Los ambientalistas reclamaron nuevamente que los contratos con las empresas recolectoras respeten la normativa vigente en la Ciudad.
“Durante el 2008 desde Greenpeace hemos venido denunciando la falta de cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Hoy a poco más de un año de gestión tenemos los resultados a la vista: un récord histórico en el porcentaje de incremento de basura enterrada en rellenos sanitarios”, señaló M. Eugenia Testa, Coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
El año pasado la Ciudad de Buenos Aires envió 1.884.460 toneladas de residuos, un 14,5 por ciento más que las enviadas durante 2007 (1.645.368 toneladas). Los ambientalistas pusieron énfasis en que el incremento de las toneladas enterradas durante el año pasado representan una marca nefasta: unas 239 mil toneladas más que el año anterior, una cifra récord en el porcentaje de crecimiento sólo igualada en 1994.
“A pesar de estos alarmantes resultados Macri insiste en aprobar un pliego para los contratos con las empresas recolectoras que está abiertamente en contra de la Ley. Hoy los legisladores tienen la responsabilidad de aprobar un pliego acorde a la normativa de la Ciudad”, señaló Testa.
Según la organización ambientalista todas las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad en materia de gestión de residuos durante 2008 han sido contrarias a la ley vigente en la Ciudad y el incremento de los residuos enviados a entierro es el resultado.

Greenpeace ha denunciado la interrupción y marcha atrás del proceso de doble contenerización, el desaliento de la separación domiciliaria de residuos; la firma de un acuerdo para la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios en la provincia con el objetivo de seguir enviando los residuos de la Ciudad, sin ningún compromiso por parte del gobierno porteño en reducir las cantidades actuales; la desvalorización del verdadero alcance de campañas de comunicación y educación acerca de la separación en origen de residuos y el intento de desarticulación del sistema de recolección diferenciada a través del pliego enviado a la legislatura para el diseño de los nuevos contratos con las empresas recolectoras.
“Desde que asumió la jefatura de gobierno Mauricio Macri y su ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no sólo han desestimado el alcance de la Ley 1.854, sino que han sentenciado el fracaso de la norma que apenas había sido puesta en marcha 5 meses antes del cambio de gestión, y culpó a los vecinos y a las organizaciones no gubernamentales de dicho fracaso”, concluyó Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace.
La Ciudad envía diariamente alrededor de 5.200 toneladas de basura al conurbano. Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos, se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua.
Estudios realizados sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras enfermedades.

Vía: La Nación

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