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La Universidad de Buenos Aires aprobó la semana pasada la incorporación en su presupuesto de 3,4 millones de pesos girados por una empresa minera denunciada por contaminación.
El Consejo Superior incorporó al presupuesto de la UBA los fondos provenientes de la aplicación de la ley 14.771. Esta ley, que data de 1958, dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para explotar el yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, en Catamarca. Para su explotación, YMAD ha creado el complejo minero La Alumbrera para la extracción de cobre y oro, empleando hoy a 1800 trabajadores. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado nacional se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60 por ciento) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40 por ciento). La ley establece que la mitad de las regalías pueden, en determinadas condiciones, ser distribuidas entre las demás universidades del Estado (artículo 18º ‘c’). Como la construcción de la ciudad universitaria en Tucumán se realizó, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió la asignación de los fondos correspondientes al sistema universitario.
Con argumentos a favor y en contra, aquí confrontan dos posiciones.
A favor se pronuncia el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA,) Héctor Hugo Trinchero quien dice que se han hecho señalamientos en torno de que dicho emprendimiento minero es altamente contaminante y, por ende, peligroso para la salud de la población, y como tal repudiable como modelo de desarrollo. Afirma que en otros informes se asegura que esto no es así, ya que dicho emprendimiento no utiliza en su método extractivo el denominado proceso de cianuración, y que por otra parte el modelo de gestión ambiental usado es avalado por organismos de seguimiento internacionales que regulan la actividad.
Agrega que la moción de voto por la incorporación de esos fondos se completó con un punto en el cual se encarga al rector la formación de una comisión de expertos y especialistas de la UBA en producción minera e impacto ambiental, social y desarrollo sustentable.
Continúa afirmando que como todo dinero puede ser considerado sucio y “nos llevaría a renunciar al presupuesto mismo de las universidades públicas que, como todos sabemos, se compone de otros dineros procedentes de actividades muy cuestionables”. Por ejemplo, de las retenciones a la producción sojera, actividad que al incorporar como mercancía estrella de la producción de dicha leguminosa al glifosato no sólo contamina, sino que su expansión hacia los márgenes del espacio agrícola nacional expulsa población campesina e indígena de sus ámbitos de producción y reproducción y, paralelamente, desplaza otros cultivos en las regiones más productivas, poniendo en crisis la capacidad alimentaria de la población, como lo demuestran muchos estudios al respecto. Otro ejemplo de ello son los impuestos provenientes del tabaco, entre tantos otros.
Consejeros investigadores y mejores conocedores del tema que yo fundamentaron sobre algunos aspectos técnicos. Desde mi punto de vista, la cuestión de si hay o no contaminación que sobrepase los estándares internacionales no es algo sobre lo que pueda especularse, ya que existen organismos que lo hacen, controlan y certifican. Si lo hacen bien o mal es un tema de gran trascendencia, pero escapa a la índole de la votación realizada. La cuestión, insisto, es el sinsentido de no aceptar la incorporación al presupuesto de recursos de un organismo del Estado, establecidos por ley. Aún más, no es necesario ser especialista en minería para deducir con facilidad a quién se beneficiaría con semejante actitud.
Por su lado, la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Norma Giarracca afirma que no “algunos” sino muchos universitarios sentimos una profunda congoja por pertenecer a una institución que, junto al resto de las universidades públicas, acepta a través de YMAD dinero de la empresa minera La Alumbrera, procesada por el delito penal de contaminación. “Las universidades aprobaron sin debate el reparto de 86 millones de pesos provenientes de La Alumbrera, cuyo vicepresidente está procesado por presunta contaminación”.

En el contexto actual las investigaciones que se proponen contribuir a una sociedad mejor, a una sociedad donde valga la pena vivir, pierden sentido si la institución que las pone en marcha recibe dinero manchado por la contaminación y el sufrimiento social. La UBA es un espacio privilegiado para el debate sobre qué sociedad queremos y podemos construir siempre y cuando se mantenga su autonomía y libertad de pensamiento y, sobre todo, se mantenga como espacio deliberativo, donde decisiones tan importantes como ésta, que compromete su futuro, no queden reducidas a ese mero lugar de “las autoridades”.

Vía: Página12

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