en la calidad ambiental y alimentaria.

Por todo ello, se exige a los gobiernos de las Américas:

1. Armonizar las normas y regulaciones relativas al registro, etiquetado y uso de los plaguicidas de forma que se eleven el nivel de protección a la salud de los trabajadores (especialmente a la población indígena, mujeres y niños expuestos), de los consumidores y la conservación ambiental.
2. Reorientar las inversiones, préstamos y subsidios para el desarrollo de técnicas agroecológicas para el control de plagas que permitan ir eliminando el uso de plaguicidas químicos con mayor toxicidad aguda (Clasificación Ia y Ib de la Organización Mundial de la Salud) y aquellos con efectos crónicos para la salud de la población.
3. Reconocer los derechos de información de trabajadores agrícolas, comunidades y consumidores para saber el lugar, uso, volumen y tipo de plaguicidas químicos usados. Esto permitiría la participación ciudadana activa en el diseño de programas de reducción y eliminación de los agrotóxicos, y participar en la fiscalización de la calidad ambiental y del comercio de plaguicidas prohibidos en la región.
4. Firmar, ratificar y cumplir efectivamente el procedimiento de consentimiento previo (PIC) para el comercio de plaguicidas y formulaciones especialmente peligrosos, como lo establece el Convenio de Rotterdam.
5. Desarrollar planes nacionales de eliminación de los plaguicidas destructores de la capa de ozono y de aquellos que por su persistencia, bioacumulación, toxicidad y transporte a grandes distancias sean incluidos en el Convenio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y del resto de plaguicidas clorados usados en la región.

1. Incorporar el principio precautorio en el diseño e implementación de las políticas públicas de desarrollo industrial, de protección ambiental y de salud pública de forma que se reduzca la generación de los residuos peligrosos desde los procesos productivos mediante una mayor eficiencia y aprovechamiento de materias primas e insumos, la sustitución de materiales y sustancias especialmente peligrosas, y el rediseño de procesos tecnológicos y productos.
2. Armonizar los procedimientos de registro e inventario nacional de emisiones y transferencia de contaminantes para que incluya los estándares más altos de protección, sean obligatorios y se reconozca el derecho ciudadano al acceso pleno de la información que permitan identificar volumen, tipo de contaminantes y las fuentes locales de emisión.
3. Reorientar inversiones, préstamos y subsidios para estimular proyectos de cooperación y asistencia técnica y financiera que promuevan las formas de producción limpia y las tecnologías de tratamiento que no generen nuevos contaminantes.
4. Detener la transferencia de tecnologías sucias para el tratamiento de residuos peligrosos desde los países desarrollados. En especial impedir la expansión de la incineración para el tratamiento de residuos peligrosos, residuos hospitalarios, residuos municipales, o de su uso como combustible en hornos cementeros.
5. Ratificar la enmienda al Convenio de Basilea que prohíbe la exportación de residuos peligrosos desde los países de la OCDE a países no OCDE y establecer mecanismos de monitoreo y vigilancia pública.
6. Firmar y ratificar el Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes e implementar planes nacionales de eliminación con amplia participación ciudadana.