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DELTA:ROTUNDO RECHAZO POPULAR A COLONY PARK

daniel — Fri, 08 Jul 2011 21:05:49 +0000

Isleños, destacados científicos, organizaciones sociales y funcionarios de Tigre, San Fernando y San Isidro manifestaron en forma unánime su rechazo y repudio al megaemprendimiento inmobiliario Colony Park, que causó desde 2008 la destrucción del Arroyo Anguilas y arrasó con las casas y plantaciones de esa comunidad isleña. Se denunció la nulidad de la audiencia por ser realizada luego de consumadas las obras.
Más de 60 oradores de organizaciones sociales denunciaron la nulidad de esta audiencia pública convocada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por haberse realizado luego de consumadas las obras, por lo que carece totalmente de validez. Los gobiernos municipales de Tigre y San Fernando por primera vez se declaran en contra del emprendimiento. La representante de la empresa Colony Park denigró el modo de vida isleño.
En agosto de 2008 la empresa Colony Park había invadido la propiedad de aproximadamente 20 familias isleñas del arroyo Anguilas arrasando con topadoras sus casas y plantaciones forestales. Casi tres años más tarde el OPDS convoca a una audiencia pública, realizada hoy en el Concejo Deliberante de Tigre.
En representación de la empresa expuso la Lic. Laura Janeiro, quien no tuvo vergüenza en mostrar fotos de casas isleñas humildes y decir que no se puede defender la vida en esas condiciones precarias. Argumentó que el Delta ya está degradado y alterado ambientalmente (aludiendo a la caza y la pesca de los isleños) y que ya hay desigualdades sociales (como mostró en las fotos), por lo cual Colony Park no sería algo distinto a lo que ya hay. Reconoció que la empresa destruyó las casas de familias y el medio ambiente (textualmente dijo: “yo ya sé que la empresa arrasó con las cosas”), pero lo justificó diciendo que, después de todo, las plantaciones que destruyeron eran de especies exóticas y que ellos tienen un proyecto de vivero de plantas nativas. Usando frases e imágenes de personalidades como Einstein y Groucho Marx dijo que “hay que tener una visión amplia para las cosas nuevas”.
No menos sorprendentes fueron las declaraciones de los voceros de los municipios de Tigre y San Fernando. Por primera vez, luego de más de dos años de iniciadas las obras, Julio Zamora (presidente del Concejo Deliberante de Tigre y referente del intendente Massa), Esteban (Concejal de San Fernando del FPV) y Castellano (Concejal de San Isidro del partido de Posse) se manifestaron en contra del megaemprendimiento inmobiliario. Julio Zamora llegó incluso a decir que se va a buscar a los responsables del gobierno municipal que dejaron que estas obras se ejecuten y que es “inviable e imposible que el Colony pase (….) queremos un delta que mantenga la identidad isleña”.
La diputada provincial Liliana Piani y concejales de Tigre y San Fernando de la Coalición Cívica, y Marcelo Díaz, diputado provincial del GEN-PS, también repudiaron el emprendimiento.
Reconocidos científicos del humedal como Patricia Kandus (UNSAM) y Fabio Kalesnik (UBA) expusieron las razones técnicas de por qué este emprendimiento, y otros similares que se proyectan, destruyen el ecosistema de nuestro Delta.
Entre las organizaciones e instituciones que manifestaron su rechazo y denunciaron la nulidad de la audiencia se encontraban: Cooperativa Isla Esperanza, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Asamblea Delta y Río de la Plata, Ala Plástica de la Red Delta del Paraná, Asamblea de Béccar, Amigos de la Tierra, Fundación ECOSUR, Equipo Ambiente Sano del Obispado de San Isidro, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Movimiento en Defensa de la Pacha, Espacio Intercuencas RRR, Fundación Metropolitana, Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As., ADECAVI, Club San Fernando, Foro de RR.NN. de la FCEN, entre otros.
Vía: ecoportal

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LAS LIANAS AHOGAN A LOS ARBOLES

daniel — Thu, 09 Jun 2011 21:06:33 +0000

Mientras caminaba por esta isla boscosa en el Canal de Panamá, Stefan Schnitzer hizo una pausa en una de las veredas.
A su alrededor había árboles, cuyas altas copas amortiguaban la luz del sol tropical, con la ocasional enredadera leñosa, o liana, que subía por sus gruesos troncos. Sin embargo, la atención de Schnitzer cambió hacia un claro en el bosque, a unos cuantos metros de la vereda. Ahí, la punta de un árbol estaba casi oculta por una profusión de lianas, cuyos enredados tallos formaban un espeso matorral. Claramente, cuando el árbol había caído, había creado una abertura entre las copas del bosque que permitió la profusión de enredaderas.
“Esto es realmente típico de muchos bosques tropicales”, dijo Schnitzer, biólogo en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, y asociado del Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical, que tiene su sede en la ciudad de Panamá y opera una estación de campo en esta isla. “Donde se tiene alguna alteración, se obtiene esta invasión masiva de lianas. Se vienen abajo, pero no mueren. Simplemente empiezan a extender estos tallos por todas partes.
“Esta es la interacción lianaárbol en su modalidad más horrible”.
Schnitzer sabe tanto sobre las interacciones lianas-árboles como cualquiera, y lo que conoce es inquietante. En un reciente artículo publicado en Ecology Letters, que analizaba toda la investigación sobre el tema, confirmó lo que fue documentado por primera vez hace casi 10 años: que en todos los bosques tropicales en Centro y Sudamérica, las lianas poco a poco están dominando.
“No hay duda de que las lianas están en aumento en los bosques tropicales, pero lo más importante es que están aumentando en comparación con los árboles”, dijo.
Ahora, mediante una serie de experimentos, Schnitzer trata de determinar por qué ocurren estos cambios.
Comprender por qué las lianas ahora incrementan su dominio es importante, en parte debido a su potencial para reducir la capacidad de los bosques tropicales para actuar como depósito de carbono, al almacenar carbono en troncos y otros tejidos leñosos mediante la fotosíntesis. Eso tiene implicaciones para el cambio climático.
“Los bosques tropicales almacenan alrededor de una tercera parte del carbono terrestre en el planeta, así que los grandes cambios en los bosques significarán un enorme cambio en el ciclo de carbono global”, señaló Schnitzer. Las lianas son parásitos estructurales, que utilizan a los árboles para apoyar sus delgados tallos mientras suben hacia las copas, donde producen una profusión de hojas.
En el 2002, Oliver Phillips, investigador en la Universidad de Leeds, Inglaterra, publicó la primera monografía que documentaba el fenómeno (en el Amazonas occidental, en partes de Bolivia, Ecuador y Perú) en la revista Nature.
El estudio fue recibido con cierto escepticismo, ya que los críticos dijeron que su muestra no era representativa porque analizó sólo lianas de diámetros grandes. Desde entonces, sin embargo, la tesis básica ha sido confirmada por más investigaciones en el Amazonas, norte de Sudamérica y Centroamérica.
Las lianas, de hecho, proporcionan algunos beneficios, más notablemente a los animales. Con frecuencia son una fuente de alimento durante la temporada de sequía, porque tienden a florecer y dar fruto en ese período, cuando muchos árboles no lo hacen.
Debido a que las lianas tienden a serpentear a través de las copas de los árboles, también proporcionan una especie de carretera para los animales que viajan a través de las copas. (Los animales no utilizan las lianas como columpios al estilo de Tarzán, porque las enredaderas están firmemente enraizadas en el suelo.
Las lianas que se columpian son una creación de Hollywood). Sin embargo, estas plantas trepadoras compiten con los árboles por nutrientes del suelo, agua y luz, y les ganan. Eso puede detener el crecimiento de los árboles y, con el tiempo, matarlos.
Nadie sabe con precisión porqué las lianas superan a los árboles. El dióxido de carbono en sí puede jugar un papel —las enredaderas quizá sean más capaces de hacer uso de éste—, lo que les daría una ventaja ante los niveles de este gas en aumento debido a la actividad humana.
En un experimento que involucró 16 parcelas forestales de 80 por 80 metros en una península cercana, el equipo de Schnitzer está cortando todas las lianas de la mitad de las parcelas y estudiará cómo cambian las parcelas en un período de varias décadas.
Vía: The New York Times

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UNA MILLONARIA FRANCESA SE ADUEÑO DE UN CURSO DE AGUA EN CORRIENTES

daniel — Sun, 05 Jun 2011 15:00:30 +0000

QUIÉN ES MADAME BEAUX, LA “JOE LEWIS” DEL LITORAL ARGENTINO
En 2010, construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental. La complicidad del gobierno y el antecedente de Ayuí.
A Gilberte Yvonne Andrée Lovisi de Beaux todos la conocen como Madame Beaux. Tiene 81 años y es una de las empresarias más reconocidas del establishment francés, aunque desde hace un tiempo optó por llevar una vida de bajo perfil. Hoy, pasa los días entre su casa en París, su departamento en el barrio porteño de Recoleta y su finca cerca de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, donde desembarcó hace 25 años y hace siete meses hizo construir una represa que le permite adueñarse de un curso de agua para regar sus 1000 hectáreas de arroz, en una maniobra que las entidades ambientalistas de la zona denuncian como ilegal. ¿Y cuál fue el costo que tuvo que pagar Madame Beaux para concretar su emprendimiento?: apenas $ 5649. Según se lee en la Resolución Nº 724 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), a la que Tiempo Argentino accedió en forma exclusiva, la empresaria abonó esta cifra en concepto de “uso de las aguas públicas captadas mediante extracción por bombeo, en la Cuenca del Estero Batel para riego de una superficie de 1000 hectáreas concesionadas para el cultivo de arroz”. Es decir, que pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada con arroz. A esto se suma que nunca presentó el estudio de impacto ambiental, el plan para el control y la verificación de obras, ni tampoco convocó a una audiencia pública, como lo establece la ley. Así y todo, la represa debutó con una exitosa siembra y posterior cosecha en los arrozales.
El documento, fechado el 3 de noviembre de 2009 y firmado por el titular del ICAA, Mario Rujana, demuestra que el gobierno que entonces encabezaba Arturo Colombi ya preveía que el proyecto podía ocasionar daños a terceros. Por eso, en el artículo 5º de la Resolución 724/09, tomó sus recaudos: “El Estado correntino no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua”, se lee en el texto.
Nueve meses después, el 10 de agosto del año pasado, cuando el gobierno local ya había pasado a manos de Ricardo Colombi –primo del anterior mandatario–, el ICAA le avisó a la empresa Rincón de Corrientes SA, propiedad de Madame Beaux, que la Comisión de Ecología del Senado provincial había realizado un pedido de informe sobre la arrocera por presuntas irregularidades en la construcción de la represa. Así lo hizo saber Rujana en una carta que le envió al ingeniero Raúl Fontán, el consultor encargado de llevar adelante los asuntos en materia ambiental en la empresa cuestionada.
El pedido de informe lo había solicitado una ONG local después de comprobar, en un relevamiento de rutina sobre la cuenca del Iberá, que la arrocera funcionaba al margen de la ley. De todas maneras, para el ICAA esta firma no necesitaría presentar autorización de desmonte y declaración de impacto ambiental, ni llamar a audiencia pública, porque la concesión le fue otorgada diez años atrás.
“El argumento del gobierno es falaz porque actualmente esa autorización está caduca por discontinuidad de uso. Además, dicen que la arrocera está fuera de los Esteros del Iberá, como si sólo en la reserva fuera necesario el cumplimiento de las leyes”, sostuvo Emilio Spataro, coordinador de la fundación Salvemos al Iberá.
La compañía Rincón de Corrientes, la sociedad anónima que administra los negocios de la multimillonaria francesa en la zona, ya tiene antecedentes en obtener beneficios del Estado provincial: en 1999 el gobierno correntino le entregó la concesión de aguas a perpetuidad para la irrigación de 300 hectáreas, cuando la ley sólo admite esta figura luego de 30 años de monitoreo de los aforos de la cuenca. Es decir, la provincia “regaló” un recurso estratégico a un particular extranjero sin ningún resguardo por el resto de los propietarios de la cuenca ni de cuidado ambiental.
Hoy, Rincón de Corrientes muestra aquel permiso para sostener que las 1000 hectáreas cuestionadas en realidad tienen que ver con una ampliación de aquella vieja concesión. Pero Spataro, de Salvemos al Iberá, lo desmintió. “Las concesiones se encuentran en subcuencas diferentes y nunca podrían ser tratadas como ampliación porque toman agua de lugares totalmente distintos”, explicó el ecologista sobre el nuevo emprendimiento arrocero de la millonaria francesa.
En el mismo sentido se pronunció el doctor en biología Juan José Neiff, director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, entidad que depende del CONICET. Neiff es uno de los especialistas argentinos que más conocen el macro ecosistema Iberá. En diálogo con Tiempo, manifestó que “en los últimos años vemos que se atropella reiteradamente las normativas vigentes y los particulares avanzan contra la ley de una manera insólita ante la permisividad del Estado, ya sea por acción u omisión”.
Para Neiff se debe tener en cuenta que cuando se construye una represa para riego “se está desvistiendo a un santo para vestir a otro”. De esta forma se refirió al volumen de agua que se está sustrayendo y cuyos efectos se van a sentir corriente abajo, afectando al ecosistema en su conjunto. En ese sentido, el especialista sostuvo: “El impacto de estas obras no se ve mientras hay suficiente agua en la reserva, pero en períodos de sequía extraordinaria, como las que se vivieron hasta fines de 2009, se secan las lagunas y los esteros, y entonces el agua que se utilizó para el arroz es la que no pasó para estos ambientes.”
Madame Beaux proviene de una familia de la nobleza parisina e hizo su fortuna en el sector financiero y petrolero, escalando posiciones hasta llegar a presidir el Movimiento de Empresas Francesas (MEDEF), entidad que agrupa a más de un millón de firmas privadas. En su país natal, fue distinguida como Comandante de la Legión de Honor y de la Orden Nacional de Mérito, y en 1987 la eligieron “empresaria del año”. La cúspide de su carrera llegó cuando se transformó en la mujer de estrecha confianza del multimillonario francés Jimmy Goldsmith, antiguo dueño del diario L’express. También fue socia del polémico magnate Bernard Tapie –que en 1992 llevó a la quiebra a la marca deportiva Adidas– e, incluso, experimentó en la arena política junto al candidato centroderechista Raymond Barre, al que asesoró en las elecciones presidenciales francesas de 1988.
Sus múltiples negocios hicieron que Beaux viviera en varios lugares del mundo: Canadá, Japón, Alemania, Bahamas y Guatemala, entre otros países. A fines de los ’80, llegó a la Argentina y nunca más se fue. Al igual que sucedió con Joe Lewis, el inglés que adquirió miles de hectáreas en la provincia de Río Negro y está denunciado por adueñarse de un lago entero cerca de El Bolsón, Madame Beaux desembarcó en suelo argentino tentada por las riquezas naturales del país.
En Corrientes, compró la estancia Rincón de Luna, donde se encuentra la represa cuestionada. La propiedad cuenta con 33.700 hectáreas y está ubicada sobre un islote entre los Esteros del Batel y del Batelito, que conforman el macrosistema de los Esteros del Iberá. Se trata de la estancia jesuítica más antigua del norte argentino, que bordea la Ruta 22 y prohíbe el acceso al histórico camino real que unía al Litoral con el Alto Perú en la época de la conquista española.
Según ambientalistas del lugar, la zona donde están enclavados estos campos es estratégica: allí hay humedales, pastizales, palmares y bosques en isletas. Por otra parte, los ecologistas agregaron que, para comenzar a producir arroz la compañía sacrificó gran parte del bosque nativo existente. Y esto, sin haber obtenido ninguna autorización de desmonte, a pesar de que se trataba de una “zona amarilla” –es decir, un área de preservación– según el ordenamiento territorial de bosques de la provincia de Corrientes.
Salvemos al Iberá viene luchando en contra de la instalación de arroceras ilegales en toda la región y fue también una de las ONG que más se enfrentó con los gobiernos de Arturo y Ricardo Colombi por la construcción de la represa Ayuí Grande, que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros pretendían instalar en la localidad correntina de Mercedes y que hoy está frenada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver recuadro).
Otra de las voces que se levantaron en contra del emprendimiento agrícola es la del cura de la zona, Rubén Barrios, quien consideró que “es lo mismo que el caso de Ayuí, es el aprovechamiento de un bien público y vital, como es el agua, sin ningún tipo de control, algo que va a perjudicar a terceros y al medioambiente. Con el agravante de que esto ya está más avanzado, la represa está construida y el perjuicio ya se puede ver.” El párroco, que da misa a unos kilómetros de la estancia de Madame Beaux, relató que “el riacho del Batel era una corriente de agua hermosa y hasta te inspiraba para escribir poesía y hoy es agua estancada producto del terraplén y la represa que construyó esta mujer sin ningún tipo de cumplimiento de la normativa vigente”. Barrios también agregó que “el tema es muy preocupante porque se trata de un derecho humano, es algo que nos asiste a todos los ciudadanos y hace a nuestra calidad de vida”.
En ese sentido, el biólogo Neiff agregó que “el problema es el mal ejemplo que se está dando en varias causas todavía irresueltas en la provincia, como el Ayuí o el terraplén de Yahaveré (ver recuadro). Y así, los ciudadanos creen que cualquiera puede vulnerar la ley y eso forma un proceso de deterioro progresivo y de expansión de estas obras.”
Para el experto, habitualmente las empresas conocen bien la normativa ambiental, pero entienden que los estudios exigidos pueden frenar sus proyectos comerciales, y entonces buscan estrategias con las cuales vulnerar las disposiciones vigentes.
“Desde el gobierno correntino se insiste en la antinomia entre ambientalistas y el sector de la producción. Y yo estoy de acuerdo con que la producción es progreso, pero siempre y cuando se haga respetando la sostenibilidad ecológica que tiene que tener una región como el Iberá, que es única en Sudamérica”, concluyó Neiff.
Mientras tanto, lejos de estos problemas, Beaux hoy combina el manejo a distancia de sus negocios con los viajes de placer y la participación en conferencias y foros sobre el papel de las mujeres emprendedoras.
En París tiene un lujoso piso en el número 14 de la exclusiva Rue Saint Giullaume. En Buenos Aires, vive en un departamento de la calle Montevideo al 1400, con vista al pintoresco parque Vicente López, en pleno barrio de Recoleta. Y, en la provincia de Corrientes, administra su estancia a la vera de los Esteros del Iberá, donde produce toneladas de arroz de manera irregular, utilizando el agua de una laguna pública y gracias a una represa envuelta en irregularidades.
Vía: tiempo argentino

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FALLO DE LA CIDH EN FAVOR DE UNA COMUNIDAD MAPUCHE

daniel — Tue, 12 Apr 2011 21:42:06 +0000

Derecho humano al territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (…) de manera tal que se preserve el lugar”.
La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).
“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.
El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
Jueces empresariales
La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam (“Volver al pensamiento originario”, en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por “usurpación” y “daños y perjuicios”. Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.
“Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra.” Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: “La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello”.
Vía: pagina12

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daniel — Mon, 11 Apr 2011 21:21:26 +0000

El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
En la imagen, se ve una marcha de la comunidad de Mellao Morales, que finalmente logró el fallo constitucional.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (…) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.
Vía: pagina12

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LAS TIERRAS DE LOS WICHIS

daniel — Tue, 29 Mar 2011 21:10:41 +0000

FALLO EN LA JUSTICIA FEDERAL
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial (que revocó otra de primera instancia) le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Vía: pagina12

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CONSTATAMOS LA EXISTENCIA DE UNA SITUACION DE RIESGO

daniel — Tue, 01 Mar 2011 21:25:19 +0000

Comunidades indígenas advierten sobre las consecuencias del desmonte. Advirtieron sobre el “peligro inminente” de alud en el noreste de Salta
La advertencia de comunidades wichi, líderadas por Octorina Zamora, sobre el “peligro inminente” de alud en Embarcación, en el noreste salteño, derivó en la suspensión “indeterminada” de aprovechamientos forestales, mientras el gobierno provincial, según fuentes oficiales, estudia otra respuesta al problema ambiental.
Zamora, es una reconocida dirigente wichi en Salta, que encabezó las protestas junto con el Movimiento Chico Mendes y agrupaciones de base y que, entre otras acciones, organizaron una marcha de cien mujeres desde Embarcación a la capital provincial a mediados de diciembre pasado con las consignas: “Paren el Alud, paren los desmontes”.
“Pedimos que se hagan estudios de impacto ambiental porque pese a la ley de bosques, la extracción de madera siguió, los cerros quedaron desnudos y la tierra -suelta- se va con el agua.
Esta es la época de lluvias y tenemos mucho miedo de otro alud”, declaró Octorina a Télam.
Al problema ambiental, Zamora sumó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que ocupan la periferia de Embarcación, una ciudad de 28 mil habitantes, emplazada entre los ríos Bermejo y Seco, en una zona de transición entre las yungas y el chaco semiárido.
“Las 17 comunidades que estamos en Embarcación somos víctimas del despojo constante. Cuando recurrimos a las yungas porque es nuestro territorio de ocupación ancestral nos enteramos que están en manos privadas. Resulta que hay franceses, españoles, ¿y nosotros, cuándo?, ¿por qué siguen vendiendo tierras, que son de las comunidades originarias, con indios adentro?”, se preguntó Octorina.
La medida del gobierno salteño, de poner fin a la tala en la zona fue adoptada tras realizar inspecciones propias a fines de diciembre último pero como consecuencia de la movilización de los pobladores, que incluyó la toma de la oficina gubernamental, y que según explicó durante un diálogo con Télam el secretario de Política Ambiental, Sebastián Varela, “es en resguardo de la población y la infraestructura de la zona”.
El abogado indicó que “constatamos la existencia de una situación de riesgo, por las condiciones geológicas, antrópicas y climáticas descriptas en el informe que realizaron nuestros técnicos”, y definió como “complejos, interrelacionados y de gran magnitud” a los problemas ambientales en la ciudad del noreste salteño.
Agregó que desde la oficina ambiental se puso en conocimiento del gobierno salteño de la delicada situación por lo que, se espera la formación de una comisión a la que se invitaría a Vialidad Nacional para estudiar una respuesta.
Sin embargo, Octorina dice que la emergencia demanda acciones inmediatas: “¿qué esperan? ¿qué tenemos qué hacer? Después de cada desastre hay políticos que quedan más ricos”, sostuvo al recordar casos de funcionarios que se quedan con las donaciones para los afectados por los aludes en Tartagal.
Preocupada contó que el río Bermejo “está lleno” y que si hay que hacer infraestructura “gaviones por ejemplo, que comiencen ya”, dijo al señalar que la naturaleza está respondiendo a la presión insaciable que hay sobre los recursos y que, con el correr de los años, cambiaron radicalmente sus características.
Tanto Octorina Zamora como Varela mencionaron los caños de hidrocarburos que estaban soterrados y que actualmente aparecen por encima del suelo erosionado, o colgando en quebradas abiertas tras cada tormenta como la muestra más dramática del proceso ambiental que se registra en la zona.
La resolución de la oficina que conduce Francisco López Sastre, de suspender por tiempo indeterminado la tala, también promueve la formación de una comisión interdisciplinaria, constituida por organismos provinciales con competencia e incumbencia en el tema, como así también Vialidad Nacional y el Municipio de Embarcación, “a fin de evaluar las medidas a adoptar”.
“Queremos ver los estudios de impacto ambiental que habilitan actividades agrícolas, madereras y petroleras en la zona, y que las obras que se realicen cuenten con participación de las organizaciones sociales e indígenas que denunciamos”, contestó Octorina, quien junto con los casi treinta mil embarcacionenses está pendiente de las lluvias y la creciente de los ríos Bermejo y el Seco, el mismo que en 2006 se llevó un puente y aisló durante meses a Tartagal.
Vía: el once (Entre Rios)

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daniel — Fri, 04 Feb 2011 20:43:41 +0000

Hallan dos nuevas especies de lombrices en Yucatán. Se pueden aprovechar en el manejo sustentable de los residuos urbanos
El laboratorio de Invertebrados Terrestres del Instituto Nacional de Ecología (Inecol), con sede en Xalapa, Veracruz, confirmó el hallazgo de dos nuevas especies de lombriz de tierra en Yucatán. De acuerdo con el Instituto, las dos especies se identificaron como Polipheretima elongata y la Amynthas gracilis, según informó el investigador Juan Martín Cruz Campos, profesor del Instituto Tecnológico de Tizimín.
El maestro en Ciencias explicó en entrevista que ambas lombrices son útiles en los ecosistemas de Yucatán y se pueden aprovechar en el manejo sustentable de los residuos urbanos.
El investigador dijo que esas lombrices fueron encontradas en terrenos del Instituto Tecnológico de Tizimín y de inmediato, la Fundación Produce Yucatán, A.C. mostró interés en conocer sus bondades y auspició una investigación mediante su estancia académica en el Inecol.
Esa unión de esfuerzos impulsa una singular granja de lombrices, en el Instituto de Tizimín, como parte de un proyecto que busca convertir los desechos orgánicos en fertilizantes para plantas y una unidad agroecológica, donde estudiantes, académicos e investigadores desarrollen investigación sobre lombricultura.
Mientras tanto, continuó, gracias a su estancia en el Inecol, las autoridades científicas confirmaron de manera oficial el hallazgo de dos nuevas especies de lombrices endémicas, las cuales fueron registradas y donadas a la colección de lombrices de México.
El investigador agregó que durante su estancia recibió un curso sobre taxonomía, ecología y manejo de lombrices de tierra, conocimientos que puso en práctica cuando se estableció el protocolo de identificación y fijación de las dos nuevas especies.
“El número de especies registradas desde 2001 en el Inecol se ha incrementado muy poco: 51 especies exóticas y 84 nativas”.
Para su identificación taxonómica fue indispensable la fijación de las lombrices y su observación en el microscópico.
En los posibles estudios a futuro figuran el conocer su porcentaje de mineralización del nitrógeno en el suelo, así como la actividad de la rizosfera en plantas de maíz, frijol y pasto, y el efecto en el crecimiento y distribución de raíces de la parte aérea, finalizó.
Vía: el universal (México)

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daniel — Wed, 29 Dec 2010 12:21:05 +0000

Una comunidad indígena zapoteca de Oaxaca utiliza técnicas agrícolas sustentables para apoyar sus negocios de muebles y madera.
Hace tres décadas, los indígenas zapotecas en el estado de Oaxaca, en el sur de México, lucharon con éxito por el derecho de administrar comunitariamente el bosque. Antes de eso, compañías paraestatales lo habían explotado a placer bajo concesiones del Gobierno federal.
Los indígenas desarrollaron poco a poco su propio negocio maderero y comenzaron a estudiar las formas de proteger el bosque. Hoy en día, las empresas del pueblo dan empleo a 300 personas que cosechan la madera, producen muebles y cuidan el bosque, e Ixtlán se ha convertido en el patrón oro de la propiedad y administración comunitaria de los bosques, manifiestan expertos internacionales en silvicultura.
Las empresas forestales comunitarias de México actualmente abarcan desde los bosques de caoba de la Península de Yucatán hasta los bosques de robles y pinos de la Sierra Madre Occidental. Unos 60 negocios, entre ellos Ixtlán, están certificados por el Consejo de Administración Forestal, en Alemania, que evalúa las prácticas sustentables de silvicultura.
Entre el 60 y el 80 por ciento de los bosques mexicanos restantes está bajo control comunitario, de acuerdo con Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En los países en desarrollo, donde el estado de derecho es débil y la aplicación de las leyes es desigual, el simple hecho de declarar a un bosque protegido no evita la tala ilegal o el desmonte de tierra para la agricultura o el desarrollo. “A menos que las comunidades locales se comprometan a conservar y proteger los bosques, no va a suceder”, aseveró David Kaimowitz, ex director del Centro para Investigación Forestal Internacional, o Cifor, quien actualmente está en la Fundación Ford. “El Gobierno no puede hacerlo por ellos”.
Un estudio realizado por la Iniciativa de Derechos y Recursos, un grupo activista en Washington, reportó que más de una cuarta parte de los bosques en países en desarrollo es administrada hoy por comunidades locales. La tendencia es mundial, desde China hasta Brasil. En Ixtlán, bajo las tradiciones zapotecas, todas las decisiones respecto del bosque y sus negocios relacionados son tomadas por una asamblea general de 390 habitantes del pueblo, en su mayoría varones. Se requiere que estos “comuneros” aporten su labor según sea necesario para el bosque y sus empresas.
Muchos de los problemas que aquejan a otros bosques en México, como la tala ilegal y la deforestación, no son una preocupación en Ixtlán. Pedro Vidal García, durante varios años silvicultor en Ixtlán, quien hoy trabaja en la Alianza para Bosques, soltó una carcajada cuando se le preguntó sobre la tala ilegal en las 19 mil hectáreas de bosques que son propiedad de la comunidad. “Quien intente su propio negocio ilegal es severamente juzgado”, comentó. “La asamblea es muy estricta”.
El año pasado, los negocios de la comunidad generaron ganancias de unos US$230 mil. De esa cantidad, el 30 por ciento fue reinvertido en los negocios, otro 30 por ciento se destinó a la preservación forestal y el 40 por ciento fue para los trabajadores y la comunidad para solventar pensiones, una unión de créditos de bajo interés y vivienda para alumnos que estudian en la capital del estado.
Incluso los defensores más fervientes de la silvicultura comunitaria admiten que no es la respuesta para proteger los bosques en todo el mundo, pero es una gran mejora respecto de lo que había antes. “Las cosas están funcionando”, aseguró Francisco Chapela, agrónomo que llegó a Oaxaca hace 30 años y hoy trabaja para la Alianza para Bosques. “Se han creado muchos empleos y ha entrado mucho dinero a las comunidades”.
Vía: The New York Times

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daniel — Tue, 28 Dec 2010 12:18:18 +0000

Los agricultores combaten con plantas nativas a las plagas que se alimentan de sus cultivos, logrando un elevado rendimiento. Combaten a enemigos de cultivos con sus asesinos naturales.
Cada vez más, los agricultores orgánicos entienden las formas de aprovechar la naturaleza para combatir las plagas. Y hay un pequeño cupo de investigaciones nuevas sobre técnicas de cultivo orgánico como resultado del proyecto de ley agrícola de Estados Unidos del 2008, que cuenta con 307 mil millones de US$ para financiar programas agrícolas. Durante años, el financiamiento para dichas investigaciones fue de 3 millones de US$ anuales.
En los últimos años, la investigación de ecosistemas agrícolas orgánicos, o manejo integrado de plagas, ha crecido. Un documento publicado en la revista Nature este año confirmó lo que los agricultores orgánicos han sospechado desde hace tiempo: que la agricultura convencional puede empeorar el problema de las plagas. Los enemigos naturales son clave para el enfoque orgánico.
Eric Brennan es el único investigador orgánico de tiempo completo en el Departamento de Agricultura de EE. UU. y trabaja en el Valle de Salinas, la “ensaladera” de EE. UU., de donde proviene el 80 por ciento de las verduras de hojas verdes que consume el país. Una de las plagas más difíciles es el áfido de la lechuga.
El tratamiento de elección para la lechuga orgánica comercial es plantar una flor ornamental llamada alyssum entre las camas de lechuga, que ocupan entre un 5 y 10 por ciento del terreno total. Los sírfidos viven en la alyssum y necesitan una fuente de áfidos para alimentar a sus larvas, así que depositan sus huevos en la lechuga. Cuando nacen, las larvas comienzan a alimentarse de los áfidos. “Una larva por planta controlará a los áfidos”, explicó Brennan.
Aumentar la vegetación nativa en los campos de cultivo no está exento de controversia. Tras un brote de E. coli en espinacas, en el 2006, algunos compradores informaron a los agricultores que no les comprarían cultivos a quienes plantaran vegetación de defensa.
Investigadores orgánicos también estudian el papel de la fertilidad del suelo en el control de plagas. Algunos estudios muestran que un suelo rico en nutrientes podría mejorar el sistema inmunológico de la planta e incrementar la resistencia natural a insectos y plagas, o proporcionar un hogar para enemigos naturales.
Los agricultores orgánicos no son reacios a ciertos aerosoles químicos. Algunos (las llamadas especias asesinas) son creados con una mezcla de agua y aceites de plantas de aroma fuerte como clavo, menta y tomillo. Estudios en Canadá muestran que pueden ser muy efectivos.
En cuanto a la maleza, la principal ayuda podrían ser también cultivos de cobertura, cosas como centeno y habas. Continúa la búsqueda para encontrar una mezcla de sistemas para cultivar alimentos naturalmente y que sea buena para la naturaleza. “Ese es el santo grial”, dice Mark Van Horn, director de la granja estudiantil en la Universidad de California. “Un sistema agrícola que imite a un sistema natural”.
Vía: The New York Times

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