La causa Matanza Riachuelo
Pocas causas como “Mendoza” han concitado el interés de la prensa de una manera tan intensa. Ello es función de distintos factores. La naturaleza emblemática del Riachuelo, símbolo de la contaminación por excelencia. Expresión de la impotencia de particulares y autoridades para conjurar un problema de magnitud social pocas veces igualada.
El involucramiento del Poder Judicial a través del Máximo Tribunal de la República, para articular las soluciones que los otros dos poderes no pudieron encaminar, también constituye un dato inédito, o en todo caso, de aquellos que de manera incipiente vino trabajando la Corte Suprema de Justicia en materia de políticas públicas, respondiendo a una demanda social de judicialización de estas cuestiones históricamente “discrecionales”.
La magnitud de los recursos en juego no es un dato menor. El correlato presupuestario de las políticas públicas en juego es enorme. Desde las obras de infraestructura en materia de agua, cloaca y control de inundaciones, demoradas por más de 40 años en algunos casos, pasando por las complejidades económicas y operativas del control de la contaminación, siguiendo con el inasible ordenamiento ambiental del territorio que tensa inevitablemente la relación entre la Provincia de Buenos Aires y sus municipios, culminando con los enigmas que depara a nivel operativo la atención focalizada de la población afectada en su salud con motivo del deterioro ambiental, todo ello pone en funcionamiento una maquinaria administrativa y política que no puede quedar exenta de controles, entre ellos el de la prensa.
Pero los tiempos del Riachuelo se encuentran agotados desde el mismo comienzo de la causa Mendoza. Se litiga porque ya no es posible esperar más promesas. Se esperan y exigen, con razón, acciones y resultados, cuasi inmediatos que la realidad hasta el momento ha probado no resistir. Porque no se obtienen los acuerdos. Porque no están los presupuestos. Porque los intereses son muy fuertes. Porque los problemas son demasiado complejos. Por muchas buenas razones, que llevan explícita o implícitamente transitados casi 200 años.
Crónicamente se presenta entonces el momento de afrontar el dilema. Insistir en lo imposible, o aceptar la impotencia que supone aceptar un río que está técnicamente “terminando de morir”?
La Corte Suprema de Justicia imprimió a este dilema un desarrollo signado por la razonabilidad, la mensurabilidad y la conminatoriedad de un programa de acciones, a la sazón delineado por la propia Administración. El Juzgado Federal de Quilmes, a su turno, y en el marco de mandatos explícitos e implícitos, contenidos y derivados de la sentencia dictada el 8 de Julio de 2008, desarrolló un sendero de intervención proactiva, preventiva, ganando un creciente protagonismo en el centro mismo de cada uno de los problemas que supone el cumplimiento de la condena.
Vía: Blog de WordPress.com
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