Desarrollo Sostenible - Blog para el desarrollo económico respetuoso del ambiente natural y social. &#187; ambientalista

SE LIBERARÁN NUEVOS EVENTOS TRANSGÉNICOS

TRANSGÉNICOS: ¿MANÁ O CAJA DE PANDORA?

PROVOCACION ITALIANA CON MAÍZ TRANSGÉNICO

LATIFUNDIO GENÉTICO-EL OCASO DE LA VIDA

TRANSGÉNICOS EN MÉXICO

LA FDA ANALIZA APROBAR AL SALMÓN TRANSGÉNICO

PUEBLOS ORIGINARIOS CONTRA LA MEGAMINERIA

daniel — Fri, 22 Jul 2011 17:15:50 +0000

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NOROESTE DEL PAIS RECHAZAN LA EXPLOTACION DE LITIO
Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.
“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.
Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso estratégico provincial”.
El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.
La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.
Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con gobiernos”, denunciaron.
La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la Argentina en noviembre próximo.
Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por parte de empresas trasnacionales.
Vía: pagina12

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DELTA:ROTUNDO RECHAZO POPULAR A COLONY PARK

daniel — Fri, 08 Jul 2011 21:05:49 +0000

Isleños, destacados científicos, organizaciones sociales y funcionarios de Tigre, San Fernando y San Isidro manifestaron en forma unánime su rechazo y repudio al megaemprendimiento inmobiliario Colony Park, que causó desde 2008 la destrucción del Arroyo Anguilas y arrasó con las casas y plantaciones de esa comunidad isleña. Se denunció la nulidad de la audiencia por ser realizada luego de consumadas las obras.
Más de 60 oradores de organizaciones sociales denunciaron la nulidad de esta audiencia pública convocada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por haberse realizado luego de consumadas las obras, por lo que carece totalmente de validez. Los gobiernos municipales de Tigre y San Fernando por primera vez se declaran en contra del emprendimiento. La representante de la empresa Colony Park denigró el modo de vida isleño.
En agosto de 2008 la empresa Colony Park había invadido la propiedad de aproximadamente 20 familias isleñas del arroyo Anguilas arrasando con topadoras sus casas y plantaciones forestales. Casi tres años más tarde el OPDS convoca a una audiencia pública, realizada hoy en el Concejo Deliberante de Tigre.
En representación de la empresa expuso la Lic. Laura Janeiro, quien no tuvo vergüenza en mostrar fotos de casas isleñas humildes y decir que no se puede defender la vida en esas condiciones precarias. Argumentó que el Delta ya está degradado y alterado ambientalmente (aludiendo a la caza y la pesca de los isleños) y que ya hay desigualdades sociales (como mostró en las fotos), por lo cual Colony Park no sería algo distinto a lo que ya hay. Reconoció que la empresa destruyó las casas de familias y el medio ambiente (textualmente dijo: “yo ya sé que la empresa arrasó con las cosas”), pero lo justificó diciendo que, después de todo, las plantaciones que destruyeron eran de especies exóticas y que ellos tienen un proyecto de vivero de plantas nativas. Usando frases e imágenes de personalidades como Einstein y Groucho Marx dijo que “hay que tener una visión amplia para las cosas nuevas”.
No menos sorprendentes fueron las declaraciones de los voceros de los municipios de Tigre y San Fernando. Por primera vez, luego de más de dos años de iniciadas las obras, Julio Zamora (presidente del Concejo Deliberante de Tigre y referente del intendente Massa), Esteban (Concejal de San Fernando del FPV) y Castellano (Concejal de San Isidro del partido de Posse) se manifestaron en contra del megaemprendimiento inmobiliario. Julio Zamora llegó incluso a decir que se va a buscar a los responsables del gobierno municipal que dejaron que estas obras se ejecuten y que es “inviable e imposible que el Colony pase (….) queremos un delta que mantenga la identidad isleña”.
La diputada provincial Liliana Piani y concejales de Tigre y San Fernando de la Coalición Cívica, y Marcelo Díaz, diputado provincial del GEN-PS, también repudiaron el emprendimiento.
Reconocidos científicos del humedal como Patricia Kandus (UNSAM) y Fabio Kalesnik (UBA) expusieron las razones técnicas de por qué este emprendimiento, y otros similares que se proyectan, destruyen el ecosistema de nuestro Delta.
Entre las organizaciones e instituciones que manifestaron su rechazo y denunciaron la nulidad de la audiencia se encontraban: Cooperativa Isla Esperanza, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Asamblea Delta y Río de la Plata, Ala Plástica de la Red Delta del Paraná, Asamblea de Béccar, Amigos de la Tierra, Fundación ECOSUR, Equipo Ambiente Sano del Obispado de San Isidro, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Movimiento en Defensa de la Pacha, Espacio Intercuencas RRR, Fundación Metropolitana, Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As., ADECAVI, Club San Fernando, Foro de RR.NN. de la FCEN, entre otros.
Vía: ecoportal

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SALVADOREÑOS OPUESTOS A PROYECTOS DE MINERIA

daniel — Thu, 07 Jul 2011 21:12:00 +0000

Salvadoreños que utilizan las aguas de la Río Lempa para sus granjas culpan a los trabajos de Pacific Rim de secar los tributarios cercanos a la mina.
Cuando la compañía minera canadiense arribó hace unos años, prometió ser tan ecológica como las exuberantes colinas.
Las copiosas cantidades de agua necesarias se tomarían sólo de la lluvia, no del cercano Río Lempa, que es la línea vital de este país, aclaró la compañía. El cianuro, un químico tóxico utilizado para extraer el oro incrustado en rocas, se dispersaría de manera natural, secado por el sol en enormes estanques de doble revestimiento.
Se podrían crear varios cientos de empleos en esta zona, una de las regiones más pobres de El Salvador.
“Ninguna otra mina en Norteamérica ha llegado a este nivel de protección ambiental”, aseguró Tom Shrake, director general de la compañía canadiense, Pacific Rim, que busca explotar una veta que podría valer cientos de millones de dólares.
Sin embargo, cuando el Gobierno de El Salvador, enfrentado a una creciente preocupación pública por las consecuencias de la minería, no le otorgó a la compañía el permiso final que necesitaba, Pacific Rim buscó extraer una clase de ganancia diferente: US$77 millones de la Tesorería de la nación como compensación por ganancias perdidas.
Pacific Rim está demandando al Gobierno salvadoreño ante una corte internacional de inversiones, uno entre veintenas de casos en años recientes en los que frustrados inversionistas en proyectos de petróleo, gas y minería, han buscado, aprovechando las disposiciones de acuerdos comerciales, recuperar pérdidas, principalmente en países en desarrollo.
Una de las indemnizaciones más cuantiosas ocurrió el año pasado, cuando un panel de arbitraje le otorgó a Chevron US$700 millones en una disputa con Ecuador respecto de lo que consideraba un retraso en la conciliación de demandas sobre contratos petroleros, aun cuando Chevron perdió una resolución ambiental mucho más grande en el propio sistema judicial ecuatoriano.
El caso de Pacific Rim, ahora ante un tribunal del Banco Mundial, en Washington, D.C., es el primero de su clase que se presenta bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, en inglés), aprobado en el 2005. Los funcionarios salvadoreños lo consideran un ataque a la soberanía de una nación que aún lucha por fortalecer sus instituciones casi 20 años después de una brutal guerra civil.
“Están utilizando al tribunal para dictar las políticas ambientales de El Salvador”, dijo Marcos Orellana, abogado del Centro para Leyes Ambientales Internacionales, en Washington, que ha presentado un informe en apoyo a ese país centroamericano.
Con los precios del oro a niveles récord, las compañías escudriñan la tierra en busca de todos y cada uno de los depósitos; y una serie de nuevas minas en Centroamérica, así como un legado de contaminación de otras viejas, convierten a la región en un foco de atención para demandas legales del acuerdo comercial.
Debido a que Canadá no forma parte del CAFTA, Pacific Rim presentó la demanda a través de una subsidiaria estadounidense.
Shrake indicó que el Gobierno salvadoreño se arriesga a ahuyentar a los inversionistas si ni siquiera puede aprobar un proyecto tan ambientalmente limpio como el que Pacific Rim ha buscado concretar.
“Pusimos la barra muy en alto en cuanto a la protección ambiental”, dijo, mientras recorría la propiedad donde el oro sería extraído. Neto Mendez Murillo, de 49 años, chofer para Pacific Rim, indicó que él y otros residentes locales confiaban en la aprobación final de la mina para generar los tan necesitados empleos. Las únicas opciones de trabajo actualmente, dijo, son empleos de bajos sueldos en los campos de maíz, frijol y caña de azúcar, o en Estados Unidos. “Esperamos que los empleos del oro cambien nuestras vidas”, expresó.
Pero Francisco Pineda, un agricultor que ha encabezado ruidosas protestas contra la mina, saltando sobre maquinaria en un mitin, dijo que dudaba que la compañía pudiera contener todo el cianuro que utilizaría.
“No creemos lo que afirman”, señaló. “El río es demasiado importante para nosotros, y ya lo han perjudicado. Aquí luchamos por nuestra supervivencia”.
Vía: The New York Times

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TALLER SOBRE CONFLICTIVIDAD MINERA PARA PERIODISTAS

daniel — Tue, 14 Jun 2011 21:32:04 +0000

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Cambio Democrático (FCD), con financiamiento de la Embajada de Noruega, organizaron el Taller para periodistas titulado “Sustentabilidad Ecológica y Social: La Transformación de los Conflictos Mineros y la Construcción Mediática de una Nueva Agenda de Diálogo.”
El taller se realizó el pasado 03 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de analizar el rol del comunicador frente a la temática ambiental en el marco del conflicto minero.
Cómo debería cubrir un periodista los conflictos ambientales, qué dificultades tiene y con qué recursos cuenta fueron los ejes centrales de análisis durante el encuentro. Las exposiciones estuvieron a cargo de Carina Quispe de FARN, Jimena Psathakis de FCD y Sergio Elguezabal, periodista especializado en temas ambientales, funcionando como disparadores para el diálogo y el trabajo grupal de los participantes.
“Resulta muy difícil dialogar cuando una de las partes es muy poderosa y tiene todas las herramientas mientras la otra no tiene peso”, dijo Jimena Psathakis de FCD, quien abrió el taller. “Los comunicadores tienen el poder de difundir y darle visibilidad a las cosas y ello acarrea una gran responsabilidad. Por eso es fundamental que se eduquen, investiguen y sean precisos en los conceptos y en las ideas”, concluyó Psathakis.
A continuación, Carina Quispe de FARN afirmó que “la mejor forma de tomar decisiones es teniendo en cuenta la participación ciudadana, el derecho de acceder a la información y a la justicia”. La inclusión de todos los actores interesados hace que la participación se sustente con una información oportuna, veraz y clara. En este sentido, el derecho a la información debe aplicarse sin tapujos. “Todos podemos solicitar información a las autoridades, aunque también el Estado debe generar un sistema de información ambiental integrado de acceso público”.
Por último Sergio Elguezabal fomentó a actuar desde el lugar de periodistas: “esta apatía generalizada debe erradicarse, y aquí la actuación de los comunicadores es central. Representa un desafío salir de la comodidad de los temas de la agenda y la comodidad del primer dato. Hay que investigar, promover la honestidad intelectual, brindar datos veraces, volver a la fuente. Esto ayuda a que la discusión crezca y no se estanque”.
Vía: FARN

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EL FAMATINA NO SE TOCA… PERO SE ESTUDIA

ESTUDIOS CIENTÍFICOS CUESTIONAN LOS ALIMENTOS TRANSGENICOS

daniel — Thu, 09 Jun 2011 21:11:56 +0000

Un estudio canadiense detecta la presencia de toxinas producidas por transgénicos en sangre de fetos y embarazadas
Investigadores portugueses encuentran graves interferencias en la financiación de estudios sobre riesgos para la salud
Tres estudios científicos recientes vuelven a poner en cuestión la seguridad para la salud de los alimentos transgénicos. Investigadores del Hospital Universitario Sherbrook en Quebec, han encontrado presencia de toxinas producidas por cultivos transgénicos en sangre de mujeres embarazadas y fetos. Por otro lado, científicos portugueses y españoles alertan en sendas publicaciones del grave conflicto de intereses en la investigación sobre riesgos de los transgénicos para la salud. Amigos de la Tierra exige al Gobierno la prohibición del cultivo e importación de transgénicos en España, y estudios independientes para evaluar la presencia de estas toxinas en la población española.
El estudio realizado en el Hospital Universitario de Quebec, publicado por la revista científica Reproductive Toxicology, analizó muestras de sangre de mujeres embarazadas, de cordones umbilicales y de mujeres no embarazadas. Los resultados muestran que la proteína tóxica insecticida Bt Cry1Ab estaba presente en el 93% de las mujeres embarazadas, el 80% de los cordones umbilicales y el 67% de las mujeres no embarazadas. La fuente más probable de esta presencia es el consumo de alimentos transgénicos. Aunque, los científicos no han especulado sobre los efectos que esto podría tener para la salud, al no ser el objetivo de su estudio.
“Este estudio muestra que las proteínas Bt procedentes de los cultivos transgénicos sobreviven en el sistema digestivo y pasan a la sangre, algo que las autoridades siempre habían afirmado que no ocurriría. Los resultados cuestionan la validez del proceso de evaluación de estos alimentos y son un ejemplo más de los efectos inesperados y preocupantes que generan los alimentos modificados genéticamente. Necesitamos aplicar el principio de precaución, prohibiendo tanto el cultivo como la importación de alimentos transgénicos”, afirmó David Sánchez, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.
Otro estudio publicado por investigadores de la Universidad de Oporto en Food Policy, la principal revista científica en el campo de la economía y política agraria, muestra la preocupante relación entre la financiación y los resultados en los estudios sobre riesgos para la salud de los transgénicos. Los resultados confirman la estrecha relación entre quién financia o para quién trabajan los científicos y los resultados favorables para la seguridad de los transgénicos. En la misma línea apunta un artículo publicado recientemente por el Catedrático de Toxicología de la Universidad Rovira i Virgil, José L. Domingo, al realizar una revisión de los artículos publicados sobre riesgos toxicológicos de los transgénicos. En el artículo se aprecia un equilibrio entre los estudios que demuestran la seguridad de los alimentos transgénicos frente a los que detectan posibles riesgos, confirmando también que aquellos que demuestran su seguridad son realizados en su mayoría por la industria.
España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. En 2010 se cultivaron en torno a las 67.000 hectáreas del maíz transgénico MON810, modificado para producir la toxina insecticida Bt destacada en el estudio canadiense. Mientras, países como Austria, Francia, Alemania, Hungría, Italia o Luxemburgo prohíben su cultivo por sus incertidumbres para la salud, sus impactos ambientales y la imposibilidad de evitar la contaminación genética de los cultivos convencionales y ecológicos. El propio Comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, afirmaba recientemente que la agricultura europea no debería estar basada en la producción de alimentos baratos a cualquier coste y que los transgénicos no cumplen con la calidad que exigen las personas consumidoras.
“Exigimos al Gobierno que promueva estudios independientes para evaluar la presencia de esta toxina en la población española y los posibles efectos para la salud. La complicidad del Ministerio de Medio Ambiente con la industria de los transgénicos nos expone a un riesgo inaceptable, no hay motivos que justifiquen la presencia de transgénicos en nuestra agricultura y en nuestra alimentación”, añadió Sánchez.
Vía: amigos de la tierra

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VEDA PARA LA MERLUZA POR LA DEPREDACION

daniel — Sun, 05 Jun 2011 15:02:50 +0000

TAMBIÉN PROHÍBEN LA PESCA DEL CALAMAR
Las capturas que realizan las empresas contienen cada vez más especímenes jóvenes, lo que pone en riesgo la reproducción. Alertan sobre déficits en los controles.
El Consejo Federal Pesquero, organismo presidido por el subsecretario de Pesca, Norberto Yahuar, e integrado por todas aquellas provincias que cuentan con litoral marítimo, estableció esta semana la veda para la pesca de merluza y calamar, ante la excesiva explotación por parte de las empresas pesqueras que pone en riesgo a ambos recursos. De este modo, la pesca de la merluza quedó suspendida hasta el último día de junio para una zona común entre la Argentina y Uruguay, en tanto que para el calamar, la prohibición –vigente para todo el territorio naciona– se dictó tres meses antes de lo previsto.
Los especialistas en recursos marítimos califican la situación actual como de “sobrepesca de reclutamiento”, lo que significa que la cantidad de especímenes con capacidad de reproducirse se encuentra por debajo de lo recomendado. “Después del menemismo rabioso de los ’90, el problema de la sobrepesca se tornó una situación muy grave que ha puesto en riesgo los recursos”, indicó el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy.
Pero al problema de la sobrepesca –una clara violación a la ley federal que regula al sector– se le suman las cantidades no declaradas, que según un informe de la AGN, se estima en un 10% adicional al declarado. No casualmente, a través de diversos estudios, el organismo de auditoría alertó en los últimos años sobre el grave déficit en materia de fiscalización y control de las cantidades. “Incluso nos hemos encontrado con testimonios de inspectores que han sido amenazados e intimados al momento de registrar las unidades pesqueras”, indicó Despouy.
El sector pesquero exportó el año pasado por un valor cercano a los U$S 1330 millones, aún con volúmenes menores a los de años anteriores. Ello se debe al aumento del precio internacional del producto.
“Se estaba realizando una pesca de merluza que traía un alto porcentaje de tamaños chicos, es decir, estábamos haciendo un sacrificio de los recursos marítimos, algo que tenemos que evitar por todos los medios que suceda”, indicó el subsecretario Yahuar.
Según el funcionario, el año pasado se capturaron 235 mil toneladas, por debajo de las recomendaciones científicas, y aseguró que desde el Estado se está cumpliendo con los controles necesarios. “Durante años se vapuleó al sector, por lo que el daño fue muy grande. En la época de Felipe Solá se pescaba un millón de toneladas”, indicó Yahuar.
Vía: tiempo argentino

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daniel — Sun, 05 Jun 2011 15:00:30 +0000

QUIÉN ES MADAME BEAUX, LA “JOE LEWIS” DEL LITORAL ARGENTINO
En 2010, construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental. La complicidad del gobierno y el antecedente de Ayuí.
A Gilberte Yvonne Andrée Lovisi de Beaux todos la conocen como Madame Beaux. Tiene 81 años y es una de las empresarias más reconocidas del establishment francés, aunque desde hace un tiempo optó por llevar una vida de bajo perfil. Hoy, pasa los días entre su casa en París, su departamento en el barrio porteño de Recoleta y su finca cerca de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, donde desembarcó hace 25 años y hace siete meses hizo construir una represa que le permite adueñarse de un curso de agua para regar sus 1000 hectáreas de arroz, en una maniobra que las entidades ambientalistas de la zona denuncian como ilegal. ¿Y cuál fue el costo que tuvo que pagar Madame Beaux para concretar su emprendimiento?: apenas $ 5649. Según se lee en la Resolución Nº 724 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), a la que Tiempo Argentino accedió en forma exclusiva, la empresaria abonó esta cifra en concepto de “uso de las aguas públicas captadas mediante extracción por bombeo, en la Cuenca del Estero Batel para riego de una superficie de 1000 hectáreas concesionadas para el cultivo de arroz”. Es decir, que pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada con arroz. A esto se suma que nunca presentó el estudio de impacto ambiental, el plan para el control y la verificación de obras, ni tampoco convocó a una audiencia pública, como lo establece la ley. Así y todo, la represa debutó con una exitosa siembra y posterior cosecha en los arrozales.
El documento, fechado el 3 de noviembre de 2009 y firmado por el titular del ICAA, Mario Rujana, demuestra que el gobierno que entonces encabezaba Arturo Colombi ya preveía que el proyecto podía ocasionar daños a terceros. Por eso, en el artículo 5º de la Resolución 724/09, tomó sus recaudos: “El Estado correntino no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua”, se lee en el texto.
Nueve meses después, el 10 de agosto del año pasado, cuando el gobierno local ya había pasado a manos de Ricardo Colombi –primo del anterior mandatario–, el ICAA le avisó a la empresa Rincón de Corrientes SA, propiedad de Madame Beaux, que la Comisión de Ecología del Senado provincial había realizado un pedido de informe sobre la arrocera por presuntas irregularidades en la construcción de la represa. Así lo hizo saber Rujana en una carta que le envió al ingeniero Raúl Fontán, el consultor encargado de llevar adelante los asuntos en materia ambiental en la empresa cuestionada.
El pedido de informe lo había solicitado una ONG local después de comprobar, en un relevamiento de rutina sobre la cuenca del Iberá, que la arrocera funcionaba al margen de la ley. De todas maneras, para el ICAA esta firma no necesitaría presentar autorización de desmonte y declaración de impacto ambiental, ni llamar a audiencia pública, porque la concesión le fue otorgada diez años atrás.
“El argumento del gobierno es falaz porque actualmente esa autorización está caduca por discontinuidad de uso. Además, dicen que la arrocera está fuera de los Esteros del Iberá, como si sólo en la reserva fuera necesario el cumplimiento de las leyes”, sostuvo Emilio Spataro, coordinador de la fundación Salvemos al Iberá.
La compañía Rincón de Corrientes, la sociedad anónima que administra los negocios de la multimillonaria francesa en la zona, ya tiene antecedentes en obtener beneficios del Estado provincial: en 1999 el gobierno correntino le entregó la concesión de aguas a perpetuidad para la irrigación de 300 hectáreas, cuando la ley sólo admite esta figura luego de 30 años de monitoreo de los aforos de la cuenca. Es decir, la provincia “regaló” un recurso estratégico a un particular extranjero sin ningún resguardo por el resto de los propietarios de la cuenca ni de cuidado ambiental.
Hoy, Rincón de Corrientes muestra aquel permiso para sostener que las 1000 hectáreas cuestionadas en realidad tienen que ver con una ampliación de aquella vieja concesión. Pero Spataro, de Salvemos al Iberá, lo desmintió. “Las concesiones se encuentran en subcuencas diferentes y nunca podrían ser tratadas como ampliación porque toman agua de lugares totalmente distintos”, explicó el ecologista sobre el nuevo emprendimiento arrocero de la millonaria francesa.
En el mismo sentido se pronunció el doctor en biología Juan José Neiff, director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, entidad que depende del CONICET. Neiff es uno de los especialistas argentinos que más conocen el macro ecosistema Iberá. En diálogo con Tiempo, manifestó que “en los últimos años vemos que se atropella reiteradamente las normativas vigentes y los particulares avanzan contra la ley de una manera insólita ante la permisividad del Estado, ya sea por acción u omisión”.
Para Neiff se debe tener en cuenta que cuando se construye una represa para riego “se está desvistiendo a un santo para vestir a otro”. De esta forma se refirió al volumen de agua que se está sustrayendo y cuyos efectos se van a sentir corriente abajo, afectando al ecosistema en su conjunto. En ese sentido, el especialista sostuvo: “El impacto de estas obras no se ve mientras hay suficiente agua en la reserva, pero en períodos de sequía extraordinaria, como las que se vivieron hasta fines de 2009, se secan las lagunas y los esteros, y entonces el agua que se utilizó para el arroz es la que no pasó para estos ambientes.”
Madame Beaux proviene de una familia de la nobleza parisina e hizo su fortuna en el sector financiero y petrolero, escalando posiciones hasta llegar a presidir el Movimiento de Empresas Francesas (MEDEF), entidad que agrupa a más de un millón de firmas privadas. En su país natal, fue distinguida como Comandante de la Legión de Honor y de la Orden Nacional de Mérito, y en 1987 la eligieron “empresaria del año”. La cúspide de su carrera llegó cuando se transformó en la mujer de estrecha confianza del multimillonario francés Jimmy Goldsmith, antiguo dueño del diario L’express. También fue socia del polémico magnate Bernard Tapie –que en 1992 llevó a la quiebra a la marca deportiva Adidas– e, incluso, experimentó en la arena política junto al candidato centroderechista Raymond Barre, al que asesoró en las elecciones presidenciales francesas de 1988.
Sus múltiples negocios hicieron que Beaux viviera en varios lugares del mundo: Canadá, Japón, Alemania, Bahamas y Guatemala, entre otros países. A fines de los ’80, llegó a la Argentina y nunca más se fue. Al igual que sucedió con Joe Lewis, el inglés que adquirió miles de hectáreas en la provincia de Río Negro y está denunciado por adueñarse de un lago entero cerca de El Bolsón, Madame Beaux desembarcó en suelo argentino tentada por las riquezas naturales del país.
En Corrientes, compró la estancia Rincón de Luna, donde se encuentra la represa cuestionada. La propiedad cuenta con 33.700 hectáreas y está ubicada sobre un islote entre los Esteros del Batel y del Batelito, que conforman el macrosistema de los Esteros del Iberá. Se trata de la estancia jesuítica más antigua del norte argentino, que bordea la Ruta 22 y prohíbe el acceso al histórico camino real que unía al Litoral con el Alto Perú en la época de la conquista española.
Según ambientalistas del lugar, la zona donde están enclavados estos campos es estratégica: allí hay humedales, pastizales, palmares y bosques en isletas. Por otra parte, los ecologistas agregaron que, para comenzar a producir arroz la compañía sacrificó gran parte del bosque nativo existente. Y esto, sin haber obtenido ninguna autorización de desmonte, a pesar de que se trataba de una “zona amarilla” –es decir, un área de preservación– según el ordenamiento territorial de bosques de la provincia de Corrientes.
Salvemos al Iberá viene luchando en contra de la instalación de arroceras ilegales en toda la región y fue también una de las ONG que más se enfrentó con los gobiernos de Arturo y Ricardo Colombi por la construcción de la represa Ayuí Grande, que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros pretendían instalar en la localidad correntina de Mercedes y que hoy está frenada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver recuadro).
Otra de las voces que se levantaron en contra del emprendimiento agrícola es la del cura de la zona, Rubén Barrios, quien consideró que “es lo mismo que el caso de Ayuí, es el aprovechamiento de un bien público y vital, como es el agua, sin ningún tipo de control, algo que va a perjudicar a terceros y al medioambiente. Con el agravante de que esto ya está más avanzado, la represa está construida y el perjuicio ya se puede ver.” El párroco, que da misa a unos kilómetros de la estancia de Madame Beaux, relató que “el riacho del Batel era una corriente de agua hermosa y hasta te inspiraba para escribir poesía y hoy es agua estancada producto del terraplén y la represa que construyó esta mujer sin ningún tipo de cumplimiento de la normativa vigente”. Barrios también agregó que “el tema es muy preocupante porque se trata de un derecho humano, es algo que nos asiste a todos los ciudadanos y hace a nuestra calidad de vida”.
En ese sentido, el biólogo Neiff agregó que “el problema es el mal ejemplo que se está dando en varias causas todavía irresueltas en la provincia, como el Ayuí o el terraplén de Yahaveré (ver recuadro). Y así, los ciudadanos creen que cualquiera puede vulnerar la ley y eso forma un proceso de deterioro progresivo y de expansión de estas obras.”
Para el experto, habitualmente las empresas conocen bien la normativa ambiental, pero entienden que los estudios exigidos pueden frenar sus proyectos comerciales, y entonces buscan estrategias con las cuales vulnerar las disposiciones vigentes.
“Desde el gobierno correntino se insiste en la antinomia entre ambientalistas y el sector de la producción. Y yo estoy de acuerdo con que la producción es progreso, pero siempre y cuando se haga respetando la sostenibilidad ecológica que tiene que tener una región como el Iberá, que es única en Sudamérica”, concluyó Neiff.
Mientras tanto, lejos de estos problemas, Beaux hoy combina el manejo a distancia de sus negocios con los viajes de placer y la participación en conferencias y foros sobre el papel de las mujeres emprendedoras.
En París tiene un lujoso piso en el número 14 de la exclusiva Rue Saint Giullaume. En Buenos Aires, vive en un departamento de la calle Montevideo al 1400, con vista al pintoresco parque Vicente López, en pleno barrio de Recoleta. Y, en la provincia de Corrientes, administra su estancia a la vera de los Esteros del Iberá, donde produce toneladas de arroz de manera irregular, utilizando el agua de una laguna pública y gracias a una represa envuelta en irregularidades.
Vía: tiempo argentino

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BARRICK GOLD INCUMPLE LA LEY DE GLACIARES

daniel — Tue, 31 May 2011 20:40:30 +0000

Por diversos frentes de acción, en los últimos días siete organizaciones ambientalistas enfatizaron su pedido por la plena vigencia de la Ley de Glaciares, sancionada por el Congreso Nacional en octubre del año pasado. Apuntaron al lobby minero, encabezado por Barrick Gold, una corporación protegida por ciertos intereses políticos.
Cinco organizaciones solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cese de las actividades del proyecto minero binacional Pascua-Lama (perteneciente a la canadiense Barrick Gold) con el argumento de que incumple la Ley de Protección de Glaciares. A esta acción se sumó la difusión de un informe de otra fundación que muestra la contaminación provocada aguas abajo de Pascua-Lama y la mina en funcionamiento Veladero. Una séptima ONG pidió explicaciones a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Amigos de la Tierra Argentina, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Diálogo por el Ambiente presentaron la demanda, sosteniendo que “el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial”.
Además, pidieron que se condene al Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias a sanear y recomponer los daños ambientales denunciados (incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares) por ciudadanos sanjuaninos en la causa caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”.
EL IMPACTO
La Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) difundió un informe sobre metales pesados, aceites e hidrocarburos en el área de influencia de Veladero y Pascua-Lama, basado en datos que la propia Barrick Gold presentó hasta diciembre de 2010 al Ministerio provincial de Minería y los que maneja el Centro para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial de San Juan.
La Fundación (liderada por la exsecretaria de Ambiente nacional, Romina Picolotti, que había denunciado el lobby minero) concluyó que tanto Veladero como Pascua Lama “no cumplen con la normativa ambiental y minera generando serios y peligrosos impactos para el ambiente y para la salud humana”.
Agregó que “los datos observados, son motivo suficiente para que el Gobierno de la Provincia de San Juan suspenda las obras ejerciendo un real poder fiscalizador” que, por el contrario, sigue aprobando las tareas de Barrick Gold. Por eso advirtió que “la ciudadanía debe estar en alerta”. Por su parte, la empresa (a través de Mining Press) descalificó la seriedad del informe y anunció que analiza iniciar medidas legales por considerarlo una “severa afectación consecuente a nuestro buen nombre y reputación organizacional y profesional”.
CONNIVENCIA POLÍTICA
La demanda presentada por las cinco ONG también solicita a la Corte Suprema de la Nación que se disponga “la inmediata suspensión de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que impiden la aplicación en la provincia, de los artículos clave de la norma”, particularmente sobre Veladero y Pascua Lama.
Las organizaciones ambientalistas repiten que la Ley no se opone a la minería en tanto y en cuanto no perjudique las reservas de agua dulce. Por ende, las objeciones de Barrick Gold delatarían el daño ambiental que está infringiendo, avalado por el poder político de los Gioja en San Juan, el Juez Federal Miguel Ángel Gálvez y también el gobierno nacional.
Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes-FEP, expresó por las redes sociales: “Ley de Glaciares. La semana pasada, en el Senado, Aníbal Fernandez colocó a las Auditorías Ambientales en un limbo. Ley desactivada”. Se refirió a uno de los artículos importantes de la normativa que (como denunciaron las organizaciones) aún no se cumplió y debe establecer las zonas prioritarias para auditar con carácter de urgencia.
En tanto, la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria remitió hoy un pedido de informe sobre la implementación de la Ley de Glaciares, tanto al Secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, como al Presidente del COFEMA, Alfredo Montalván, con la consigna “Dejen de derretir nuestra paciencia, auditorias ambientales ¡ya!”.
Asimismo, 53 organizaciones continúan juntando adhesiones “Por la plena vigencia de la Ley de Glaciares”. Queda, al respecto, una pregunta retórica: ¿En la lucha contra las corporaciones no incluyen a las trasnacionales de la megaminería que hoy paralizan una Ley votada por el Congreso?
Vía: Comunicación Ambiental

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daniel — Tue, 24 May 2011 21:07:17 +0000

Las poblaciones indígena y campesina continúan su rechazo a proyectos mineros en Guatemala, como indican hoy datos divulgados sobre una consulta realizada en Quiché.
Según lo publicado, 27360 de los 47801 pobladores se pronunciaron en contra de lo previsto en inversiones de minería e hidroeléctricas en el municipio de Sacapulas, de aquel departamento con amplia presencia de los pueblos autóctonos.
El líder de la espiritualidad indígena criticó a las empresas mineras trasnacionales, a las que acusó de “venir a llevarse nuestra riqueza, a cambio de promesas falsas de desarrollo”.
“Le pedimos al señor presidente que nos ayude a conservar la belleza de nuestros bosques para que no se desaparezcan los pájaros que con su canto alegran nuestro espíritu, que regrese lo cristalino de nuestras aguas, la pureza del aire para que la madre tierra vuelva a respirar”, indicó Pérez durante un emotivo discurso pronunciado en el Palacio Nacional de la Cultura.
Pérez también pidió al gobierno escuchar a las comunidades indígenas del país, que se oponen a la explotación petrolera y la construcción de hidroeléctricas, porque las mismas “constituyen una violación de nuestra naturaleza”.
“Como anciano del pueblo maya le pido que escuche el clamor de nuestra gente, de nuestro pueblo. No somos ricos, pero tenemos dignidad. Hemos dicho muchas veces que no queremos minería. Ya estamos cansados de que no se nos escuche”, subrayó.
Agua y tierra para los pueblos, no para las empresas, fue la consigna enarbolada por quienes dieron su opinión.
Los sacapultecos somos inteligentes y estamos decidiendo en favor de qué futuro queremos dejar a nuestros hijos y nietos, dijo el alcalde Pedro Pu Turín, según el reporte.
Este añade una afirmación del Ministerio de Energía y Minas acerca de la existencia en esa zona de seis licencias para explotación minera de mármol, yeso y ceniza volcánica.
Además, hay un proyecto hidroeléctrico que abarcará ese municipio y otro de Quiché, así como uno del vecino departamento de Huehuetenango.
La consulta fue promovida por los miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, alcaldes auxiliares y la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas en Resistencia y Defensa de los Recursos Naturales, señala el periódico.
En Guatemala son frecuentes las expresiones de rechazo a esos tipos de actividades por parte de los pueblos indígenas, inmensa mayoría entre el campesinado, debido a los daños ambientales y a la salud humana que conllevan.
Vía: prensa latina

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