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NECESIDAD DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE FORESTACION DE EMERGENCIA,

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LES PAGAN A CAMPESINOS PARA QUE NO DERRIBEN ÁRBOLES,

MAXIMO TRIBUNAL NEUQUINO PROTEGIO LOS DERECHOS MAPUCHES

FALLO DE LA CIDH EN FAVOR DE UNA COMUNIDAD MAPUCHE

daniel — Tue, 12 Apr 2011 21:42:06 +0000

Derecho humano al territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (…) de manera tal que se preserve el lugar”.
La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).
“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.
El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
Jueces empresariales
La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam (“Volver al pensamiento originario”, en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por “usurpación” y “daños y perjuicios”. Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.
“Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra.” Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: “La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello”.
Vía: pagina12

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MAXIMO TRIBUNAL NEUQUINO PROTEGIO LOS DERECHOS MAPUCHES

daniel — Mon, 11 Apr 2011 21:21:26 +0000

El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
En la imagen, se ve una marcha de la comunidad de Mellao Morales, que finalmente logró el fallo constitucional.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (…) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.
Vía: pagina12

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LAS TIERRAS DE LOS WICHIS

daniel — Tue, 29 Mar 2011 21:10:41 +0000

FALLO EN LA JUSTICIA FEDERAL
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial (que revocó otra de primera instancia) le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Vía: pagina12

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CONSTATAMOS LA EXISTENCIA DE UNA SITUACION DE RIESGO

daniel — Tue, 01 Mar 2011 21:25:19 +0000

Comunidades indígenas advierten sobre las consecuencias del desmonte. Advirtieron sobre el “peligro inminente” de alud en el noreste de Salta
La advertencia de comunidades wichi, líderadas por Octorina Zamora, sobre el “peligro inminente” de alud en Embarcación, en el noreste salteño, derivó en la suspensión “indeterminada” de aprovechamientos forestales, mientras el gobierno provincial, según fuentes oficiales, estudia otra respuesta al problema ambiental.
Zamora, es una reconocida dirigente wichi en Salta, que encabezó las protestas junto con el Movimiento Chico Mendes y agrupaciones de base y que, entre otras acciones, organizaron una marcha de cien mujeres desde Embarcación a la capital provincial a mediados de diciembre pasado con las consignas: “Paren el Alud, paren los desmontes”.
“Pedimos que se hagan estudios de impacto ambiental porque pese a la ley de bosques, la extracción de madera siguió, los cerros quedaron desnudos y la tierra -suelta- se va con el agua.
Esta es la época de lluvias y tenemos mucho miedo de otro alud”, declaró Octorina a Télam.
Al problema ambiental, Zamora sumó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que ocupan la periferia de Embarcación, una ciudad de 28 mil habitantes, emplazada entre los ríos Bermejo y Seco, en una zona de transición entre las yungas y el chaco semiárido.
“Las 17 comunidades que estamos en Embarcación somos víctimas del despojo constante. Cuando recurrimos a las yungas porque es nuestro territorio de ocupación ancestral nos enteramos que están en manos privadas. Resulta que hay franceses, españoles, ¿y nosotros, cuándo?, ¿por qué siguen vendiendo tierras, que son de las comunidades originarias, con indios adentro?”, se preguntó Octorina.
La medida del gobierno salteño, de poner fin a la tala en la zona fue adoptada tras realizar inspecciones propias a fines de diciembre último pero como consecuencia de la movilización de los pobladores, que incluyó la toma de la oficina gubernamental, y que según explicó durante un diálogo con Télam el secretario de Política Ambiental, Sebastián Varela, “es en resguardo de la población y la infraestructura de la zona”.
El abogado indicó que “constatamos la existencia de una situación de riesgo, por las condiciones geológicas, antrópicas y climáticas descriptas en el informe que realizaron nuestros técnicos”, y definió como “complejos, interrelacionados y de gran magnitud” a los problemas ambientales en la ciudad del noreste salteño.
Agregó que desde la oficina ambiental se puso en conocimiento del gobierno salteño de la delicada situación por lo que, se espera la formación de una comisión a la que se invitaría a Vialidad Nacional para estudiar una respuesta.
Sin embargo, Octorina dice que la emergencia demanda acciones inmediatas: “¿qué esperan? ¿qué tenemos qué hacer? Después de cada desastre hay políticos que quedan más ricos”, sostuvo al recordar casos de funcionarios que se quedan con las donaciones para los afectados por los aludes en Tartagal.
Preocupada contó que el río Bermejo “está lleno” y que si hay que hacer infraestructura “gaviones por ejemplo, que comiencen ya”, dijo al señalar que la naturaleza está respondiendo a la presión insaciable que hay sobre los recursos y que, con el correr de los años, cambiaron radicalmente sus características.
Tanto Octorina Zamora como Varela mencionaron los caños de hidrocarburos que estaban soterrados y que actualmente aparecen por encima del suelo erosionado, o colgando en quebradas abiertas tras cada tormenta como la muestra más dramática del proceso ambiental que se registra en la zona.
La resolución de la oficina que conduce Francisco López Sastre, de suspender por tiempo indeterminado la tala, también promueve la formación de una comisión interdisciplinaria, constituida por organismos provinciales con competencia e incumbencia en el tema, como así también Vialidad Nacional y el Municipio de Embarcación, “a fin de evaluar las medidas a adoptar”.
“Queremos ver los estudios de impacto ambiental que habilitan actividades agrícolas, madereras y petroleras en la zona, y que las obras que se realicen cuenten con participación de las organizaciones sociales e indígenas que denunciamos”, contestó Octorina, quien junto con los casi treinta mil embarcacionenses está pendiente de las lluvias y la creciente de los ríos Bermejo y el Seco, el mismo que en 2006 se llevó un puente y aisló durante meses a Tartagal.
Vía: el once (Entre Rios)

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CACTACEAS DE MEXICO, EN PELIGRO DE EXTINCION

daniel — Fri, 04 Feb 2011 20:41:15 +0000

La sobreexplotación de las cactáceas de México pone en riesgo especies únicas en el mundo. Las cactáceas brindan diversos beneficios a los ecosistemas. Crecen en suelos áridos y de poca humedad. Los mantienen compactos y vivos gracias a una red construida con sus raíces. Tardan en crecer entre 150 y 300 años, por lo que cuando se extrae un ejemplar sin control, resulta difícil reponer sus funciones biológicas.
Diversidad de cactáceas en México
Aunque se desconoce la magnitud del comercio ilegal de cactáceas, su extracción representa una amenaza para 20 por ciento de estos ejemplares. En América existen mil 700 especies de cactáceas, de las cuales México posee 800 y pese a esta abundancia, son desconocidas y poco aprovechadas.
Aunque México es el país del continente americano con la mayor diversidad de cactáceas, no ha sacado provecho de esa ventaja para generar recursos a partir de la explotación de esas plantas, sobre todo como producto ornamental, asegura Salvador Arias, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En América hay alrededor de dos mil especies, México cuenta con 670 especies y 244 subespecies, por lo que es fundamental crear una cultura para su cuidado y explotación.
Usos
“Las cactáceas tienen potencial enorme para el consumo alimenticio, para la industria de la construcción, la industria de alimentos especializada, pero hay poca investigación y, sobre todo, poca inversión”, asegura Omar González Zorzano, presidente de la Sociedad Mexicana de Cactología
Cactaceas en peligro y mas
Las cactáceas tienen diversos usos: alimenticio, al aprovechar sus tallos, flores y frutos para obtener nopal, tuna, xoconostle, golosinas y harinas, entre otros; la producción de bebidas, como aguamiel o pulque; en la medicina tradicional y también en la científica, pues se pueden obtener diuréticos, laxantes, cicatrizantes, sustancias contra las úlceras y otras productos.
Asimismo se pueden obtener colorantes, como la grana-cochinilla (insecto que aparece en diferentes especies del nopal), material de construcción, fibras y forraje para ganado, además de utilizarlas —esto es más reciente, pero menos explotado—, de ornamento, lo cual representa una industria internacional no explorada en el país y que podría generar altos recursos económicos.
Peligro de extinción
Aunque los mexicanos muchas veces no sabemos apreciarlas, por su gran belleza muchos extranjeros las han extraído del país desde tiempos coloniales, de tal manera que sus jardines botánicos están más completos que los nuestros
Factores como el comercio ilegal y la destrucción del hábitat de las cactáceas, un gran número de éstas se encuentran en peligro de extinción. Incluso, hay visitas guiadas que se organizan desde el extranjero para sustraerlas de sus localidades naturales. Estas excursiones se organizan en las diversas “sociedades de amigos de los cactus”, comunes en Europa.
Otros saqueadores son los comerciantes de flores: van a las zonas donde se dan los cactus con mayor valor comercial y acaban con poblaciones enteras.
El investigador Miguel Cházaro, explica que México posee el mayor número de cactaceas en América Latina, las cuales crecen sobre todo en la región que abarca los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
“Una décima parte de las cactáceas de México está en peligro de extinción por el saqueo de los extranjeros”, afirma el investigador, quien agregó que la vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no ha bastado para detener este proceso.
Aprovechamiento en México
“Nuestro país es el mayor productor de cactáceas y crasuláceas (cactus sin espinas) de todo el mundo por lo que es necesario comenzar a impulsar proyectos productivos en todas las áreas”, ya que actualmente la demanda mundial está siendo abastecida por otras naciones como Estados Unidos, Argentina y Brasil, quienes tienen un gran número de especies de estas plantas y cuentan con una infraestructura hortícola más desarrollada, afirma Humberto Ramírez Coronel, Coordinador del Comité Organizador de la feria Feria de las Cactáceas en Axapusco.
Vía: Ecoportal

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daniel — Wed, 29 Dec 2010 12:21:05 +0000

Una comunidad indígena zapoteca de Oaxaca utiliza técnicas agrícolas sustentables para apoyar sus negocios de muebles y madera.
Hace tres décadas, los indígenas zapotecas en el estado de Oaxaca, en el sur de México, lucharon con éxito por el derecho de administrar comunitariamente el bosque. Antes de eso, compañías paraestatales lo habían explotado a placer bajo concesiones del Gobierno federal.
Los indígenas desarrollaron poco a poco su propio negocio maderero y comenzaron a estudiar las formas de proteger el bosque. Hoy en día, las empresas del pueblo dan empleo a 300 personas que cosechan la madera, producen muebles y cuidan el bosque, e Ixtlán se ha convertido en el patrón oro de la propiedad y administración comunitaria de los bosques, manifiestan expertos internacionales en silvicultura.
Las empresas forestales comunitarias de México actualmente abarcan desde los bosques de caoba de la Península de Yucatán hasta los bosques de robles y pinos de la Sierra Madre Occidental. Unos 60 negocios, entre ellos Ixtlán, están certificados por el Consejo de Administración Forestal, en Alemania, que evalúa las prácticas sustentables de silvicultura.
Entre el 60 y el 80 por ciento de los bosques mexicanos restantes está bajo control comunitario, de acuerdo con Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En los países en desarrollo, donde el estado de derecho es débil y la aplicación de las leyes es desigual, el simple hecho de declarar a un bosque protegido no evita la tala ilegal o el desmonte de tierra para la agricultura o el desarrollo. “A menos que las comunidades locales se comprometan a conservar y proteger los bosques, no va a suceder”, aseveró David Kaimowitz, ex director del Centro para Investigación Forestal Internacional, o Cifor, quien actualmente está en la Fundación Ford. “El Gobierno no puede hacerlo por ellos”.
Un estudio realizado por la Iniciativa de Derechos y Recursos, un grupo activista en Washington, reportó que más de una cuarta parte de los bosques en países en desarrollo es administrada hoy por comunidades locales. La tendencia es mundial, desde China hasta Brasil. En Ixtlán, bajo las tradiciones zapotecas, todas las decisiones respecto del bosque y sus negocios relacionados son tomadas por una asamblea general de 390 habitantes del pueblo, en su mayoría varones. Se requiere que estos “comuneros” aporten su labor según sea necesario para el bosque y sus empresas.
Muchos de los problemas que aquejan a otros bosques en México, como la tala ilegal y la deforestación, no son una preocupación en Ixtlán. Pedro Vidal García, durante varios años silvicultor en Ixtlán, quien hoy trabaja en la Alianza para Bosques, soltó una carcajada cuando se le preguntó sobre la tala ilegal en las 19 mil hectáreas de bosques que son propiedad de la comunidad. “Quien intente su propio negocio ilegal es severamente juzgado”, comentó. “La asamblea es muy estricta”.
El año pasado, los negocios de la comunidad generaron ganancias de unos US$230 mil. De esa cantidad, el 30 por ciento fue reinvertido en los negocios, otro 30 por ciento se destinó a la preservación forestal y el 40 por ciento fue para los trabajadores y la comunidad para solventar pensiones, una unión de créditos de bajo interés y vivienda para alumnos que estudian en la capital del estado.
Incluso los defensores más fervientes de la silvicultura comunitaria admiten que no es la respuesta para proteger los bosques en todo el mundo, pero es una gran mejora respecto de lo que había antes. “Las cosas están funcionando”, aseguró Francisco Chapela, agrónomo que llegó a Oaxaca hace 30 años y hoy trabaja para la Alianza para Bosques. “Se han creado muchos empleos y ha entrado mucho dinero a las comunidades”.
Vía: The New York Times

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TURISMO VERDE EN TAILANDIA

daniel — Tue, 28 Dec 2010 12:08:17 +0000

Objetivo de las vacaciones, protección del ambiente. El turismo masivo amenaza el ambiente, pero en esta industria también hay opciones más respetuosas. Es el caso del ecoturismo, que pretende asegurar la diversidad de destinos culturales sin dañar el clima.

A las ocho de la mañana ya están todas las toallas colocadas en la piscina. A las once ya vienen los primeros turistas a tomar un trago de la ponchera de sangría. Dentro del hotel aguarda un buffet libre, y el personal habla alemán. Así son, más o menos, unas vacaciones en una zona costera de Mallorca, una semana por 287 euros, vuelo y bebidas incluidos.
UN RAYO DE LUZ PARA EL ECOTURISMO
Un escenario así supone la posibilidad de escapar de la vida cotidiana a precios baratos, pero también una enorme amenaza para el medio ambiente: el turismo masivo sobrecarga las regiones vacacionales desmesuradamente, y daña la naturaleza. En Mallorca, la escasez de agua y la pavimentación de las zonas costeras para la construcción de complejos hoteleros son algunas de las consecuencias de las masas de turistas, principalmente ingleses y alemanes, que inundan las antiguamente tranquilas playas de las Islas Baleares desde la década de los 50.
Existe una alternativa a la eterna lucha por las mejores playas del mundo: el turismo comedido. Bajo esta categoría entran varias modalidades, como el turismo verde o ecológico. Un concepto con diferentes nombres, pero esencialmente un mismo significado: los viajes se deben realizar de forma social y ecológicamente respetuosa, sin destruir ni modificar los destinos vacacionales por los turistas.
BUENA CONCIENCIA INCLUÍDA
“El ecoturismo es una forma responsable de viajar que contribuye a la protección medioambiental y al bienestar de la población local”, explica Ayako Ezaki, de la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES). “Su objetivo es que tanto la naturaleza como las personas puedan beneficiarse del respeto cultural, económico y ecológico de este tipo de turismo”. Para ello, ciertamente, la gente debe gastarse más dinero que con los paquetes de vacaciones de agencias, pero por otra parte se ahorran remordimientos. Más de un turista ya no se siente bien al pensar que gasta cada día incontables litros de agua en sus duchas, mientras que los locales apenas disponen de agua potable.
Este tipo de sentimientos son urgentemente necesarios en vista de los progresivos pasos del Cambio Climático. Anteriormente, estos viajes iban siempre acompañados de precios tan altos que poca gente se podía permitir salir a ver el mundo. Pero en el último siglo, las vacaciones han pasado a ser algo garantizado, al menos para los habitantes del mundo industrializado de los países del norte. Cada año se registran cerca de 900 millones de viajantes en el turismo global, con graves consecuencias: con el crecimiento de la industria, se incrementan también las emisiones de CO2 rápidamente.
Paneles solares en los techos de los hoteles
Pero también crece la rama del Ecoturismo, según TIES, hasta un 34% cada año desde 1990. Jonathan Tourtellot, del Centro del National Geographic de Destinos Sostenibles, opina que este desarrollo se debe a la creciente conciencia de la gente por la protección medioambiental y la lucha contra el Cambio Climático. “Además, la demanda de destinos auténticos es cada día más grande”, afirma Tourtellot.
Aún así, los ecoturistas viajan principalmente en avión, y contribuyen así a las emisiones extra de CO2. Además, los centros turísticos utilizan enormes cantidades de electricidad. Filtros en las piscinas, aire acondicionado, iluminación nocturna… Toda esta energía suele provenir de combustibles fósiles. Pero a pesar de ello, esta modalidad de turismo logra reducir los daños al medio ambiente, por ejemplo, mediante el uso de energías regenerativas en los complejos hoteleros.
DIVERSIDAD COMO INCENTIVO
La isla tailandesa Kho Khao es un proyecto modelo para una vía diferente. El complejo Playa Kho Khao, por ejemplo, obtiene una buena parte de su demanda de energía a partir de una combinación de sistemas solares y eólicos. El objetivo es la reducción de emisiones de CO2 en un 20%. La isla entera será, a largo plazo, un ejemplo de turismo sostenible.
El ecoturismo se basa en la autenticidad, a diferencia de los clásicos puntos vacacionales. Los turistas no deben encerrarse en el ambiente clínicamente pulcro del hotel, sino que deben acercarse a la diversidad del entorno y su belleza natural. Esta última es, en realidad, el mayor potencial de la isla, habitada por tortugas marinas, delfines y ciertas aves. Para la protección de estos animales, es de capital importancia un desarrollo prudente y ecológicamente respetuoso del turismo.
TURISMO VERDE COMO MODELO DE DESARROLLO
Por ecoturismo no se entiende únicamente la protección del clima: el concepto también está presente en debates de política de desarrollo. Ekazi, de TIES, expresa que el ecoturismo de grupos locales debe ayudar en la lucha contra la pobreza y desarrollarse a largo plazo. Además, lo ideal sería que los turistas aprendieran algo de la cultura del país que visitan, y que se relacionen con la población nativa.
“El ecoturismo no es un camino unidireccional”, dice Ezaki. “Aunque en estos momentos se esté estableciendo como modelo de desarrollo en muchos países del sur del planeta, eso no significa que no se dé también en países económicamente más fuertes”.
El centro del National Geographic de Destinos Sostenibles trabaja, por ejemplo, junto con una iniciativa local en Douro-Tal, Portugal, para la instauración de un turismo comedido en la región. Y también hay esperanza en Mallorca: numerosos proyectos desean conservar y mostrar la belleza de la naturaleza local al margen del turismo masivo. A este efecto, el Gobierno español ya ha ordenado que se detengan las construcciones de complejos hoteleros en algunas regiones.
Vía: Deutsche Welle

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ESTRATEGIAS VERDES EN GUYANA

daniel — Thu, 23 Dec 2010 12:02:23 +0000

Guyana recibe los primeros fondos para conservar sus bosques tropicales
En muchos países, la selva tropical es talada en beneficio de la industria, la agricultura y la producción de materias primas. Una manera de potenciar el desarrollo económico que debe redundar en un mayor bienestar. Guyana pretende explotar otra vía: con la LCDS (Low Carbon Development Strategy, Estrategia de desarrollo de bajo carbono), el gobierno pretende implementar un plan revolucionario. Conseguir que la selva tropical sea reconocida como un bien económico y reclamar dinero a la comunidad internacional por su conservación. Naciones Unidas todavía no ha aprobado el plan.
Objetivo del proyecto: la selva tropical, junto con las riquezas del subsuelo, debe convertirse en sinónimo de bien económico
Meta climática: conservar la selva como almacén gigante de CO2
Tamaño del proyecto: alrededor de 170.000 kilómetros cuadrados de selva tropical
Volumen de la inversión: 600.000 euros para la evaluación del potencial de CO2 de la selva
Mediante el acuerdo firmado con Noruega en noviembre de 2009 para combatir el cambio climático en el país Guyana recibirá otros 220 millones de dólares en un plazo de 10 años a fin de aplicar iniciativas efectivas contra la degradación forestal, responsable del 70 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el orbe.
Jagdeo añadió que el Gobierno empleará el financiamiento recibido para iniciar la construcción de una hidroeléctrica en las cataratas de Amaila, delimitar las tierras indígenas, instalar paneles solares en las villas amerindias y diversificar sus labores económicas.
La estrategia de desarrollo de bajo carbono del presidente Bharrat Jagdeo, busca proteger los bosques del país (cuyo tamaño es similar a Inglaterra) si fuesen pagadas compensaciones. Y el dinero está llegando: Noruega ya declaró que le dará a Guyana 250 millones de dólares para los próximos cinco años. Pero para que eso ocurra, el país tendrá que implementar reglas estrictas para la minería. Es en este punto que comienza una ardua batalla con los mineros, quienes dicen que es difícil entender porque un sector tan importante, que tala aproximadamente 0,0294 hectáreas anualmente de área boscosa, emplea más de 100 mil personas y produce 400 millones de dólares, pueda ser reducido.
Vía: Clarín

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EL MENSAJE DE LOS ARBOLES

daniel — Wed, 15 Dec 2010 12:23:03 +0000

DIALOGO CON EL INGENIERO AGRONOMO JOSE ARMANDO BONINSEGNA
Los árboles nos cuentan una historia, una historia de cómo fue el mundo. Es entonces lógico que el jinete hipotético ate las riendas de su caballo a uno de ellos y se disponga a escuchar.
–¿Por qué no me cuenta en qué consiste su trabajo?
–¿Cómo puedo hacer para explicárselo simplemente? Bueno, le diría, para empezar, que soy especialista en el Holoceno tardío y trato de ver todas las cuestiones relacionadas con el clima de ese período.
–¿Hace cuánto tiempo es el Holoceno tardío?
–Hace unos 2 mil años.
–¿Y qué es lo que hacen para estudiarlo?
–Utilizamos el ancho de los anillos de los árboles para determinar cuáles son las variaciones climáticas que se produjeron en ese período.
–A ver cómo es eso…
–Esta técnica tiene el nombre complejo de “dendrocronología” (dendro= árbol, cronos= tiempo, logos= conocimiento). Es una técnica relativamente sencilla y muy barata, lo cual es muy conveniente. Al poco tiempo que uno empieza a estudiar esta técnica se da cuenta de que tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Quizás usted, que es matemático, me va a entender bien. Cuando uno puede fijar en el tiempo un fenómeno con mucha precisión, ese hecho es necesario, imprescindible y fantástico para un montón de cosas. Por ejemplo, con esta técnica puedo tomar cuadros de un pintor holandés del siglo XV o XVI y, viendo la madera, puedo fecharlo y decir si la madera sobre la que está pintada es de la época o no, determinando así si el cuadro es auténtico o no. ¿Por qué pasa eso? Porque los árboles son seres vivos y se comportan como nosotros. Cuando tienen un clima que les es favorable (temperatura, humedad, etc.), crecen un poquito más, con lo cual producen un anillo de crecimiento ancho; cuando tienen condiciones adversas, “hacen dieta” y el anillo es más pequeño. Cuando uno observa el árbol, encuentra anillos más anchos y más estrechos, que son comunes a los árboles de una región (porque el clima los afecta de la misma manera). Aparte se forma un anillo todos los años. Entonces si yo parto de la zona más externa del árbol, donde está la corteza, y empiezo a contar hacia adentro, sé cuánto tiempo vivió ese árbol; pero además puedo medir el ancho y tengo una representación de cómo fue el clima. Y tengo entonces un patrón, que es como si fuera un patrón de barra, de la región de donde provino esa madera. Esta técnica se ha aplicado para estudios del Holoceno. Hay unos árboles que son muy longevos. Una de las especies está en el Sur, cerca de Bariloche, y es el alerce. El alerce llega a vivir hasta 2500 años. Hay otros árboles que también son interesantes, como el austrocedro, que también llega a más de 1500 años vivo, o las araucarias. De manera que podemos hacer series bastante largas de lo que fue el clima. Y eso nos permite, por ejemplo, determinar la variación climática que hubo en los últimos mil años. La variación que estamos viendo es efectivamente mucho más grande que el rango de variación climática que se manejaba hasta ahora.
–¿Es verdad eso?
–Sí, claro. En la Patagonia, en los últimos mil años, nunca ha habido temperaturas tan altas como ahora. Y eso se corrobora con otro tipo de fenómenos, como el derretimiento de los glaciares, la aparición de otros insectos, los movimientos de la línea de árboles (que sube porque encuentra mejores temperaturas arriba en la montaña). Es decir que la observación de los anillos complementa otras observaciones que son, también, fundamentales.
–¿Y usted qué hace con esas mediciones?
–La información que tiene un árbol es muy variada. Una vez me pidieron que explique para niños qué era lo que hacía. A mí no se me ocurría cómo hacerlo, pero una colaboradora les preguntó a sus hijos cómo describirían el trabajo que hacíamos nosotros con los árboles. Los chicos respondieron: “Es muy fácil. Los arbolitos van a la escuela y aprenden a escribir. ¿Dónde escriben? En su panza. ¿Y cómo escriben? Con anillos. Y lo que ustedes hacen es leer todo lo que los árboles escribieron”. Y es efectivamente eso lo que hacemos: saber a partir de esos anillos si llovió o no, si hubo un incendio, si hubo una avalancha, si el suelo se movió y el árbol tuvo que crecer de otra manera para enderezarse, si hubo algún insecto que le comió parte de las hojas y le produjo una cicatriz, si hubo un terremoto. En fin: tienen un lenguaje que hay que saber leer y traducir, que es lo que nosotros hacemos. Tratamos de maximizar una señal que queremos estudiar. Es importante destacar que la técnica no es destructiva: para los árboles que están vivos se usa una herramienta especial mediante la cual se le hace un agujerito mínimo (que no le produce ningún daño al árbol). Es más o menos como hacer una biopsia.
–Retrocedamos 2 mil años. ¿Cómo era todo entonces?
–Depende de la región. Acá, en la región de Cuyo, no era muy diferente de lo que es ahora. Quizás había períodos donde la montaña tuvo más cobertura de nieve, más hielo, hubo períodos donde la temperatura fue más alta (coincidiendo con lo que pasó en otros lugares del mundo, en lo que se denomina el “óptimo medieval”). Esas temperaturas fueron muy buenas para el hombre, no sé si para el árbol. Pero para el hombre era mucho más templado y cómodo de lo que fue posteriormente, en lo que se llamó la “pequeña edad del hielo”. Acá hubo manifestaciones de esa edad, que están centradas más o menos desde 1650 hasta 1850. En ese período de 200 años tenemos en la Patagonia un período frío. En lo que respecta a la montaña acá de Mendoza hay un pequeño problemita, que es que la montaña no tiene muchos árboles. Pero sí se encuentran árboles del lado chileno, y esos árboles nos permiten ver más o menos qué pudo haber pasado de este lado de la cordillera. No se olvide que nuestra cordillera recibe su humedad viniendo desde el Pacífico, de manera que lo que ocurre en Chile, le ocurre a nuestra cordillera. Y acá sí ha habido períodos de sequía más o menos prolongados y períodos de mayor abundancia de lluvias. Lo interesante es que estos períodos están disminuyendo. Del 1900 a esta parte, la tendencia que se observa (tanto en los árboles como en otros proxy) es que la precipitación está bajando.
–¿Por qué?
–Uno de los problemas puede ser el cambio climático.
–¿Pero desde 1900? ¿No es un poco temprano para hablar de cambio climático?
–Hay dos cosas que se superponen en el cambio climático. Una es la variabilidad natural y la otra es el efecto antropogénico. Separar ambas señales no es una tarea fácil. Uno tiene la tendencia a decir que el cambio es más visible en la serie de temperaturas que en la serie de precipitaciones. La serie de precipitaciones puede tener varios otros motivos, como por ejemplo la acción diferencial de algún forzante climático…
–¿Qué es un forzante climático?
–Un forzante climático es alguna condición que obliga al clima a cambiar. Un forzante son las corrientes del Niño o la Niña: esa condición atmosférica hace que la variación climática aumente. Hay otro forzante, que es la oscilación decadal del Pacífico. Es una modulación del Niño y produce una señal que puede verse en los caudales de nuestros ríos, en los anillos de árboles. Tiene un centrado de cerca de 30 años. Tampoco podemos descartar las influencias solares.
–Antes habló de “proxy”. ¿Qué es eso?
–Llamamos así a aquellos datos que, si bien no son exactamente climáticos, representan un poco el clima. No son datos instrumentales, no se pueden cuantificar del mismo modo que otros. Hay varios: los corales, los testigos de hielo que se toman en la Antártida, las estalactitas, que tienen depósitos calcáreos donde quedan fijados isótopos del agua y del oxígeno…
–En Mendoza es más o menos igual el clima. ¿Y en el Sur?
–Más al Sur se ve mejor la variación de la “pequeña edad del hielo” y del máximo medieval.
–¿Qué fue el máximo medieval?
–Un máximo de temperatura, que se dio alrededor del 1000 o el 1200.
–¿Y con relación a hace 2 mil años?
–No hubo demasiadas variaciones. Para encontrar variaciones más importantes hay que irse más atrás. Pero eso no lo podemos hacer porque no nos da el árbol.
Vía: pagina12

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