Desarrollo Sostenible – Blog para el desarrollo económico respetuoso del ambiente natural y social.

Las pilas de basura que se acumulan en el extremo de este asentamiento a 960 kilómetros de la costa de Ecuador, en el Pacífico, demuestran que hay una especie que prospera en el frágil archipiélago cuya extraordinaria vida silvestre le inspiró a Darwin la teoría de la evolución: el hombre. Pequeños pájaros grises, descendientes de aves que tuvieron una importancia crucial para la tesis de Darwin, revolotean en torno del basurero de una creciente ciudad de ecuatorianos que se trasladaron aquí para trabajar en la pujante industria turística de las islas.
La población humana de las Galápagos, que se duplicó y llegó a unas 30 mil personas en los diez últimos años, preocupa a los ecologistas. Estos señalan que todo indica que el crecimiento está provocando daños en el ecosistema que permitió a los habitantes más famosos de las islas –entre ellos las tortugas gigantes– evolucionar en aislamiento antes de que comenzara la colonización continental de las islas hace más de un siglo.
El crecimiento se convirtió en una amenaza para el medioambiente, y lo hizo en tal grado que hasta el Gobierno, que sigue apoyando el crecimiento del sector turístico, expulsó en el transcurso del último año a más de mil ecuatorianos pobres de una provincia que consideran suya, y ya se dispone a expulsar a muchos más.
Al limitar la población, los funcionarios esperan preservar las maravillas naturales que impulsan uno de los sectores más lucrativos de Ecuador: el turismo.
Las medidas, sin embargo, encuentran el rechazo de los migrantes no calificados, que sostienen que se les castiga mientras el país sigue disfrutando de los muchos millones de dólares que los turistas llevan a Ecuador, uno de los países más pobres de América del Sur.
“Nos dicen que una tortuga que puede fotografiar un extranjero rico es más valiosa que un ciudadano ecuatoriano”, declara María Mariana de Reina Bustos, que tiene cincuenta y cuatro años y procede de Ambato, del valle andino central de Ecuador, y cuya hija Olga, de veintidós años, fue detenida cerca del barrio pobre La Cascada y enviada de vuelta al continente. Los primeros colonos llegaron a las islas para vivir de la tierra, trabajando como pescadores y campesinos.
En la actualidad, la mayor parte de quienes vuelan desde Quito, la capital, o llegan a las islas en embarcaciones furtivas, lo hacen atraídos por diferentes tipos de riqueza: los sueldos relativamente altos que pueden ganar como taxistas y mucamas de hotel, o como funcionarios de la creciente burocracia isleña.
Durante décadas, las autoridades del país hicieron poco por impedir que llegaran personas a las islas, en parte para organizar la industria turística y luego para garantizar que el Gobierno tuviera una presencia entre los pioneros.
El crecimiento tenía límite natural: el país había dispuesto que 97 por ciento del archipiélago fuera parque. Sin embargo, a medida que crecieron el turismo y la migración en los últimos diez años, la comunidad científica y ecológica empezó a presionar para que se limitara la población de las islas. En 2007, la Organización de las Naciones Unidas agregó las Galápagos a su lista de lugares amenazados declarados patrimonio de la humanidad.
Los científicos locales señalan que la gente ya provocó daños considerables, como derramamientos de combustible, caza furtiva de tortugas gigantes y tiburones y la introducción de especies invasivas que amenazan a los animales autóctonos de las Galápagos.
“Con la gente llegan los gatos, y con los gatos llegan amenazas para animales que no existen en ningún otro lugar del mundo”, dice Fernando Ortiz, coordinador del programa de Conservación Internacional de Galápagos.
Técnicamente, se autoriza la residencia de una cantidad limitada de personas, entre ellas las que nacieron aquí y sus cónyuges, la gente que llegó antes de 1998 y quienes cuentan con permisos de trabajo temporales.
La Policía, que en la jerga local recibe el nombre de “la migra” por el papel que desempeña en la persecución de los migrantes ilegales, improvisó puestos de control en todas las islas, pero el mismo gobierno que supervisa las expulsiones también ofrece subsidios a la gente que vive en las islas.
Un subsidio permite que el combustible cueste aproximadamente lo mismo aquí que en el continente. Otro permite que los residentes viajen en avión entre las islas o a Quito por mucho menos de lo que pagan los extranjeros. Florece un mercado negro de residencia en el que los migrantes se casan con residentes establecidos para obtener la codiciada cédula de identidad.
El resultado es que en las calles de Puerto Ayorta abundan las discotecas, los puestos de comida y los negocios de souvenirs. En las afueras, un cartel con la imagen de Leopoldo Bucheli, el alcalde que impulsa el desarrollo, celebra un proyecto llamado El Mirador, que despeja una zona en un extremo de la ciudad, para construir mil nuevas viviendas.
Margarita Masaquiza, aborigen de las tierras altas de Ecuador que tiene cuarenta y cinco años y llegó aquí a los catorce, condena las expulsiones del Gobierno.
“Construimos esta provincia con nuestras propias manos, por lo que nos duele ver que se deporta a nuestros compatriotas como si fueran animales”, dice Masaquiza. “Después de todo, somos ecuatorianos. ¿Cómo podemos ser ilegales en nuestro propio país?”
Pero cuando se le pregunta qué piensa en relación con el impacto de los nuevos migrantes en las perspectivas de sus cuatro hijos y cuatro nietos, Masaquiza adopta un tono diferente.
“Tenemos que preservar las oportunidades para nuestras familias”, afirma.

Vía: New York Times

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