LA CRISIS ALIMENTARIA: ARTÍCULO DE MÓNICA VARGAS COLLAZOS
¿Y SI HABLÁRAMOS EN SERIO?
Una crisis originada por la especulación en los mercados de alimentos
y por el creciente control de las grandes transnacionales La mejor forma de luchar contra la crisis alimentaria es modificar de arriba abajo el modelo agrícola industrial: evitar la especulación sobre los productos agrícolas, limitar la concentración empresarial en la cadena productiva… Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario, pues la tendencia general se dirige hacia la profundización de este modelo y a la defensa de los intereses corporativos frente a los del conjunto de la humanidad. En el artículo también se analiza hasta qué punto muchos proyectos de ‘cooperación’ española son, a menudo, interferencias muy negativas sobre los supuestos beneficiarios.
Las actuales medidas tomadas por los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los países más enriquecidos frente al contexto de crisis múltiple (alimentaria, ecológica, financiera, energética) se encuentran muy lejos de ser adecuadas. De hecho, tal y como lo veremos razonando a partir del ejemplo de la crisis alimentaria, se vislumbra una incoherencia real entre la intención de resolver estas crisis y la no identificación de los responsables, así como la ausencia de participación de los principales afectados.
Agresión territorial
Existe un factor de disonancia en las políticas globales frente a la crisis alimentaria.
Se ubica en la manera de encarar el problema del hambre y de cosificar a los afectados. Los seres humanos todavía no somos autómatas, ni máquinas que requieran de insumos adecuados para funcionar correctamente. El hambre no es una plaga que se deba combatir. La realidad de cerca de mil millones de personas en la Periferia es el empobrecimiento, es decir, un proceso creciente, generado en el contexto de las relaciones de dominación que rigen en el sistema capitalista.
Entre una gran diversidad de posibilidades, destacaremos aquí una de las maneras más frecuentes de empobrecer a una población. Se trata de las decisiones que directa o indirectamente expulsan a esa población de su territorio, del espacio no sólo geográfico-físico sino también simbólico, donde se reproducen su estructura social y su universo cultural (incluida su manera de nombrar el mundo, es decir su lengua). Esto implica quitar a esta población toda posibilidad de determinar cómo se quiere organizar social, política, cultural y ecológicamente. Se trata también, por ejemplo, de impedirle escoger y producir los alimentos y materiales destinados a su subsistencia, de recurrir a sus propios conocimientos para curar a sus enfermos y de decidir sobre la fuente de energía que quiere usar.
Este tipo de agresión multisectorial es la que cotidianamente tiene lugar en las poblaciones de la Periferia y empeora sus condiciones de vida. Tiene su origen en políticas públicas y privadas desplegadas desde los países del Centro, en colaboración con elites locales, y esa sí es una plaga que se debe detener. Por tanto, no nos encontramos ante un problema que pueda ser resuelto con ayuda alimentaria o comida en latas. En otros términos, los 500 millones de euros prometidos este año por el Presidente Zapatero en ayuda a la cooperación para programas de seguridad alimentaria, o los 760 millones que el Banco Mundial desbloqueará con la misma intención, no representan nada frente a los daños que causan en la Periferia.
Anticooperación española en América Latina
Es por ello, que en el análisis de este proceso es de gran utilidad el paradigma de la anticooperación, desarrollado recientemente por David Llistar, y que permite contrastar las políticas de ayuda al desarrollo con la arquitectura de las relaciones de poder a nivel global. De acuerdo con la propuesta de Llistar, este paradigma se sustenta en tres hipótesis centrales: en primer lugar, los contextos en los que viven los habitantes de la Periferia dependen, en gran medida, de decisiones y actitudes de los habitantes del Centro; en segundo lugar, la cooperación al desarrollo constituye una contribución cuyo grado es muy inferior frente a las interferencias negativas generadas en la Periferia por los países del Centro; y finalmente, la mayoría de estas consecuencias negativas son producidas a partir de la lógica de empresas y Estados que aspiran a crecer y asegurarse recursos y mercados. La anticooperación Centro/ Periferia es, por tanto, el conjunto de interferencias negativas generadas desde los países económicamente más poderosos sobre los más empobrecidos.
Es a partir de ese enfoque que brindaremos aquí un ejemplo de una de las áreas donde se ejerce la anticooperación desde el Estado español. Se trata únicamente de una ilustración de lo que desde las autoridades españolas se podría dejar de hacer, en caso de que se optara por luchar contra el empobrecimiento. Consideraremos brevemente dos casos de anticooperación relacionada con la agresión territorial y los agrocombustibles, en el ámbito público y desde la esfera privada.
Entre las peores agresiones que implican la expulsión de las poblaciones locales de sus territorios y que pesan hoy en día sobre el continente americano amenazando con incrementar el empobrecimiento se encuentran el Plan Puebla Panamá (PPP) (hoy Plan Mesoamérica) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA).
Se trata de planes sobre los cuales existe ya una amplia literatura por lo que únicamente resaltaremos dos aspectos: la participación del Gobierno y del capital español y la potenciación del modelo agrícola industrial mediante el desarrollo de los agrocombustibles. En el diseño de ambos planes ha participado, sin ninguna consulta a las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda del continente, y de la cual el Estado español es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Si consideramos primeramente el PPP, vemos que entre las entidades que lo promueven activamente se encuentran también instancias públicas españolas, tales como el Instituto Español de Comercio Exterior, y el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO). Ambos participan en el Grupo Técnico Interinstitucional del PPP, uno de los pilares de la estructura del Plan. Además, cabe resaltar que el Gobierno español participa directamente en el BID desde 1976.
Ahora bien, en lo que refiere a la producción de agrocarburantes en América Latina, el Banco tiene un papel determinante. Su presidente, Luis Alberto Moreno, co-dirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush (ex-gobernador del Estado de Florida) y el ex-primer ministro japonés Junichiro Kozumi. Las zonas donde el BID ha apoyado la expansión de los monocultivos energéticos (caña de azúcar y palma aceitera) en el marco de Plan Puebla Panamá, han registrado violaciones de los derechos humanos y alarmantes desplazamientos de las poblaciones.
Tal es el caso de las comunidades afrodescendientes en Colombia y más recientemente, de comunidades indígenas en Guatemala. En este último país, es al BID a quién se dirige la organización internacional Rights Action para protestar por la financiación de monocultivos que no hacen sino causar hambre, represión y deforestación.
Los lazos del Gobierno español con el BID se estrecharon en 2008 mediante la firma de cartas de intención por un valor de 12 millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), destinados a la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático y a la creación del Fondo Español de Empresariado Social.
La mitad de los 12 millones será destinada a la Iniciativa sobre Energía Sostenible y Cambio Climático del BID que apoya a los países de América Latina y el Caribe en los ámbitos de energía renovable y eficiencia energética, desarrollo de agrocombustibles y adaptación al cambio climático. Los 6 millones restantes irán servirán para la creación del Fondo Español de Empresariado Social, gestionado por el Fondo Multilateral de Inversiones, que proporcionará recursos a microempresarios y pequeños productores latinoamericanos mediante actividades productivas y de provisión de servicios básicos.
Cabe destacar que esta participación del Gobierno español entra en el marco de la anticooperación ambiental, al menos por dos razones: en primer lugar, la promoción de los agrocombustibles, cuyos impactos sociales y ambientales ya son reconocidos por una diversidad de actores y en segundo lugar por la participación en los proyectos de “adaptación al cambio climático”. De manera creciente, se denuncia desde las organizaciones sociales latinoamericanas a las políticas de adaptación como “nuevas formas de dominación y control de nuestros recursos y economías”.
El BID aspira también a acelerar proyectos del IIRSA rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, Ferro Norte, y el Complejo del Río Madera.
En IIRSA se activa la anticooperación española, pero esta vez vinculada al capital privado. Se observa la presencia de constructoras españolas en estos megaproyectos (por ejemplo ACS-Dragados), y de consultoras como Typsa y Norcontrol, pero nos concentraremos aquí en la responsabilidad del Banco Santander Central Hispano (BSCH) en uno de los proyectos más social y ambientalmente agresivos de IIRSA: el Complejo Hidroeléctrico del Río Madera.
El Complejo proyecta la construcción de una hidrovía de 4.200 km de largo que haría posible la navegación de grandes embarcaciones en los Ríos Madera, Madre de Dios y Beni, así como la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en la amazonía brasileño-boliviana. El BSCH ha ganado, junto al banco portugués BANIF, la subasta de una de las represas, Santo Antonio. Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que van a entorpecer sin duda la viabilidad socioambiental del Complejo.
Entre los graves impactos sociales y ambientales que implica la implementación de estas megainfraestructuras, podemos citar que las represas ponen en peligro una de las zonas de más importante biodiversidad de América del Sur. Además, implican la inundación de territorios indígenas y campesinos, y por tanto el desplazamiento de 10.000 personas en el lado brasilero. En el lado boliviano, se estima que 1.400 familias serán afectadas por la construcción de las represas. En su mayoría se trata de comunidades indígenas Chácobo, Tacana, Esse Ejja, Cavineñas, Machineri, Joaquinianas, Toromonas, Yaminahua e integrantes de un pueblo indígena no contactado, el pueblo Pacahuara. De manera general, impactará sobre la pesca, que permite la supervivencia de 2.4000 pescadores en ambos lados de la frontera. Preocupa también que la zona afectada potencialmente por las represas sea una de las áreas con más enfermedades como la malaria y el dengue en la región amazónica.
La inundación y el consecuente estancamiento de las aguas posibilitará el aumento considerable de estas enfermedades. Se establece en este caso un vínculo importante con los agrocombustibles, puesto que las hidroeléctricas abastecerán de energía a los Estados brasileños de Rondonia y Matto Grosso, permitiendo la extensión de la producción sojera de por sí muy importante en este último Estado, gobernado por Blairo Maggi, uno de los más grandes productores de soja del planeta. La responsabilidad del BSCH en este caso ha llevado a una red de organizaciones de la sociedad civil a denunciarlo ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (Lima, mayo de 2008).
El repaso de la participación española pública y privada en los megaproyectos de infraestructuras potenciados por el auge de los agrocombustibles no ha tenido otro objeto que resaltar algunos ejemplos de áreas donde se podría actuar para detener el empobrecimiento. Hemos querido subrayar también la necesidad de partir de una perspectiva integral a la hora de considerar el problema de la pobreza. Hacia la soberanía alimentaria y el decrecimiento
Si en las esferas de decisión, además de identificar claramente las contradicciones inherentes a la crisis alimentaria, se cediera un espacio para la escucha de los principales afectados, la situación sería muy distinta. En la Cumbre de la FAO del mes de junio, por ejemplo, agrupadas en un evento paralelo, organizaciones de campesinos y pequeños productores (es decir, el 80% de la población que sufre de hambre) denunciaron el poder de la agroindustria y de la liberalización de la agricultura. Su respuesta fue diametralmente opuesta a la de la Cumbre: no piden seguridad sino soberanía alimentaria; se oponen a los agrocombustibles a gran escala y piden que los gobiernos se concentren en la producción sostenible de alimentos en pequeña escala. Apuntan la complejidad de la agresión neoliberal de la que son objeto y que rebasa los vacíos discursos de la Cumbre.
El modelo agrícola industrial implica la apropiación y el saqueo de la tierra, un recurso estratégico. Y para ello, se aplica una descampesinización feroz, particularmente en los países empobrecidos. Pero ellos ya no hablan de expulsión, hablan de desterritorialización. Porque lo que pierden, ante la presión de los agronegocios por extender monocultivos de palma aceitera, soja, jatrofa, maíz o caña de azúcar en millones de hectáreas, es su territorio, es decir su cultura, su vida y por tanto, su dignidad. Es ante esta corrosión de sus ancestrales sistemas agrícolas, alimentarios, políticos y culturales que reivindican la soberanía alimentaria.
Cabe destacar también que en los países del Centro actualmente cobra cada vez más fuerza un lema aglutinador de una gran diversidad de ideas de cambio: el decrecimiento, entendido como “la necesidad de salir del modelo económico actual y romper con la lógica del crecimiento continuo”. Surge esencialmente del pensamiento de Nicholas Georgescu-Roegen, el cual desarrolló la bioeconomía, entendida como la formulación de una ciencia económica, ecológica y socialmente sostenible, que aspira a resituar a la economía como un subsistema de la biosfera, en el respeto de las leyes y límites físicos de ésta última.
En torno a esta noción se desarrollan, por ejemplo, propuestas particularmente urgentes en los países del Centro tales como: la producción a escala local y sostenible, la agricultura agroecológica, la desindustrialización, el fin del actual modelo de transporte, el fin del consumismo y de la publicidad, la desurbanización, la autoproducción de bienes y servicios, la austeridad, los intercambios no mercantilizados.
Es a partir de este tipo de iniciativas, y en un esfuerzo de empatía, escucha y colaboración entre las diferentes resistencias al sistema capitalista que podremos encarar de manera responsable los actuales problemas globales y recuperar la posibilidad de una vida digna para todos los pobladores del planeta. Es decir, podremos hablar en serio.
Vía: Quien debe a quien
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