norm sust_peli Las primeras normas europeas sobre sustancias químicas tenían el objetivo de evitar distorsiones y trabas comerciales a la libre circulación en el mercado interno que pudieran ser ocasionadas por las distintas formas de clasificar y etiquetar las sustancias en los países comunitarios. Cualquier sustancia química podía comercializarse con la única exigencia de cumplir las obligaciones de clasificación, etiquetado, envasado y restricción. En el año 1979 se instauró un sistema de notificación que obligó a proporcionar información sobre la producción, uso y características peligrosas de las nuevas sustancias químicas que se quisieran introducir en el mercado comunitario. Se estableció una distinción entre “sustancias existentes” y “sustancias nuevas”. A las primeras –unas 100.000 sustancias– se les permitió continuar en el mercado a pesar de desconocerse sus características peligrosas.
En 1993 se aprobó el Reglamento 793/93, cuyo objetivo era establecer un sistema común de evaluación de sustancias y así eliminar las barreras al comercio interno surgidas por las restricciones al uso de algunas sustancias que comenzaban a imponer diversos países. En él se establecía el principio de que no se podía restringir el uso de ninguna sustancia hasta que no se hubiera realizado una evaluación de sus riesgos sobre la salud y el medio ambiente. Además, se responsabilizaba a las autoridades de realizar estas evaluaciones. Es decir, la carga de la prueba recaía sobre las Administraciones y no sobre la industria.
Se elaboró un listado de 141 sustancias, de las más de 100.000 existentes en el mercado, cuya evaluación era prioritaria. A día de hoy, las autoridades sólo han podido completar 83 evaluaciones de riesgo al estar fuera del alcance de sus posibilidades por diversos motivos, entre los que está la falta de información sobre las sustancias químicas.
Mientras las políticas de gestión del riesgo químico se desarrollaban en el contexto descrito, organizaciones científicas, políticas y sociales alertaban sobre los graves daños que la dispersión de sustancias tóxicas estaba ocasionando sobre el medio ambiente y advertían sobre los riesgos, ya visibles en muchos casos, sobre la salud humana (presencia de tóxicos en la leche materna, en alimentos…).
En 1998 cinco Estados miembros presentaron un documento pidiendo la adopción de un marco político sobre sustancias químicas que conllevara la revisión del sistema normativo vigente hasta entonces. El proceso finalmente desembocó en la publicación, en 2001, del Libro Blanco Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos, donde se reconocía el fracaso de la política europea de gestión del riesgo químico y se establecían las bases del Reglamento REACH.
Las presiones que ha ejercido la poderosa industria química europea desde la aprobación del Libro Blanco, basadas en amenazas de graves pérdidas de empleo y de competitividad que se dejarían sentir en toda la sociedad europea, han dado como resultado un Reglamento bastante alejado de las pretensiones iniciales. Con todo, se establece un nuevo sistema normativo más coherente, con mayores exigencias de información y con una serie de avances para mejorar la prevención y gestión del riesgo químico.
DAÑO A LA SALUD OCASIONADO POR LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS TÓXICAS EN ESPAÑA.
* Entre 2.000 y 8.000 trabajadores mueren cada año debido a la exposición a agentes cancerígenos en los lugares de trabajo.
* 5.130 trabajadores contraen asma, 8.550 enfermedad pulmonar obstructiva y 6.840 sufren dermatitis, debido a la exposición laboral a sustancias peligrosas.
* El número de defunciones por enfermedades que pueden tener causas medioambientales se ha triplicado en el periodo 1980-2004.
* El asma afecta al 10% de la población infantil española.
* El cáncer infantil (asociado a factores ambientales en un 98% de los casos) aumenta un 1% cada año.
* Los problemas de neurodesarrollo (relacionados con exposición a tóxicos) infantiles están alcanzando cifras epidémicas: un 5-10% de los niños escolarizados tienen problemas de aprendizaje; el 17% tiene problemas de atención con hiperactividad; un 1% de los niños sufren retraso mental.