La UCEP no podrá actuar sin autorización judicial
La medida, dispuesta por el juez Roberto Gallardo, se adoptó tras el allanamiento a las oficinas del organismo. Fue consecuencia de una denuncia de la Asesoría Tutelar, en el caso de una mujer embarazada que fue desalojada a golpes.
Al menos por unos días, el grupo de choque del gobierno porteño especializado en desalojos de indigentes que viven en la calle, conocido como UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), no podrá realizar ese tipo de procedimientos sin autorización judicial. Lo decidió ayer el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó que ese organismo se abstenga de intervenir en “acciones que involucren a menores e incapaces”. La medida fue adoptada horas después de un allanamiento a la sede de la UCEP, en el Edificio del Plata.
La medida cautelar fue adoptada por Gallardo apenas veinticuatro horas después de que el asesor tutelar de Menores Gustavo Moreno presentara una acción de amparo a partir del caso de Carla Baptista, la mujer con un embarazo de cinco meses que hace un mes fue golpeada, manoseada y amenazada por una patota de la UCEP, en un operativo realizado en la calle Pasco y Autopista, donde ella vivía con su pareja.
El accionar de la UCEP viene siendo denunciado desde hace tiempo por sus víctimas y por organizaciones sociales y políticas que advierten sobre los métodos violentos que utilizan sus integrantes para desalojar a personas sin techo de la vía pública. La diputada Liliana Parada (Proyecto Sur) formuló a fines de 2008 una denuncia penal contra Mauricio Macri y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por “amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a la que se sumó con otros casos la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Este organismo, junto con la Defensoría Oficial de la Justicia porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron la semana pasada un pedido de disolución de lo que consideraron como una “fuerza paraestatal”.
El asesor tutelar Gustavo Moreno pidió el jueves a la Justicia, en un nuevo recurso de amparo, “que la UCEP no participe en procedimientos con personas menores (de 21 años) y embarazadas”. Para eso, al caso de Carla agregó “otros sucesos de igual tenor, que tuvieron lugar en circunstancias similares, de los que también habrían sido víctimas menores de edad”.
La causa recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Roberto Gallardo, quien en menos de veinticuatro horas ordenó allanar las oficinas de la UCEP, en el quinto piso del edificio de Carlos Pellegrini 211, donde secuestró abundante documentación. “Después de leer la presentación del asesor tutelar, existían dudas acerca de la forma en que se realizan los procedimientos”, dijo Gallardo al justificar el allanamiento.
“Tratan de limpiar las calles de Buenos Aires de pobres, pero tirándolos del otro lado de la General Paz. Ofrecen dinero primero, y si no se van con dinero, se van a los golpes”, dijo la diputada Parada. El miércoles último, cuando el ministro Piccardo brindó un informe en la Legislatura, la diputada le preguntó al funcionario: “¿Están esperando un muerto? Yo no. Y para que esto no ocurra, la UCEP tiene que dejar de existir”.
Piccardo se empeñó en negar que la UCEP emplee métodos violentos y en sus exposiciones consideró que los testimonios brindados por víctimas y testigos no constituyen pruebas de un accionar ilegal. De hecho, en la Legislatura confirmó que inició tres sumarios para investigar las denuncias, pero admitió que no separó preventivamente a ninguno de los funcionarios acusados.
De acuerdo con denuncias coincidentes, el grupo –cuyo jefe sería un barrabrava de San Lorenzo, conocido como el Luis “El Tano” Savoiardo– se moviliza en varios vehículos no identificados con leyendas oficiales y un camión compactador de basura, adonde son arrojadas las pertenencias de las personas desalojadas.
Según admite el propio organismo, desde febrero hasta septiembre la UCEP realizó 444 procedimientos de desalojo, la gran mayoría contra personas indigentes, a razón de dos o más operativos por día. Ahora, sus integrantes ingresan en período de abstinencia: sólo pueden actuar bajo supervisión judicial, al menos hasta que haya sentencia definitiva.
Vía: Página12
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