a) Particular damnificado es "todo sujeto jurídico de existencia física o ideal que directa o indirectamente resulte perjudicado por un hecho delictivo".

b) La sentencia recurrida considera erróneamente que a los accionantes "no les asiste un interés directo, concreto y actual legalmente protegido por alguna norma reparadora." y de que

c) "Un posible perjuicio futuro no es título suficiente para constituirse en particular damnificado".

d) "El Río de la Plata en los términos del art. 2340 inc. 3º del Código Civil está comprendido entre los bienes públicos."

e)."Todos los ciudadanos tienen el derecho a ser protegidos en".........el goce de esos bienes ......"así como el de peticionar a la justicia,........."

f) Al ser descubierta la empresa Maleic S.A. arrojando líquidos altamente contaminantes a un caño de desagüe con destino directo al Río de la Plata, cualquier habitante................... tiene un interés actual y directo de que no se modifique el ecosistema que lo rodea.

g) En cuanto a la alusión a "un posible perjuicio futuro" -suponiendo por éste un perjuicio eventual-, la pericia ........... pone al desnudo una realidad de cuya actualidad en su momento no podía ni siquiera dudarse.

Pero la Suprema Corte de Justicia no aceptó esos argumentos sino que sentenció que los recurrentes carecían de legitimación procesal con los siguientes argumentos.

"La expresión 'damnificado' del art. 87 (del Código de Procedimiento), interpretada en armónico juego con las normas de los arts. 29 del Cód. Penal, 1078 y 1079 del Cód. Civil comprende a todo sujeto jurídico de existencia física o ideal que directa o indirectamente resulte perjudicado por un hecho delictivo".

b) "...En el caso de autos, los recurrentes -no obstante sus plausibles propósitos- no se encuentran legitimados para intervenir en el carácter que se les ha conferido, toda vez que no les asiste un interés directo, concreto y actual legalmente protegido por alguna norma reparatoria. Un posible perjuicio futuro no es título suficiente para constituirse en particular damnificado"

"Los agraviados no se encuentran legitimados para intervenir en el proceso con las facultades del art. 87 del ritual, por lo que...la resolución que los ha tenido por particulares damnificados debe ser declarada nula por violación de un trámite esencial del procedimiento (art. citado y 309 del Cód. de Proced. Penal)".

b) "En la especie, los recurrentes no han demostrado que la actividad delictual que atribuyen a la imputada de contaminar las aguas del Río de La Plata, les produjera un daño o perjuicio; sólo se refieren a los "potenciales perjudicados" que pudieren llegar a beber el agua que resultaría alterada.

El art. 87 del Código de Procedimiento, en cuanto autoriza para intervenir en el juicio penal al particular damnificado por un delito de los que dan lugar a la acción pública, se refiere indudablemente a quien demuestre la existencia de un daño o perjuicio producido por ese delito, por lo que no están comprendidos en la disposición quienes, como en el caso, invoquen sólo la posibilidad de que el daño o perjuicio pueda llegar a producirse (confr. B. 40.606, sent. del 7-XII-54, "D.J.B.A.", t. 44, pág. 322).

En estas condiciones los recurrentes carecen del interés necesario para intervenir como particulares damnificados".

c) "Asimismo esta norma no contempla la actuación de "cada ciudadano" con los alcances que le asignan los recurrentes, lo que se asemeja más a la intervención que en algunas legislaciones se ha reservado al "acusador popular".

"En relación a este instituto, señala Jorge A. Clariá Olmedo, entre otros conceptos: "El acusador popular...Es cualquier ciudadano procesalmente legitimado para formular y mantener una acusación ante los órganos judiciales penales por un hecho delictuoso, con abstracción de que éste lo haya o no afectado" (Tratado de Derecho Procesal Penal", ed. Ediar, 1962, t. II, págs. 361/362).

"El fundamento de este sistema radica en estimarse que en cualquier miembro del grupo social ha de localizarse individualmente el pleno interés de la colectividad en cuanto a su defensa contra el delito. Cada individuo es como una célula del todo social que siente y muestra la ofensa y como consecuencia puede reaccionar ante ella, sea o no la víctima directa del hecho socialmente dañoso" (ob. cit., t. II, pág. 363).

"Con respecto a nuestro país, debe recordarse que el Código Penal de 1886, instituyó en forma general el acusador popular. Derogado este cuerpo legal por el Código vigente de 1922, continuó, sin embargo, instituido por la ley nacional 8871 (art. 90) del año 1912, y lo conservó después el art. 40 de la ley 11.387, como también el art. 33 de la ley 11.386, referentes a elecciones nacionales y a enrolamiento general" (ob. cit. t. II, pág. 368).

"El estatuto orgánico de los partidos políticos del 1 de junio de 1945 instituyó también al acusador popular, pero su vigencia fue muy efímera" (ob. cit., t. II, pág. 368, nota nº 220).

Desde luego que el art. 87 del Código de Procedimiento no ha previsto la actuación de un acusador semejante".

d) "Igualmente, y al margen de toda otra consideración, en el caso el perjuicio deviene para la imputada de la circunstancia de haberse visto enfrentada en la sustanciación de la causa con quienes no estaban legitimados procesalmente para intervenir como particulares damnificados.

No es necesario identificar la legitimación que pretendía la parte actora con la que se defiende con la acción popular. Su interés es directo y personal porque tiene derecho a usar y gozar del agua que un tercero presuntamente estaba dañando.

El derecho romano acordaba interdictos a los ciudadanos para defender su derecho al uso de las cosas públicas como son los ríos, las cloacas y la vía pública.28/ Las Partidas recogieron el principio 29/ y lo reprodujo el art. 2341 del Código Civil para el uso y goce del dominio público. Ahora lo hace el art. 41 de la Constitución Nacional como lo venían haciendo las constituciones provinciales sancionadas en 1986 para San Juan, Art. 58, Jujuy, Art. 66; La Rioja, Art. 66, y Salta, Art. 30 y en 1988 para Río Negro, Art. 85 y las de algunos Estados extranjeros (Brasil, Art. 153), específicamente en materia ambiental y las leyes 10.000 de Santa Fe y 6.006 de San Juan. La ley 22.421de la autoriza implícitamente cuando impone a todos el deber de proteger a la fauna silvestre.

El fallo negó legitimación a un ciudadano que dedica gran parte de su vida a la defensa del ambiente y de la naturaleza sin tener en cuenta que estaba cumpliendo su deber constitucional de defender al ambiente (Art.41 C.N) y que, por ende, tenía derecho a disponer de los medios necesarios para cumplir ese deber (CSJN, Fallos 304:1187).

Negó también la defensa en juicio de los derechos individuales a vivir en un ambiente sano a la vez que trabó el cumplimiento del deber constitucional de proteger ese ambiente con el argumento de que los accionantes sólo habían invocado la posibilidad de que el daño o perjuicio pudiera llegar a producirse.

Ejecutar la totalidad de las medidas necesarias para completar la unidad de producción de vacuna Candid I contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.

Asegurar su inmediato suministro a la totalidad de la población potencialmente afectada.

Implementar, en coordinación con otras áreas públicas una campaña para restablecer el ecosistema.

EL CASO C1ªCC DE SAN ISIDRO, SALA I, JUNIO 9, 1998 FUNDACIÓN PRO-TIGRE Y CUENCA DEL PLATA C/MUNICIPALIDAD DE TIGRE Y OTRO S/AMPARO EN ED Nº 9569 DEL 21/8/98.

La Cámara reconoció a la Fundación pro-Tigre y Cuenca del Plata legitimación para reclamar se realizase un operativo de rastreo para el estudio de las causas y orígenes de la contaminación del agua subterránea en la localidad de Ricardo Rojas, Partido de Tigre.

La Cámara fue precisa en cuanto aceptaba un amparo colectivo. "El reclamo no alegaba el menoscabo de intereses singulares, sino la salvaguarda de recursos naturales y del medio ambiente, que son de tipo colectivo como la preservación de la salud pública y del medio ambiente. En cambio le negó legitimación para reclamar la inmediata provisión de agua a los vecinos afectados por la contaminación de la napa, con el argumento de que tal requerimiento debe ser efectuado por los perjudicados".