VIOLENCIA DOMESTICA: EL MAL QUE ESPAÑA AUN NO SUPERA
A pesar de los intentos del gobierno, la violencia doméstica aumenta en España.
El año pasado, 73 mujeres murieron en su casa a mano de sus parejas, lo que supone alrededor de una cada cinco días, mientras que en 2009 el total fue de 55.
Si bien hay una sorprendente falta de estadísticas comparadas en Europa –algunos países no las llevan, mientras que otros utilizan diferentes criterios–, el aumento en España confirma lo que aquí muchos consideran una característica persistente y negativa de su sociedad.
“Por desgracia, las fatalidades son sólo la punta del iceberg en términos de la magnitud de la violencia que existe y nunca se denuncia”, dijo Teresa Cavanna, una abogada especializada en violencia doméstica.
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder en 2004 con la promesa de revertir la fama de España de sociedad ultraconservadora y de hegemonía masculina. Designó igual cantidad de hombres y mujeres en su gabinete. Se legalizó el matrimonio homosexual. Se flexibilizaron las estrictas normas que obstaculizaban el divorcio y el aborto.
Pero los intentos de proteger a las mujeres no cubren las expectativas. “No nos está yendo bien”, dijo en octubre Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, al calificar de “horrible” la cantidad de víctimas de 2010, que hasta ese momento era de 58.
España revisó su legislación en 2004 para facilitar a las víctimas la búsqueda de apoyo legal: se aumentaron las órdenes para que los maltratadores no se acercaran a las víctimas, y se penalizaron conductas agresivas como las amenazas de muerte.
Los tribunales españoles han dictado desde entonces 145 mil sentencias contra hombres violentos.
El promedio de condenados fue sentenciado a dos años de reclusión, dijo Cavanna. En los últimos seis años, los jueces también otorgaron protección a casi 141 mil mujeres, el 73 por ciento de solicitudes. Sin embargo, la cantidad de mujeres que abandona la vía legal antes de la sentencia creció 46 por ciento en tres años. Cavanna señaló que una de sus clientas seguía esperando la sentencia pasados veinte meses de iniciada la acción legal. “Cambiar las leyes”, dijo, no “cambia de la noche a la mañana las actitudes de una sociedad donde la ideología machista sigue muy arraigada”, incluso en los tribunales.
Hasta las mujeres que denuncian pueden no obtener respuestas. En diciembre se supo que una mujer a la que su novio habría acuchillado acudió a la policía tres semanas antes para poner una queja. No recibió protección. En las sombrías estadísticas subyace un vehemente debate sobre si la sociedad puede proteger a las mujeres –o a los hombres– de la agresión de alguien que tiene más fuerza física.
Por otra parte, ¿la sociedad debería tratar de ayudar a las mujeres ofreciendo tratamiento a los hombres violentos?
Asociación Aspacia, un grupo privado que encabeza los esfuerzos por tratar a los hombres violentes, tiene recursos económicos muy limitados. Este año espera tratar a 87 agresores. “España hizo grandes avances en lo que respecta a ayudar a las víctimas, pero pocos en lo relativo a los hombres que son la causa del problema”, dijo Andrés Quinteros, el director del programa. Pero Ana María Pérez del Campo, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que ayuda a las mujeres maltratadas, declara: “No conozco a ningún golpeador regenerado.”
Aspacia señala que el 65 por ciento de los hombres que buscaron tratamiento en su sede completó el programa de seis meses. Alrededor de un 25 por ciento lo abandonó. En cuanto al resto, su solicitud se rechazó o Alsacia los dio de baja. Quinteros destacó que “cambiar a alguien que tiene un grave problema de identidad exige más que seis meses.”
Las terapias, sin embargo, dan resultado, afirmó. En momentos de austeridad gubernamental, los grupos de mujeres exigen que la financiación se destine a los temas que consideran más urgentes, como las evaluaciones psicológicas para los juicios.
Amalia Fernández Doyague, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que proporciona asesoramiento legal a víctimas de la violencia doméstica, dijo que los recursos no deben destinarse a “tratamientos que muchos hombres sólo hacen en un intento de evitar la cárcel”.
Juan, un hombre violento condenado, espera que el tratamiento de Aspacia le permita volver con su pareja, que tiene dos hijos y con la que vivía hasta la primavera pasada, cuando en estado de ebriedad le lanzó un control remoto, como consecuencia de lo cual la mujer necesitó cuatro puntos en la cara. Juan tiene prohibido acercarse a la mujer hasta que la corte se expida.
Luego de una agresión en 2009 contra la misma mujer, pasó cuatro meses en la cárcel. “Este curso me está ayudando a poner las cosas en perspectiva, algo que la cárcel no hizo”, declaró. Su consumo de alcohol había aumentado, dijo, debido a las dificultades que experimentaba para conservar el empleo.
La desocupación llegó al 20 por ciento en España en el marco de la crisis financiera global, lo cual “sin duda puede precipitar conductas violentas por el aumento del nivel de estrés”, señaló Quinteros.
Juan sonaba decidido. “Tengo que curarme, ya que mi conducta pone en peligro todo lo que quiero”, dijo. “Más allá de mis problemas personales, esto es el cáncer de nuestra sociedad y tenemos que liberarnos de eso”.
Vía: The New York Times
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