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¿Es posible que Rusia tenga en sus manos el futuro de un sistema de límites y comercio de carbono que muchos especialistas consideran de suma importancia para poner freno a los gases de efecto invernadero globales? Por más improbable que pueda considerárselo, la respuesta parece ser que sí. Ello se debe a que, como consecuencia del derrumbe de buena parte de su industria pesada en la década del los 90, Rusia posee una de las mayores acumulaciones de créditos para contrarrestar las emisiones de carbono. Ese regalo inmerecido, herencia del acuerdo de Kyoto que intentó abordar la amenaza del cambio climático, tiene un valor de varios miles de millones de dólares. Si de pronto se vendieran en el exterior, esos créditos podrían hacer que se desplomara el precio del carbono en los frágiles mercados de emisiones del mundo.
La mayor parte de los economistas señala que, si las emisiones de carbono no tienen un precio razonablemente alto y predecible, no hay muchas posibilidades de estimular las inversiones necesarias para generar un desplazamiento de una economía industrial intensiva en carbono a una más sostenible, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. El comercio de carbono se basa principalmente en permisos que los gobiernos emiten o venden a las empresas que emiten dióxido de carbono y otros gases que se estima afectan el clima. Si las compañías emiten más que una cantidad específica de carbono, se les exige que compren permisos o que busquen créditos en otros lugares. Si se mantienen por debajo de su límite, pueden obtener ganancias mediante la venta de sus permisos.
A medida que los gobiernos bajen los límites, el precio de permisos y créditos debería aumentar. Quienes apoyan el comercio de carbono dicen que el sistema funcionará cuando las empresas que tengan un elevado costo por los permisos reduzcan sus emisiones, inviertan en tecnología más limpia o compren créditos de emisión a una compañía u organización que ya tomó medidas para reducir las emisiones o absorber gases de invernadero de la atmósfera.
El principal modelo de ese sistema está en práctica en la Unión Europea, que instó a los países industrializados a adoptarlo para 2015 y, en el caso de economías emergentes como China e India, en 2020. EE.UU. analiza un sistema similar.
Sin embargo, incluso si se crea un mercado global, muchos especialistas advierten que no debería confiarse en el comercio de carbono para alcanzar el grado de reducción de emisiones necesario para mantener el aumento de la temperatura global en un nivel que evitaría cambios peligrosos. Los grupos ecologistas advierten que los mercados de carbono pueden terminar por proporcionar menos dinero que el que esperan algunos países pobres, sobre todo porque los países ricos no están dispuestos a reducir demasiado sus límites.
De imponerse límites más bajos, aumentaría la demanda de compensaciones en el mundo en desarrollo. Eso, indica la teoría, elevaría el precio del carbono, de modo que los gobiernos que venden permisos tendrían que redirigir más dinero a un futuro fondo global de protección del clima.
La perspectiva de que Rusia se deshaga de sus créditos no es más que el último desafío que enfrenta el comercio de emisiones. La abundancia de créditos de Rusia es “como un gorila que nadie se atreve a tocar”, dice Peter Zapfel, un alto funcionario que contribuye a la supervisión del comercio de emisiones que rige en la Unión Europea desde hace cuatro años. Rusia podría “afectar de manera fundamental la integridad ecológica de lo que acordemos en Copenhague”, agrega.
Los países industrializados, entre ellos EE. UU., consideran que el comercio es la forma más barata y eficiente de cumplir con futuros objetivos de reducción de emisiones. Por su parte, los gobernantes europeos destacaron el papel que todo proyecto de comercio debe desempeñar para canalizar las grandes sumas de dinero que los países más pobres exigieron como condición para llegar a un acuerdo en Copenhague.
Henry Derwent, presidente de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, un grupo con sede en Ginebra, pronosticó que un mercado de emisiones podría tener un valor de US$3 billones para finales de la próxima década, mientras que en la actualidad es de unos US$130 mil millones anuales. En una serie de países, sin embargo, poderosos grupos de presión –a menudo con el respaldo de la industria de carbono– obstruyen los intentos de aprobar leyes destinadas a limitar las emisiones.
En los lugares donde se impusieron esos sistemas, los bajos precios y la volatilidad de los mercados de carbono desalentaron a los inversores. Asimismo, hay grandes dudas respecto de la forma en que pueden ganarse, comerciarse y administrarse las reducciones de gases de efecto invernadero. “Estoy convencido de que los mercados de carbono tienen un papel importante que desempeñar”, sostiene Nicholas Stern, profesor de London School of Economics, especilizado en economía del clima. Pero “todos los mercados deben tener algún tipo de regulación y reglas, a los efectos de funcionar de forma adecuada”, agrega. “Eso es lo que vimos en los últimos años”.

Vía: The NYTimes

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